PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS
PARA UNA CONVERGENCIA SOCIAL Y POLITICA
HACIA LA
SUPERACION DE LA DESIGUALDAD Y EL ABUSO
LOS ENCLAVES AUTORITARIOS, LA BAJA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA POLITICA, LA DESIGUALDAD SOCIAL Y LA CARENCIA DE DERECHOS LABORALES BASICOS, SON LOS PRINCIPALES OBSTACULOS PARA EL DESARROLLO DEL PAIS.
Buscamos conformar una amplia unidad de la Oposición, que permita desplazar a la Derecha del gobierno y abrir el camino a un gobierno diferente, que profundice la insuficiente democracia actual en la perspectiva de transformaciones más profundas.
En esa dirección, construir una plataforma programática que sintetice los asuntos centrales en debate y sobre los cuales una Nueva Mayoría Social y Política alcance una mirada común resulta esencial.
Planteamos que son siete los ejes programáticos que pueden marcar el compromiso de las fuerzas de una oposición unida ante el país, que den cuenta de las grandes ideas fuerza que inspirarán su acción y de las principales orientaciones que enmarcarán los desafíos a abordar en un período tan breve como son 4 años de gobierno.
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En esta mirada, los comunistas chilenos entregamos al Comando de la Candidata a la Presidencia de la República Michelle Bachelet, nuestra Candidata, las propuestas que consideramos prioritarias para la gestión de un Gobierno Democrático en el período 2014 – 2018.
INDICE
2……… Las necesarias y urgentes Reformas Laborales 9
3……… Un Nuevo Estado para un nuevo Modelo de Desarrollo
Económico y Social 13
4. ……. Políticas para el desarrollo regional con equidad territorial, sustentabilidad y protección medioambiental . 17
5……… El aseguramiento de sus Derechos fundamentales a todos
los chilenos . 22
5.1….. Vivir en la vigencia plena y permanente de los Derechos
Humanos……………………………………………………………………………………………….. 22
5.2….. Disponer de una educación pública, completa, gratuita y de
calidad 25
5.3….. Derecho a contar con una salud pública universal de calidad . 37
5.4….. El derecho al disfrute de todas las manifestaciones de la cultura. 43
5.5….. Derecho a vivir en el ejercicio de las libertades individuales y en igualdad de género 48
6……… Regionalización en Chile. Una mirada crítica a sus contenidos y proyecciones. 52
7……… La revisión de nuestra política exterior, con una vocación latinoamericana 55
1. Reformas Político-Institucionales para profundizar la Democracia [1]
1.1 El Estado no es sino la organización política de la sociedad, del que la Constitución Política es su estatuto jurídico superior. El Estado expresa la correlación de fuerzas entre las distintas clases, capas y categorías sociales existentes en la sociedad, correlación que determina el tipo de Estado, vinculado al sistema económico y social vigente, ya sea éste transicional o más menos permanente. La Constitución organiza la forma de ese tipo de Estado. Por consiguiente la Constitución contiene no sólo los derechos y deberes esenciales de los ciudadanos y, recíprocamente, los derechos y deberes de la autoridad, sino que además consagra las bases del modelo económico, la propiedad de los recursos naturales y la organización de los poderes públicos incluidas las Fuerzas Armadas. Contiene elementos de orden ideológico y material. Razonamiento y fuerza. Hegemonía de las ideas y control material, es decir los fundamentos del poder político. Podemos afirmar que, en lo esencial, la Constitución que nos rige hoy día consolida y asegura la subsistencia del modelo neoliberal imperante en nuestro país desde la dictadura.
El país de hoy no es el mismo de tiempos de la dictadura pero tampoco el de 5 años atrás. El de hoy es el país que pide cambios, que anhela el fin de la transición, un acuerdo para democratizar a fondo la vida política y social y sustituir el actual modelo económico por uno de justicia social. Las ideas básicas se resumen en nueva institucionalidad política, nueva organización económica y garantía de todos los derechos y deberes ciudadanos.
En tal sentido, sin perjuicio de impulsar y hacer cursar las necesarias reformas que apuntan en la misma dirección (reforma educacional, laboral, tributaria, entre otras), el objetivo insoslayable de un Gobierno que pretenda avanzar en la profundización de de un régimen democrático en Chile es el cambio de estatuto jurídico del Estado, es decir una Nueva Constitución.
1.2 Desde los más diversos sectores políticos democráticos fluyen propuestas de contenido para lo que será la nueva carta magna. Todas coinciden en la necesidad de romper los candados del autoritarismo que todavía contiene la carta del 80 como cuestión indispensable para hacer posible los cambios. Como con razón ha dicho el profesor Pablo Ruiz Tagle, el punto central dice relación con el derecho de propiedad.
Sin agotar el listado de contenidos a establecer en la nueva Constitución, los comunistas concordamos en que se debe establecer al menos:
a) un parlamento unicameral elegido proporcionalmente en relación al número de habitantes, eliminando toda discriminación para postular a dichos cargos;
b) reemplazo del sistema electoral binominal por uno representativo proporcional que considere, además, los necesarios resguardos para la representación de las regiones, de la diversidad de género y étnica.
c) eliminación de la exigencia de quórum calificados para reformas sustantivas.
d) fin al autoritarismo presidencial y revisión de los mecanismos de elección, derechos y deberes de las autoridades del Banco Central, del Tribunal Constitucional y de la Contraloría General de la República. Supresión o reemplazo del Consejo de Seguridad Nacional.
e) redefinición del papel de las FFAA y de Orden, su estatuto formativo, sus derechos, atribuciones y deberes [2]. Supresión de toda referencia a la llamada “doctrina de la seguridad nacional”.
f) obligación de cada parlamentario de rendir cuenta periódica de su labor a sus electores, incluida la facultad de éstos, regulada por ley, para removerlos por grave incumplimiento de sus deberes o la comisión de ilícitos;
g) limite los períodos de reelección de autoridades;
h) fin al secretismo parlamentario;
i) incorporar efectiva regulación de la relación entre el dinero y la política, incluyendo financiamiento de los partidos políticos y campañas electorales, así como la regulación de los aportes privados a su actividad.
