El año 2013 vuelve a ser "un año de decisiones" en el Chile actual, en tanto en cuanto el debate público pone en tensión a las principales estructuras de poder que controlan la economía, la sociedad, la cultura, los territorios, la política y el Estado.
En la misma lógica de las elecciones presidenciales del 2010, la mayoría de la ciudadanía hoy reclama cambios, pero no esos cambios cosméticos y superficiales que prometió Piñera y su coalición y no supo cumplir, sino cambios estructurales de verdad, que terminen con las desigualdades económicas, sociales, políticas y territoriales que hoy afectan a la nación en su conjunto.
Piñera triunfo circunstancialmente (gracias a una mayoría electoral ocasional) prometiendo cambios y el resultado han sido modificaciones superficiales para seguir consolidando el modelo neoiliberal de mercado. Tres momentos reflejan de cuerpo entero a este gobierno ahora en estado de declinación: los movimientos ciudadanos de Aysen y Magallanes y el largo conflicto por la nueva Ley de Pesca.
En este contexto, la ciudadanía organizada y multitudinaria se sigue expresando en una dirección que no siempre es la que escucha, interpreta o sintoniza la clase política en el poder: nueva Constitución y fin al binominal; nacionalización del cobre, el litio, el agua y las riquezas naturales; nuevo Código del Trabajo; reforma tributaria; fin a las AFP y creación de un sistema previsional solidario y universal; fin al lucro y educación pública, gratuita, laica y de calidad, entre otros cambios.
Es evidente que para alcanzar esos cambios, que son necesariamente estructurales y que constituyen transformaciones de largo aliento, el debate programático entre los actores políticos y los grandes movimientos sociales y ciudadanos, se produce en la perspectiva de instalar en las grandes definiciones de política pública del futuro gobierno, un conjunto de prioridades que avancen en la dirección de una mejor democracia, de una mayor calidad de vida, del fin de los abusos y de disminuir las brechas de la desigualdad social, económica, material y territorial.
Cada vez se hace más claro para una creciente mayoría ciudadana que el "modelo neoliberal de mercado" (que de "modelo" no tiene nada) está haciendo crisis, está profundizando y produciendo más desigualdades, genera abusos sistemáticos en todos los aspectos de la vida social y que su continuidad (en la forma de un Estado subsidiario, un modelo de desarrollo desigual e injusto y un conjunto de mercados prácticamente desregulados) conduce el país hacia una crisis social. La lógica neoliberal del lucro (que invade malsanamente la educación, la salud, la previsión, el trabajo, los recursos naturales, la matriz energética, el medio ambiente, la política, la administración pública y la gestión de gobierno) ha resultado perniciosa para la unidad nacional y para la cohesión social.
La Constitución de 1980 y la institucionalidad política, territorial y socio-económica han funcionado en realidad como una gigantesca y abusiva maquinaria para producir lucro y desigualdad.
La tarea política es enorme y siendo realistas, emprender estos cambios tan importantes y estructurales no es tarea de un gobernante o de una coalición o de un solo período de gobierno de 4 años, sino que será el resultado de una nueva, positiva y creadora correlación de fuerzas sociales y políticas que configure una mayoría suficiente para impulsar esas transformaciones, desde las instituciones y desde la movilización social.
Los movimientos sociales y ciudadanos no están al servicio de las fuerzas políticas, pero las fuerzas políticas tienen el deber moral y la responsabilidad política e ideológica de recoger, interpretar y reflejar las demandas de la ciudadanía al interior de las instituciones políticas. Los parlamentarios y representantes elegidos no son "caja de resonancia" de los movimientos sociales (en el sentido de la indiscutible autonomía e independencia de los movimientos sociales y ciudadanos), pero aquel representante político elegido que no sea capaz de recoger, interpretar y trasladar las demandas de los movimientos sociales al plano político, estará condenado a perder credibilidad, arraigo social y poder de representación.
La ciudadanía organizada y los movimientos sociales necesariamente no se agotan en un debate programático y electoral y es de anticipar y pronosticar que seguirán reclamando cambios y empujando en la dirección de más democracia, más justicia social, cualquiera sea el gobierno de turno que gobierne, pero sin duda alguna, no da lo mismo un gobierno que interpreta a los intereses del pueblo que un gobierno que interpreta los intereses de una minoría poderosa y acaudalada.
Manuel Luis Rodríguez U.
PARA SABER MAS:
Acuerdo Nacional por una Democracia Social:
MANIFIESTO ACUERDO NACIONAL POR UNA DEMOCRACIA SOCIAL
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