El último año de la derecha en el gobierno tiene mal pronóstico: precisamente en un cuadro político de despliegue de las campañas presidenciales para las primarias del 30 de junio, de instalación de Michelle Bachelet en la campaña territorial, la coalición de derecha vive dos episodios tormentosos.
El fallo de la Corte Suprema contra Cencosud afecta centralmente la credibilidad del candidato de la UDI Laurence Golborne, quién actuara como Gerente Corporativo de Cencosud en 2006 al momento de la decisión de las repactaciones unilaterales de la tarjeta Jumbo MAS de 608.000 clientes del holding.
El candidato presidencial de RN, a su vez, aprovechando de un modo oportunista este traspiés de su principal adversario, saca a relucir sus argumentos más agudos para cuestionar la credibilidad ya deteriorada de Golborne, en una polémica pública que se produce en el mismo momento de la recogida de datos de la encuesta de opinión pública CEP.
El candidato de la UDI no puede eludir su responsabilidad política y el cuestionamiento de imagen ante la ciudadanía. La disputa mediática entre Golborne y Allamand atrevesó los muros de La Moneda y dan el espectáculo de un quiebre de las confianzas entre los dos partidos políticos de la coalición gobernante.
Lo esencial de la polémica que rodea al candidato de la UDI no es el holding Cencosud ni la discusión entre los candidatos de la Alianza: el problema político central es el abuso de que son víctimas los chilenos de parte de los conglomerados empresariales. Los ciudadanos hoy en Chile reclaman precisamente en contra del abuso de que son objeto (farmacias, Isapres, AFP, retail...) y esta cuestión toca al corazón de la postura de los candidatos de la alianza y de todo el espectro político.
Y en el mismo momento que se desarrolla la tormenta Golborne-Cencosud, el director del INE cae renunciado después de las graves denuncias (hechas por un organismo privado independiente de investigación y no por la Contraloría u otro servicio público) acerca de la manipulación de los resultados del Censo 2012 y del IPC.
Aquí no está en duda la idoneidad de los funcionarios del INE, servidores públicos del Estado y no empleados de un gobierno, sino las prácticas abusivas de un Director de confianza del Ministro de Economía Pablo Longueira y del Presidente de la República Sebastian Piñera.
Habiendo renunciado el director del INE, ¿para cuándo es la renuncia del Ministro de Economía Pablo Longueira, quién era el jefe superior jerárquico inmediato del director del INE? ¿Sabía el Ministro Longueira de las maniobras de manipulación dentro del INE con las cifras del Censo?
Pensadas las palabras con sentido republicano, ¿el escándalo de la manipulación de las cifas del INE no tiene acaso elementos suficientes para la constitución de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados y acaso para una acusación constitucional contra el Ministro de Economía?
Este gobierno ha afectado seriamente a la fe publica y a la credibilidad ciudadana en la función pública y, al mismo tiempo, ha puesto en duda -una vez más- el sentido de la responsabilidad política.
Manuel Luis Rodríguez U.
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