j) garantizar de modo efectivo la obligación del Estado en relación a los derechos humanos, al trabajo, a la sindicalización, a la educación, la salud, la vivienda y la previsión social, a vivir en un medio ambiente sano, a participar sin restricciones en la actividad política y social y a expresar libremente sus ideas y ejercer los derechos y libertades individuales, todo lo cual debe estar respaldado por el derecho constitucional de protección en todos los casos, sin las exclusiones actuales;
k) revisión y redefinición de la función social de la propiedad así como de las atribuciones del Estado en la vida económica y social de la nación. Sustitución del carácter subsidiario del Estado por una concepción democrática y social solidaria, que afirme el rol central del Estado como garante de los derechos sociales y del desarrollo armónico de la Nación.
l) reafirmación sin restricciones del derecho de propiedad nacional de los ricos recursos naturales de toda índole que tiene nuestro país (mineros metálicos y no metálicos, acuíferos, pelágicos, y energéticos).
m) definición del carácter de Estado plurinacional y multicultural de nuestro país, y reconocimiento a todos los derechos de los pueblos originarios en el ámbito social, político, territorial, religioso, cultural y económico, con pleno respeto de los Tratados Internacionales;
n) fin de toda legislación represiva contra los movimientos sociales;
- o) posibilitar la iniciativa ciudadana de ley y establecer y regular el plebiscito vinculante para resolver contradicciones en asuntos de fondo de la vida nacional;
q) Reforma del Estado en dirección a una efectiva descentralización, que incluya la elección directa de los Jefes de Gobierno Regionales y de los CORES
r) Garantizar el ejercicio de derechos y libertades personales, entre ellos el respeto de los derechos sexuales y reproductivos; el reconocimiento y protección de los distintos tipos de familia; el reconocimiento de las uniones de hecho de parejas del mismo sexo o heterosexuales y la unión civil entre parejas del mismo sexo; el reconocimiento legal de la identidad de género; derecho a vivir sin violencia motivada por cualquier tipo de discriminación.
s) Garantizar plenamente la libertad de expresión y, a la par, el derecho a una información plural, veraz y trasparente, estableciendo las condiciones para democratizar el actual sistema, que ha permitido concentrar en pocas personas o empresas, nacionales o extranjeras, el control de los medios de comunicación masivos [3].
1.3 ¿Cómo avanzar a la Nueva Constitución y a una Asamblea Constituyente dada la institucionalidad que nos amarra? En las actuales condiciones políticas, no es irrelevante la forma de realizar el cambio de Constitución. No resulta extraño que desde diversos sectores de la ciudadanía, incluidos numerosos partidos políticos, haya surgido la iniciativa de que el cambio constitucional debe nacer desde una Asamblea Constituyente. Suscribimos ese anhelo ciudadano, en la medida que asegura la más amplia participación democrática en la generación e implementación de la transformación política más importante que aspiran realizar las fuerzas de la oposición unida.
Creemos que es posible, en el marco actual, que, por vía del decreto supremo presidencial o de una ley sin quórum calificado, pueda convocarse a una Asamblea Ciudadana cuyo objetivo sea establecer un anteproyecto de Nueva Constitución. El decreto, o la ley en su caso, definirán el número de componentes de esta asamblea y el modo de elegirlos de forma democrática y pluralista a fin de asegurar la participación de todos los sectores nacionales sin exclusiones. Dicha asamblea podría contar con un comité simplemente asesor integrado por representantes especializados de las universidades y de otras instituciones.
Concluida su labor, que tendrá fecha acotada, ese texto deberá someterse a una amplia discusión ciudadana entre las diversas organizaciones del país. Esto es lo más importante, garantizar una amplísima discusión nacional, que involucre a todas las organizaciones sociales y políticas del país: la CUT y los sindicatos, las federaciones de estudiantes secundarios, técnicos y universitarios, las juntas de vecinos, las asambleas regionales, la diversidad de organizaciones territoriales, los partidos políticos, los colegios profesionales, las asociaciones de empresarios, los municipios, etc. De suerte que se concluya en un documento conocido por todos y que haya recogido las observaciones y sugerencia de la base social.
Dicho debate obligatorio no podrá exceder de 6 meses y concluirá con una nueva reunión de la Asamblea que, con el aporte del debate, procederá a elaborar el proyecto definitivo. Ese proyecto – que tendrá la legitimidad de haber sido la propuesta constitucional más democrática en su origen y desarrollo en toda la historia constitucional de Chile – podrá finalmente ser sometido a un Plebiscito, para lo cual el Ejecutivo deberá enviar al Parlamento un Decreto Supremo que no pueda ser declarado inconstitucional [4].
1.4 El procedimiento que formulamos, que parte con la elección democrática y ciudadana de una asamblea que podemos considerar “pre-constituyente” tiene la ventaja que inicia un proceso profundamente democrático y participativo de modo de generar una carta fundamental respaldada por las más amplias mayorías.
En cuanto al primer paso, desde luego, como dijimos, la asamblea puede ser convocada por simple decreto supremo o, si se considera mejor, por una ley que no requiere mayorías especiales por cuanto no está convocando a concretar una nueva Constitución, sino a conformar por elección popular, a los representantes que trabajarán un anteproyecto. De este modo, todo cuestionamiento jurídico desaparece. No se transgrede norma alguna y la asamblea puede iniciar sus deliberaciones porque no son vinculantes.
Lo importante es que se da comienzo real al proceso. Por otro lado, la posibilidad de contar además con una comisión técnica asesora no sólo tendría ventajas respecto de la rigurosidad del trabajo sino que además proyecta una imagen objetiva de amplitud al proceso.
En cuanto al segundo paso, esto es el traslado del anteproyecto poniéndolo a la consideración de la comunidad nacional organizada, ello permite desde luego educar a la población respecto de qué es una Constitución, para qué sirve, porqué es de interés para cada habitante. Pero además permite escuchar a la ciudadanía. Que terminen aprobando o rechazando un texto que conocen bien porque de un modo u otro han participado en su gestación. Luego debe procederse a que la secretaría de la asamblea, o la comisión asesora en su caso, recojan las observaciones y propuestas de la base social, de modo que la asamblea, al volver a reunirse, decida cuáles de esas observaciones deben incorporarse al proyecto. Se trata pues de un rico proceso de intercambio de ideas y propuestas, de absoluta participación ciudadana.
