Notas para una agenda legislativa sobre participación ciudadana

El problema de la participación es un asunto central en el sistema político hoy en Chile y  figura entre las tareas pendientes de nuestra democracia.   El notorio estado de deslegitimación y de baja valoración que experimentan hoy las instituciones del Estado y del orden político, encuentra una de sus soluciones en el cambio de la Constitución [un proceso largo y complejo aún no iniciado] y especialmente en la incorporación creciente de mecanismos de participación ciudadana al interior de las instituciones.

Necesitamos trasladar la participación al interior de las instituciones, siempre respetando el rol distinto de las organizaciones sociales y ciudadanas.

Necesitamos plantearnos constantemente la cuestión de la participación desde la perspectiva de la labor de nuestros legisladores, para sacar la palabra de las nubes de la teoría y de los conceptos y bajar la participación a la experiencia concreta de la relación entre los diputados y senadores con sus electores y la ciudadanía. 

En el caso particular de la región de Magallanes, se trata de valorar el rol de las experiencias de asambleas ciudadanas.  La experiencia de los movimientos sociales y ciudadanos que dieron forma, por ejemplo, del Movimiento Magallanes se Levanta de 2009 y de la Asamblea Ciudadana desde el 2010, incluyendo el paro del gas de 2011, pone de manifiesto que los procesos de participación y de construcción de ciudadanía no pasan necesariamente  por el trabajo militante de los partidos políticos o de la acción pública de las instituciones, sino que surgen como expresión propia de la ciudadanía en torno a una agenda ciudadana propia que se sintoniza directamente con sus necesidades y aspiraciones.

La falta de educación cívica suficiente y de calidad en escuelas y liceos, favorece que los ciudadanos accedan a las noticias del trabajo legislativo muy esporádicamente o que concurren a las oficinas parlamentarias solo cuando necesitan solicitar alguna ayuda. 

La ley respectiva parte de un concepto de participación la instancia donde las personas (entendidas como sujetos con capacidades, derechos y deberes), se involucran en el quehacer estatal fortaleciendo la transparencia, la eficacia y eficiencia de los servicios y políticas públicas. En otras palabras, la participación ciudadana ocurre cuando los ciudadanos se involucran en la gestión pública, oportunidad que en el caso de Chile se concreta a través de los 4 procedimientos que establece la Ley de Participación Ciudadana, como lo son: acceso a la información relevante, consultas ciudadanas, cuentas públicas participativas y consejos de la sociedad civil.

Nosotros postulamos que la participación debe entenderse además y sobre todo, como una instancia periódica y permanente de involucramiento y protagonismo de los ciudadanos y sus organizaciones en los procesos de toma de decisiones de los asuntos públicos.

UNA AGENDA LEGISLATIVA PARA LA PARTICIPACIÓN

¿Cómo podemos involucrar aún más a los ciudadanos en la labor legislativa?

Las siguientes serían algunas propuestas destinadas a una agenda legislativa por la participación ciudadana.   Algunas de estas propuestas implican reformas a la ley N° 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. 

Postulamos la necesidad de definir y lograr se establezca el plebiscito ciudadano regional y vinculante para decisiones del Consejo Regional y del Gobierno Regional.

Consulta ciudadana regional convocada por los gobiernos regionales y el Consejo Regional.

Postulamos institucionalizar la participación ciudadana en el estudio de los proyectos de ley en el Congreso.  Es decir,  se trata de vincular  directamente la participación ciudadana con los procesos de tramitación legislativa. Hay un proyecto de ley al respecto en trámite.  En ese proceso, los Observatorios Ciudadanos y los Observatorios Parlamentarios son herramientas valiosas que debemos impulsar.

Se propone establecer un procedimiento (electrónico y directo) de consulta a la ciudadanía, a través de las oficinas parlamentarias de Senadores y Diputados y desde el Congreso Nacional, mediante exposición de aspectos centrales del articulado de proyectos de ley, comprensible para el ciudadano, con tiempo acotado de consulta y respuesta.

La iniciativa ciudadana de ley, puede también constituirse en un mecanismo eficaz para fortalecer el ejercicio pluralista y participativo de la ciudadanía en el trámite legislativo.  Consiste básicamente en un mecanismo que permite que un porcentaje determinado de los ciudadanos de una región, circunscripción o distrito electoral (1%, por ejemplo) puedan proponer una iniciativa de ley al Congreso, estableciéndose correlativamente la obligación del Congreso de tramitar dicho proyecto, cualquiera sea la cámara de inicio de su tramitación.

Según el contenido sectorial del proyecto de ley en discusión debiera consultarse además, a las universidades, colegios profesionales, gremios, sindicatos, organizaciones vecinales de las respectivas circunscripciones o distritos.

Proponemos convertir las cuentas legislativas de los parlamentarios en sus regiones y distritos, en una tarea obligatoria legalmente normada y que se realice a lo menos dos veces al año.

Manuel Luis Rodríguez U.