O sea, todo mal

La promesa política y electoral que llevó a Sebastián Piñera al gobierno fue la del cambio y de que las cosas se iban a hacer mejor, respecto del gobierno o los gobiernos anteriores.  La promesa piñerista del cambio formulada el 2009/2010, golpeó a la Concertación en la línea de flotación de su gestión de 20 años y determinó su derrota: las cosas ahora sí se iban a hacer mejor.

Al cabo de poco más de 3 años, el episodio vergonzoso del fracaso del Censo 2012, realizado mientras era Ministro de Economía Pablo Longueira, ahora estalla en la opinión pública como un gigantesco y costoso fiasco que afecta nuestra imagen exterior como país ordenado y serio, que perjudica los procesos de decisiones de las políticas públicas y que deja al gobierno ante la obligación de que se asuman las responsabilidades políticas.    Y el caso del Censo 2012 no es un evento aislado: habría que sumarle el caso de la encuesta CASEN y numerosos otros ejemplos de servicios públicos, como el Servicio de Impuestos Internos afectados por la impericia, la improvisación, los conflictos de intereses y la mala gestión de este equipo de gobierno.

Pero hay una pregunta que ronda en la opinión pública: ¿quién asume la responsabilidad política por el fiasco del Censo?  No hay muchas alternativas: el Presidente de la República es quién nombra al Director Nacional del INE y el director que dirigió el Censo 2012 ya está renunciado y el superior jerárquico del Director del INE es el Ministro de Economía y el señor Longueira está renunciado a su cargo de Ministro.

¿Van a pasar todos "piola"?  

Podría anticiparse con bastante certeza que si nadie asume su responsabilidad política va a ser peor para la credibilidad política de la derecha, su gobierno y sus candidatos, pero que si alguien asume esa responsabilidad, el costo será  significativo en lo político y electoral.

Y no puede olvidarse que Piñera y Longueira salieron ante la prensa a vanagloriarse en abril de este año de lo que ellos denominaron como "el mejor censo de la historia", pero en los hechos ocurre que en el 2011 se modificó la metodología y los sucesivos errores cometidos en la operatoria de este proceso, son parte de del informe emitido por una comisión de expertos convocados por este gobierno, con la paradoja impresentable que ahora este gobierno duda de las recomendaciones de la propia comisión de expertos que contrató.

El Informe de la Comisión externa de Expertos (que adjuntamos) es lapidario en constatar que los profesionales del INE hbían advertido a las autoridades del gobierno, respecto de los errores que se estaban cometiendo en el diseño e implementación del Censo.   Nadie del actual gobierno puede aducir desconocimiento de lo que estaba sucediendo.

O sea, todo mal.

Es evidente, que los funcionarios públicos que forman parte del INE no son los responsables de este fiasco y de este fracaso, sino los directivos superiores de confianza del actual gobierno que, desde el nivel central, tomaron sucesivas decisiones que condujeron a este final desastroso: externalizaron y privatizaron casi todas las operaciones del Censo.  

El servicio público -como (casi) todos sabemos, es una acción pública al servicio de los ciudadanos, es una tarea esencial del Estado y se guía por criterios de excelencia, de gratuidad, de probidad, de transparencia, de participación y de estándares de cumplimiento de la función pública que son diferentes de los de una empresa privada.  

De aquí se desprende que los funcionarios públicos, en la lógica de un Estado de Derecho, no son empleados del gobierno, sino servidores del Estado, asegurando con su desempeño, la continuidad de las instituciones.

Qué duda cabe que este episodio va a afectar nuevamente la credibilidad de la derecha y su candidata presidencial y de sus candidatos a parlamentarios, golpeados ante la opinión pública por el sarcasmo y la pérdida de credibilidad, sobre todo cuando ellos anuncian que si logran continuar en el gobierno van a seguir actuando como lo ha hecho el actual equipo gubernamental.

No quisiera uno creer que los neoliberales de este gobierno vayan a aprovechar esta coyuntura lamentable, para intentar desmantelar, distorsionar, externalizar, privatizar o jibarizar una institución como el INE, uno de los servicios públicos más antiguos de la República, creado en 1843.   Los ciudadanos debemos estar atentos a que ello no ocurra.

Manuel Luis Rodríguez U.

PARA SABER MÁS:
(Lea, infórmese y forme su propia opinión)

Informe Final de la Comisión Externa Revisora del Censo 2012:

 http://www.censo.cl/informe_final.pdf

Decreto de 2009 que crea Sistemas Estadísticos Regionales:

 http://bcn.cl/19ej5