En cuando al tercer paso, es decir la aprobación o rechazo del proyecto mediante plebiscito, ello nos coloca en el escenario que hoy plantea la tesis de Fernando Atria. Es decir la discusión acerca de la viabilidad de convocarlo mediante simple decreto supremo. Pero la diferencia sustancial es que para entonces se habrá llevado a cabo un proceso democrático de masas que, acompañado de la movilización social, instalará la propuesta con una fuerza ciudadana determinante, que hoy aún no tiene. En esas circunstancias es más probable que el plebiscito pueda imponerse políticamente.
Finalmente digamos que si bien es cierto que la Constitución por sí sola no resuelve todos los problemas sociales ni garantiza la estabilidad democrática a perpetuidad, es un factor decisivo para lograrlo.
2. Las necesarias y urgentes Reformas Laborales [5]
2.1 El origen principal de la desigualdad social se encuentra en los bajos salarios y el empleo precario, productos ambos de la flexibilización de los derechos laborales individuales y consecuencia directa de los débiles recursos y herramientas con que cuentan los trabajadores y las organizaciones sindicales para incrementar la participación de los primeros en la distribución de la riqueza nacional.
Por ello, es urgente contar nuevas relaciones en el trabajo que recreen las condiciones de equilibrio de poderes en el mundo del trabajo, como presupuesto indispensable para el pleno ejercicio de los derechos colectivos e individuales. Se trata de democratizar la vida de las personas en torno al trabajo, hasta ahora supeditada discriminadamente a las decisiones de la parte empleadora.
El Plan Laboral de la dictadura impuso un legislación ampliamente flexible y sujeta al libre acuerdo de voluntades en el plano del derecho individual del trabajo, lo que implica que el contrato, la jornada, el salario y el despido se encuentran escasamente normados, de manera que los empleadores imponen a los trabajadores, individualmente hablando, las condiciones de contratación y de remuneración que la superioridad de sus posiciones les permiten y que las disposiciones garantistas o proteccionistas son muy pocas y se encuentran muy restringidas en sus alcances.
En cambio, la parte del derecho colectivo laboral, sindicalización y negociación colectiva, se encuentra profusa, detallada y minuciosamente reguladas en extremo, con modalidades diversas, exigencias de formalidades, plazos de todo tipo, tanto de días y hasta de horas e innumerables sanciones por las eventuales infracciones, las que normalmente van en contra de la parte asalariada. Esto sucede tanto en el ámbito de la sindicalización como de la negociación.
Las razones de tal aparente contradicción nos demuestran que no se trata de una falta de mínima lógica o de una deficiente técnica legislativa, sino que tanto la escasa regulación, por un lado, y la excesiva regulación por el otro, son dos caras de una misma moneda, perfectamente complementarias.
Complementariedad que no sólo se explica por la necesidad de tener controlado a los trabajadores y sus organizaciones, puesto que, si hubiese efectiva libertad en materia de los derechos colectivos laborales, los trabajadores recuperarían sus beneficios y derechos hoy desregulados por la legislación que versa respecto del contrato individual.
Por lo anterior, concluimos que para este periodo Chile necesita una Nueva Institucionalidad Laboral, que de forma y contenido a una relación laboral más simétrica y con base en la protección de los trabajadores.
2.2 Es prioritario implementar una política laboral que fortalezca los recursos de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales, lo anterior, considerando:
a) El diseño y aplicación de una nueva institucionalidad laboral, que en base a nuevas y justas normas posibilite un nuevo código laboral, con especial énfasis en:
- Fortalecimiento de las organizaciones y de la sindicalización de los/as trabajadores/as que conjuntamente con su contratación se incorporaran automáticamente a la organización sindical existente en ese lugar de trabajo.
- Fortalecimiento de la negociación colectiva, como mecanismo único y obligatorio entre las partes, esto es entre empleador y sindicato, simplificando sus mecanismos y suprimiendo el reemplazo durante la huelga y ampliando el universo de las organizaciones que pueden negociar colectivamente.
- La existencia de negociación colectiva de carácter ramal y por holding.
- Fortalecimiento del fuero sindical.
- Fin al despido por concepto de necesidades de la empresa (art. 161.), derogando dicho artículo. Medida para el despido que sólo pueda ser aplicada mediante causa que compruebe incumplimiento de contrato o efectiva extinción del puesto de trabajo.
- Reinstauración de la figura del despido colectivo, estableciendo limitaciones al despido de más 10 trabajadores o de un 5% de la dotación, en las empresas con menos de 50 trabajadores, previa autorización de los Ministerios de Economía y Trabajo.
- Modificación del concepto legal de Empresa (multi-rut): que hasta ahora se permite, mediante el uso de subterfugios formales, diferenciar artificial y discrecionalmente unidades económicas, actividades productivas y de servicios y demás estructuras que son parte de un mismo y único proyecto empresarial, con lo que se reduce la capacidad negociadora de la contraparte laboral.
- Reajuste de sueldo mínimo a $ 250.000, estableciendo método y criterios para la fijación de un salario vital, es decir, el salario necesario para satisfacer las necesidades indispensables para la vida del trabajador/a en alimentación, vestuario y habitación, y también las que requieran su integral subsistencia,
- Establecimiento constitucional de igualdad de remuneraciones de mujeres y hombres que desempeñen igual cargo o función y reconocimiento del trabajo no remunerado
- Aseguramiento del cumplimento de la normativa laboral por parte del Estado. Entre otros aspectos, aplicación de procedimiento de Tutela Laboral a los trabajadores del sector público, ampliación del fuero laboral a los dirigentes de Asociaciones de Funcionarios Públicos obligando a requerir su desafuero en caso de destitución por sumarios e incorporación a la dotación permanente o planta de trabajador público a contrata o a plazo. Prohibición de contratar a honorarios para funciones permanentes.
b) Una voluntad política expresa y claramente orientada a la aplicabilidad en Chile de los convenios internacionales suscritos pos nuestro país:
- Aplicación de Convenios Internacionales sobre libertades sindicales, considerando art. 87 sobre derechos de sindicalización y protección, art. 98 sobre protección ante la negociación colectiva, art. 135 sobre protección a los representantes de los trabajadores, art. 151 sobre negociación en el sector público y no despidos, y art. 169 sobre derechos de los pueblos originarios. Ratificación y aplicación de todos los convenios internacionales OIT en materias de protección en el trabajo, en especial el Convenio 100 sobre igualdad de remuneración (1951), el Convenio 111 sobre la discriminación en el empleo y la ocupación (1958), el Convenio 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares (1981) y el Convenio 183 sobre la protección de la maternidad (2000)
c) Medidas sustantivas que permitan una correcta fiscalización, sanción y estimulo el cumplimiento de la ley en materia de derechos laborales y sindicales, considerando:
- Penalización de la práctica anti-sindical, en concordancia con los convenios internacionales de OIT, desplegando medidas eficaces y disuasivas. Siendo necesario por ello incrementar las multas que hoy oscilan entre 50 y 150 UF, pasando a un porcentaje del capital propio de la empresa.
- Sancionar penalmente el no pago de los salarios y de las imposiciones de los trabajadores.
- Asegurar el efectivo reparto de las utilidades de la empresa (art. 47), resguardando que siempre que haya utilidad el reparto entre los trabajadores debe ser de un 30% de las utilidades.
d) Una profunda revisión del actual Sistema de Pensiones, en la perspectiva de sustituir la capitalización individual, de administración privada (actuales AFP), por un sistema de reparto bajo administración estatal, fundado en aportes de carácter mixto (individual, patronal y estatal). En esta línea, una propuesta de AFP estatal puede considerarse como una medida correctiva aunque menor, pues que no afectará las bases de la crisis del actual sistema.
El actual sistema de pensiones ha demostrado en los hechos su orientación al lucro y una insuficiencia estructural, no pudiendo alcanzar tasas de coberturas satisfactorias y adecuadas con las necesidades de los trabajadores que, de acuerdo a indicadores internacionales, no debiesen ser inferiores al 70% del último ingreso del trabajador o trabajadora.
3. Un Nuevo Estado para un nuevo Modelo de Desarrollo Económico y Social [6] 3.1 El Estado definido por la Constitución del 80 no reconoce los valores responsabilidad social y la solidaridad colectiva. El Estado neoliberal tiene por finalidad asegurar la libertad económica de los grandes empresarios y establecer el papel subordinado o “subsidiario” del estado, sin importarle, las desigualdades, las injusticias, los abusos y las vulnerabilidades macroeconómicas, resultantes de la aplicación de este modelo. Para cumplir con la responsabilidad social y la solidaridad colectiva, numerosas normas de la actual Constitución deberán ser derogadas, modificadas eliminadas o reemplazadas, como por ejemplo, para reestablecer el principio de que la propiedad privada no es absoluta ni está por encima de otros valores superiores, como la responsabilidad social y la solidaridad colectiva. De allí “la función social” que la propiedad privada debe cumplir y los límites a que está sujeta. De aquí también se deduce la necesidad de que el estado esté facultado para expropiar, o crear empresas estatales o públicas, a través de Corfo y otras instituciones centrales o entidades públicas como gobiernos regionales, municipalidades, o aportar recursos a cooperativas u otras empresas sin fines de lucro, con el fin de diversificar la propiedad empresarial. Es necesario dotar al Estado de la capacidad de emprendimiento económico, entendido en el amplio sentido del término [7]).
3.2 El nuevo modelo implica una nueva estrategia “orientada a la industrialización y productividad con valor agregado”[8]. Como es sabido, esta antigua aspiración no ha pasado hasta ahora de buenos deseos. Los tecnócratas neoliberales han impuesto su veto a una política industrial definida, sosteniendo que la asignación de los recursos debe ser una atribución del mercado y los privados. Por ejemplo, el modelo neoliberal ha permitido a las transnacionales que se han adueñado de la mayor parte de nuestros grandes yacimientos minerales, negarse a industrializar nuestro cobre y se han limitado a la exportación de mineral en bruto[9]. Por consiguiente, es necesario construir en nuestro país, las capacidades para refinar, procesar sus metales asociados y elaborar productos de cobre, (planchas, cables, perfiles, alambres, etc.); también se debe manufacturar insumos químicos, medios de transporte, procesos tecnológicos comercializables, etc. Un proyecto estatal de extracción y elaboración industrial del litio debiera ser un compromiso concreto en esta línea. Así también la formación de una empresa nacional de energía, donde el énfasis esté en las fuentes de energía renovables. La autorización de inversiones extranjeras en la minería, así como en otros casos de materias primas naturales, debiera condicionarse a estos objetivos. Codelco y Enami deben dar pasos significativos en tal dirección.
3.3 El modelo neoliberal, especialmente en su fase transnacional, ha fomentado un crecimiento desmesurado del sistema financiero, también en Chile. Hoy se reconoce que esta expansión deformada se hace a costa de un endeudamiento insoportable de hogares y empresas pequeñas y medianas (llamadas en general Empresas de Menor Tamaño, EMT), mediante una concentración excesiva de grandes capitales y la formación de oligopolios que se expanden a diversas actividades y que encarecen el crédito por diversos expedientes. Esta mal llamada “industria financiera”, fuente de lucros especulativos y a menudo fraudulentos, ha sido la causa de colapsos económicos que han golpeado a numerosos países. Ha fomentado la ganancia rápida y fácil, en desmedro de la inversión productiva, sólida, pero de largo plazo. Una de sus consecuencias ha sido la fuga de capitales hacia los llamados “paraísos fiscales” donde se ocultan para evitar fiscalización y el pago de impuestos. Se estima que, en el caso chileno, no menos de 105.000 millones de dólares se encuentran en esa condición. Por tanto es necesario revisar la legislación vigente, establecer mecanismos de regulación y control y reorientar los recursos financieros que manejan la banca, las AFP, las compañías de seguros y los fondos mutuos de inversión, hacia inversiones productivas de interés nacional, las EMT y los proyectos de mayor rentabilidad social y nacional. La creación de un Banco de Desarrollo estatal con un amplio acceso a recursos financieros para proyectos de largo plazo de interés nacional puede ser de gran ayuda.
3.4 En materia financiera un acápite adicional merece la política y normativa del Banco Central. Su “autonomía” es considerada como uno de los pilares del sistema neoliberal, sin importar su necesaria coordinación con la autoridad superior del ejecutivo, para evitar contradicciones o visiones diferentes de la perspectiva económica. Su normativa lo ha limitado a colocar el manejo de la política monetaria exclusivamente en función del riesgo inflacionario, dejando de lado otras variables tanto o más importantes como los peligros de recesión y particularmente del desempleo. El Banco Central se ha convertido en el “prestamista de última instancia”, exclusivo para la banca o financistas privados, prohibiéndole en cambio al poder ejecutivo utilizar también esa franquicia en las mismas condiciones. Una tercera falla grave es el hecho que ni el Banco Central ni la Superintendencia controlan que una baja de la tasa de interés de política monetaria y otras facilidades que se le otorgan a los bancos privados, sean traspasadas a sus clientes, especialmente en el caso de las EMT. Por último, una crítica reiterada al Banco Central es su manejo de la política cambiaria. Ante la ofensiva devaluatoria del dólar seguida por la Reserva Federal y recientemente del yen por Japón, que causan graves perjuicios a la agricultura de exportación y a diversas otras industrias que intentan exportar, así como otro sector industrial que intenta competir con importaciones subsidiadas con un dólar barato. El Consejo del Banco, amparado en su autonomía, ha desoído estos justos reclamos. A diferencia de varios países afectados que han reaccionado, defendiendo el interés nacional, el Banco Central de Chile, justificándose en una desgastada teoría sobre el mercado libre, se ha negado a adoptar a intervenir en los movimientos de capitales especulativos que influyen negativamente en el precio de las divisas.
3.5 Compartimos la afirmación contenida en el documento elaborado por la comisión programática de la Oposición en cuanto a que “el nuevo modelo económico que propiciamos exige una política pública, orientada al”….”ejercicio pleno de la soberanía económica sobre sus recursos renovables y no renovables”… incluyéndose entre ellos “los mineros, pesqueros, hídricos, forestales y energéticos”, para lo cual, por razones ecológicas entre otras, es necesario establecer royalties a su exportación. Hay que explicitar al respecto, la necesidad de eliminar en la actual Constitución las disposiciones que contradicen o limitan “el ejercicio pleno de la soberanía económica”, como es, por ejemplo, la llamada “concesión plena” engendro conocido como “la ley (José) Piñera” o disposiciones contenidas en el DL 600; o también en el caso de las normas relativas al uso de las fuentes de agua e incluso la reciente ley de pesca que prorroga de forma indefinida los derechos o cuotas de pesca a favor de un puñado de grandes empresarios. En particular, sostenemos la necesidad imperiosa de fortalecer CODELCO, como gran empresa estatal proveedora de parte significativa de los ingresos fiscales. Pero, no se trata sólo de cambios constitucionales o legales. También hay numerosas disposiciones que se encuentran entre las facultades presidenciales que se pueden ejercer desde un comienzo, a ser incluidas entre los compromisos concretos a contraer con la ciudadanía, al estilo de las muy apreciadas “40 medidas” impulsadas por el Presidente Allende. Algunas de ellas dicen relación, por ejemplo, con facultades fiscalizadoras a ser ejercidas por entidades públicas como la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), no utilizadas hasta ahora.
3.6 Estas propuestas son parte de un programa de transformaciones para un nuevo estado y un nuevo modelo de desarrollo que puede comenzar a realizarse en los próximos cuatro años, aunque también forma parte de un cambio más amplio y profundo que requerirá más tiempo, cuyas perspectivas pueden ser concordadas por la Nueva Mayoría. Del mismo modo, entendemos que el nuevo modelo comprende otros asuntos que se tratan en los otros ejes de este documento, como son la Reforma Tributaria, las Reformas Laborales, la consagración de los derechos sociales, el desarrollo regional y el medio ambiente. De esto también se deduce la necesidad de un organismo de coordinación y programación estratégica que asegure la acción conjunta y complementaria de los organismos gubernamentales para el cumplimiento del programa.
3.7 Demás señalarlo, un Estado como el propuesto deberá promover y realizar una estrategia de integración y cooperación con los países de América Latina bajo parámetros distintos a los de la globalización transnacional. Los ejemplos de colaboración entre países, como UNASUR o el ALBA, iniciativas como el Banco del Sur y sistemas de cooperación económica y social como la CELAC ponen de manifiesto las inmensas potencialidades que ello tiene. Los acuerdos de libre comercio (TLC) suscritos por Chile con muchos países del mundo deben aplicarse resguardando los intereses de los productores nacionales.
3.8 Un Estado que juegue este papel – solidario y ya no más subsidiario – requiere disponer de los recursos provistos por una Reforma Tributaria de verdad, que provea al menos los recursos que estableció la Comisión Técnica de los partidos de la Oposición en su documento de abril de 2012 [10]. Como allí se indica, dicha reforma debe sustentarse en el principio que quienes tienen más o perciben mayores ingresos, aporten más a los recursos fiscales necesarios para solventar el gasto social. Al respecto, pensamos que hoy además es posible elevar la tasa del impuesto a la renta a las empresas de 1ª Categoría a un nivel superior a 20% actual y avanzar a la supresión del esquema de integración del actual sistema, que permite que el impuesto de las empresas opere como crédito del Global Complementario de los propietarios o accionistas de ellas.
4. Políticas para el desarrollo regional con equidad territorial, sustentabilidad y protección medioambiental [11]. Existe la necesidad de profundizar la discusión de una política ambiental y energética que defina los marcos para un modelo de desarrollo nacional acorde al la sustentabilidad social, ambiental y económica.
El contexto global ambiental es de degradación, con un vertiginoso aumento de la población urbana, cambio de uso de suelo a gran escala (monocultivos intensivos), desertificación, pérdida de biodiversidad y aumento de eventos extremos relacionados con el cambio climático acelerado desde 1850 y propiciado por los modos de producción y patrones de consumo capitalista. Durante las últimas décadas, hemos comprobado la disminución de las reservas de agua dulce, la desertificación, la pérdida de biodiversidad y de suelos. El modelo económico centrado en la propiedad privada de los elementos del medio ambiente (Suelo, Agua, Bosques, etc.), es responsable de los problemas que sufre la humanidad por la deterioro de las condiciones ambientales que la sustentan.
Los problemas ambientales que enfrentamos hoy no provienen de una contradicción inevitable entre procesos productivos y medio ambiente, como si ocurría hasta la década del ’70, producto de uso de tecnologías menos desarrolladas y la falta de concepciones ambientales como las conocemos hoy. Los problemas provienen de la contradicción entre el proceso productivo que tiene por objeto generar alta rentabilidad del capital privado y el costo de las tecnologías que permiten reducir el impacto ambiental del proceso productivo, este último orientado a satisfacer las necesidades de la sociedad de consumo. El modelo neoliberal busca mayor rentabilidad a partir del traspaso de los problemas ambientales al entorno y con ello genera efectos nocivos en la salud y la calidad de vida de las personas.
El problema ambiental, no pertenece tan sólo a un sector de la sociedad, es un problema eminentemente político de reacción contra el modelo de aquellos que se ven obligados a vivir en zonas marginadas junto a industrias, basurales, plantas de tratamientos de aguas, encerrados por plantaciones de monocultivos, afectos a plaguicidas y productos químicos, etc., versus aquellos que viven en zonas residenciales alejadas de todos esos procesos y que gozan de las ganancias de dichas actividades.
4.1 Política ambiental, Institucionalidad y Normativa
No obstante reconocer que la implementación de la nueva institucionalidad constituye un avance desde la perspectiva de mostrar voluntad de relevar la dimensión ambiental en la administración del Estado, permanecen amarres antidemocráticos que limitan la participación ciudadana a la consulta, obviando los mecanismos vinculantes en lo que respecta a la opinión de la población aledaña o en el área de influencia de los proyectos que ingresan al sistema de evaluación.
Por otra parte, aún permanecen definiciones que dan cuenta de un ordenamiento político facilitador de condiciones para la inversión privada y la explotación de recursos – como aquella de “el que contamina paga” -, que deben ser revocadas o a lo menos puestas en discusión en el seno de nuestra sociedad.
Concretamente, la democratización en la toma de decisiones, el posicionamiento del Estado en la representación de los intereses nacionales, y la definición de políticas de estado que sustenten lo anterior, pueden abordarse desde una serie propuestas
a) Discutir sobre una política ambiental y energética que considere la participación ciudadana efectiva en la toma de decisiones, de tal manera de integrar las múltiples características existentes en un ordenamiento y gestión integral del territorio nacional. Se requiere adecuar y redefinir la nueva institucionalidad ambiental entendiendo los nuevos procesos que se han dado con el desarrollo y aparición de movimientos socio-ambientales que demandan de una institucionalidad más sólida y acorde al desarrollo sustentable.
b) Avanzar en normas ambientales que regulen los impactos de procesos que alteran el medio ambiente, como por ejemplo establecer normas de emisión de PM 2,5 para procesos mineros e industriales y la calidad del aire en zonas latentes o saturadas; Normas de Calidad de Suelos; Normativas pendientes y necesarias como layes de residuos sólidos, de olores, glaciares, etc.
c) El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), requiere fortalecer su estructura de tal manera de dar cumplimiento al Estatuto Administrativo y establecer la Planta de los funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en especial a quienes trabajan en la evaluación de proyectos. Ello otorgará la real independencia política que requieren para hacer primar los criterios técnicos sobre los criterios políticos o economicistas en la evaluación ambiental de proyectos, asociado también al incremento en las coberturas de fiscalización.
d) El daño ambiental no es aceptable y, si se llega a producir, se debe compensar con acciones ambientales de reparación directa de recuperación ambiental.
e) Revisión de los procedimientos legales para negociar compensaciones sociales o económicas para paliar los daños ambientales de un proyecto de inversión, incrementando la norma y fiscalización y revisando, en base a un índice medición, las externalidades positivas y negativas en materia de productividad y medio ambiente.
f) Establecer que las sanciones económicas para empresas que no cumplan la norma o alteren indicadores, junto a la prohibición de seguir funcionando, afecten de manera significativa su patrimonio.
g) La Fiscalización Ambiental debe entenderse como la responsabilidad exclusiva de instituciones estatales de supervigilar el cumplimiento de las resoluciones hechas por la autoridad ambiental en el marco de la normativa ambiental. No puede ser que empresas privadas puedan certificar cumplimiento de normas ambientales o ejecutar fiscalizaciones, Para ello contar con una planta funcionaria propia de la Superintendencia de Medio Ambiente otorgará la real independencia política para hacer primar los criterios técnicos sobre los criterios políticos o economicistas en la fiscalización ambiental de proyectos.
h) Fortalecer el carácter Normativo y Fiscalizador del Estado respecto del Medio Ambiente.
i) Robustecer la ley de participación ciudadana, mejorando los mecanismos de consulta previa e informada a comunidades (empresas, municipios).
4.2 Energía y Matriz Energética.
Se necesita establecer un modelo de desarrollo energético con presencia del Estado en la planificación de la matriz de generación y en la definición de zonas de ubicación de proyectos, que no se base esencialmente en mega proyectos hidro y termoeléctricos. La anunciada “carretera eléctrica” debe ser una iniciativa siempre administrada por el Estado y en ningún caso su implementación debe disminuir el impulso y generación de Energías Renovables No Convencionales (ERNC).
Creemos que en una etapa de transición del modelo energético nacional, se debe retomar una planificación centralizada (desde los organismos de planificación del Estado) y con fuerte presencia y consulta a la ciudadanía.
Debemos recuperar la confianza de la gente en un proyecto energético de beneficio nacional. Se debe incorporar la mayoría ciudadana en las decisiones, la que además debe tomar conciencia de la necesidad de ampliar la matriz energética y el parque de instalaciones necesarias para el desarrollo del país.
a) Caracterizar la matriz energética chilena, como una matriz de transición hacia una descarbonizada a través de la Política de Desarrollo Energético chileno, con alta participación de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC).
b) La eficiencia energética es un camino a recorrer, no existe una política nacional regulada ni adecuados incentivos. En este sentido, es claro que hoy las empresas generadoras, transmisoras y distribuidoras tienen como interés principal el consumo energético, traspasando la responsabilidad principalmente a los usuarios en esta importante tarea. Se deben incorporar incentivos y multas a nivel de empresas distribuidoras. Se deben buscar mecanismos de desacople de los ingresos con la venta de dichas empresas.
c) Creación y desarrollo de las Empresas Estatales de Energía y del Agua.
d) Creación de Centros Tecnológicos que permitan la formación del recurso humano necesario para la operación de las centrales abastecidas por energía de origen no convencional.
e) Otorgar subsidios efectivos, de al menos la devolución del IVA, a las personas que adquieran e instalen: Paneles Solares fotovoltaicos, Calefactores solares de Agua para uso Sanitario No recreativo. (Hoy el subsidio es para los grandes empresarios de la construcción)
f) Apoyar con subsidios y liberalizar el traspaso de vehículos particulares bencineros a gas, tanto para vehículos particulares como para taxis y colectivos.
g) Eliminar paulatinamente de circulación los buses del Transantiago que queman petróleo o gasolina y sustituirlos por máquinas a gas, electricidad o híbrido. Medida relevante para la descontaminación de Santiago, ya que un vehículo con motor a Gas contamina un 15% menos que un motor Diesel.
h) Creación de una Comisión Chilena de Energías Renovables no convencionales. Comisión interministerial dependiente de Ministerio de Energía, Medio Ambiente, Economía que contribuya a acelerar la adopción de las ERNC en las actividades productivas.
4.3 Territorio y Soberanía Nacional
a) Reafirmar y establecer la adhesión del Estado de Chile a los principios de la Política de Desarrollo Sustentable. (Crecimiento con protección de los RRNN y Equidad)
b) Establecer como elemento fundamental de planificación y administración territorial, la Política de Administración de Cuencas Hidrográficas.
c) Renacionalización del Agua: Establecer el carácter precario de los Permisos de Aprovechamiento de Aguas, consuntivos y no consuntivos. Incorporar la noción de reasignación de derechos de agua según criterios sociales en el caso de las zonas con mayor sequía o falta de agua por proyectos mineros
d) Priorización de la desalinización del agua para consumo humano, reforestación y pequeña agricultura en zonas de escasez hídrica. (Subsidio a la gota de agua)
Estos tres ejes de trabajo deben permitir avanzar en la transversalización de la temática ambiental en la sociedad teniendo como principales propósitos la democratización de la toma de decisiones y por lo tanto de inclusión de la opinión de la ciudadanía en la intervención territorial, con políticas de Estado que permitan avanzar hacia una mayor autonomía energética y soberanía sobre la explotación de nuestros recursos naturales, y una gestión integral del territorio usando el sustento físico-natural más elemental que contiene las interacciones de los sistemas naturales y la actividad antrópica. En términos concretos, reafirmar la propiedad estatal sobre los recursos naturales y la obligatoriedad de su aprovechamiento sustentable en beneficio de toda la sociedad.
5. El aseguramiento de sus Derechos fundamentales a todos los chilenos [12].
Nos proponemos promover crecimiento económico con calidad de vida para todos los chilenos. Asegurar calidad de vida parte por garantizar los derechos básicos de las chilenas y los chilenos:
5.1 Vivir en la vigencia plena y permanente de los Derechos Humanos frente a toda actuación irregular de agentes represivos del Estado. Garantizar el fin de la impunidad con Verdad y Justicia.
5.1.1 Las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo la dictadura cívico- militar (11.09.1973 – 10.03.1990), representan una tarea pendiente, que hasta el día de hoy es transversal al conjunto del país. La magnitud del terrorismo de estado, la complicidad cívico militar en la materialización del exterminio, la complicidad en el pacto de silencio y la implementación de políticas de consenso han impedido que se haga efectiva la demanda de verdad y justicia. La actual situación de impunidad, la presencia de una serie de leyes heredadas de la dictadura y la promulgación de otro cúmulo de normas han permitido no solo garantizar la impunidad a la inmensa mayoría de los genocidas ( civiles y militares), sino también han facilitado la implementación de medidas represivas por parte de un estado que no ha depurado su institucionalidad, sus fuerzas armadas y que ha permitido que muchos de los violadores de derechos humanos , sobre todo civiles, jamás hayan respondido por el genocidio del cual son responsables.
Desde el año 1990, hemos manifestado que la demanda de verdad y la justicia es fundamental para el avance del país, somos quienes, en enero de 1998, presentamos la primera querella criminal en contra de Augusto Pinochet, no solo porque fuimos el Partido más perseguido en dictadura, sino, porque tenemos la clara convicción que se debe dar cumplimiento a lo que indica un cúmulo de normas internacionales de derechos humanos que apuntan al nunca más, ellas tienen como objetivo establecer una conducta en la comunidad internacional, obligándola a hacerse responsable y parte de la persecución de los genocidas responsables de estos crímenes, aunque no se hayan cometido en su propio territorio; ese mismo cúmulo de normas legales que conforman el derecho internacional humanitario se indica que aquellos países que han sufrido del Terrorismo de Estado, deben establecer como una de sus tareas fundamentales, en los Gobiernos democráticos que les sucedan, asumir estos tratados como propios y por tanto implementar todas las medidas (judiciales, reparatorias y de memoria, entre otras) para evitar la repetición de los mismos.
5.1.2 Proponemos implementar las siguientes medidas por parte del Estado de Chile.
a) Envío de un Proyecto de Ley que declara la nulidad de Derecho Público del Decreto Ley N° 2191 de 1978, de Amnistía [13].
b) Envío de un Proyecto de Ley que derogue la Ley N° 18.314 Antiterrorista y sus posteriores modificaciones.
c) El Estado de Chile debe poner fin a la existencia de los Penales Punta Peuco y Cordillera, en donde cumplen pena los violadores de derechos humanos y estos deben ser destinados a cárceles comunes, para cumplir efectivamente sus condenas.
d) El Estado de Chile debe poner término a la Ley del Secreto, que oculta el nombre de los torturadores por cincuenta años. Ley emanada del Informe de la Comisión de Prisión Política y Tortura.
e) Para impedir la aplicación de la Prescripción y Media Prescripción en causas de Violaciones de Derechos Humanos a los perpetradores de estos delitos, solicitamos poner suma urgencia al Proyecto de Ley que interpreta el artículo 93 y 103 del Código Penal, que actualmente se encuentra radicado en el Senado de la República.
f) Solicitamos el envío de un Proyecto de Ley que ratifique que los Crímenes de Guerra no están sujetos a amnistías, ni a indultos de ningún tipo (la legislación chilena hoy solo contempla la imprescriptibilidad de estos delitos).
g) Demandamos el término de la Justicia Militar, así como el término del fuero de impunidad que se otorga a Carabineros de Chile.
h) El Estado de Chile debe garantizar la existencia de una institucionalidad que se haga cargo de la recepción de denuncias de las víctimas del genocidio de manera permanente, estableciendo vía proyecto de Ley las condiciones para dar cumplimiento a esta iniciativa. En esta misma dirección se debe extender la función que cumple el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, referida a perseguir la responsabilidad penal en las causas de tortura (hoy lo hace en casos de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos).
i) Establecer como obligatoria la asignatura de derechos humanos, en todos los niveles de educación en nuestro país, incluyendo las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones.
j) Se debe avanzar en la aprobación del Proyecto de Ley que crea el Defensor del Pueblo u Ombudsman, teniendo como fundamento, en la aprobación de su articulado los Principios de Paris.
k) En los últimos años la falta de voluntad política para dialogar y avanzar en la búsqueda de soluciones a las demandas de las organizaciones mapuches, solo han generado la agudización del conflicto, con la consiguiente carga de represión y asesinatos a comuneros mapuches. Es por eso que resulta fundamental establecer iniciativas que permitan asegurar transformaciones en las áreas de reformas institucionales, derechos políticos y reparación histórica. Para avanzar en la construcción de un Estado Plurinacional y multicultural, que dé cumplimiento a las obligaciones del Estado de Chile referido a los tratados internacionales de pueblos originarios.
l) Establecer condiciones que permitan avanzar en la inmediata libertad de los Presos Políticos Mapuches. En esta misma dirección, se debe terminar con toda forma de represión a las justas demandas de los pueblos originarios, especialmente se debe terminar con la ocupación de las comunidades mapuches por parte de Carabineros de Chile como respuesta de los Gobiernos.
5.2 Disponer de una educación pública, completa, gratuita y de calidad que no discrimine según el origen social de los estudiantes
5.2.1 Recuperando la educación pública escolar [14]
Consideramos indispensable cambiar radicalmente las bases conceptuales/ideológicas, sentidos y propósitos de la política educacional vigente en Chile, que desde tiempos de la dictadura, ha venido sustentando conceptualmente el desmantelamiento y privatización del sistema educacional de nuestro país.
Creemos que el punto de partida de una nueva política educacional debe ir más allá de la adopción de medidas correctivas puntuales en el plano de la fiscalización y abrir, en cambio, el camino a un verdadero proceso democrático, participativo, transparente y eficaz en sus realizaciones, para restablecer la educación pública y un gran sistema nacional de educación escolar, integrado y coherente, para beneficio de nuestro pueblo.
La existencia de educación pública garantiza un derecho al que se accede por el solo hecho de ser chileno, chilena o vivir en nuestro país. Debe ser manifestación de la madurez alcanzada en nuestra convivencia social. También es expresión de una visión integradora en las tareas del desarrollo nacional en donde nadie sobra. Donde el esfuerzo y las capacidades desplegadas por todos, son el camino para un desarrollo justo.
Miles de establecimientos educacionales, desde la primera infancia hasta la adolescencia, abiertos a las necesidades de todo el pueblo, integradores, gratuitos, cálidos y de calidad deben dar estructura a un inmenso sistema de instituciones al servicio del desarrollo educativo del país.
a) Hacia un Nuevo sistema educacional
El Estado chileno debe nuevamente asumir en plenitud sus responsabilidades en educación escolar, dando término al sistema municipalizado de la educación escolar y orientándose a la reconstrucción de un gran Sistema Nacional de Educación Pública al servicio de niños, niñas y adolescentes, así como de otros grupos de la población que lo requiera.
En función de ello, propiciamos las siguientes tareas del Estado:
- Impulsar un proceso de des-municipalización de la educación escolar.
- Reasumir la conducción integrada del hoy diluido sistema educativo escolar y la orientación pedagógica del mismo.
- Disponer los recursos financieros necesarios para el funcionamiento y desarrollo del nuevo sistema.
- Poner término al traspaso irracional de recursos públicos de educación al empresariado privado.
- Redefinir y normar los fines y condiciones en que podrán actuar, de manera transparente, las diversas entidades particulares interesadas en actuar como colaboradoras de la función educativa del Estado.
b) Infancia y adolescencia en el centro del esfuerzo educativo
La crisis de la familia chilena causada por la angustia del trabajo precario, los bajos salarios, el endeudamiento y los fines estrechos de una forma de vida individualista y no solidaria, hacen que las nuevas generaciones esperen o exijan de las escuelas y liceos nuevas razones para creer en el futuro, estudiar y desarrollarse hacia él.
La política educacional, la educación pública y el nuevo sistema educativo nacional que proponemos, pone en su centro las necesidades de la infancia y la adolescencia como pilar del bienestar social para que sean sus intereses y no los de ningún proyecto de desarrollo económico, los que guíen el accionar de las escuelas y liceos del país.
Proponemos que sea la “Convención Internacional de Derechos de la Infancia y la Adolescencia” de Naciones Unidas, instrumento jurídico de validez universal y obligatorio para Chile desde 1990, el punto de encuentro y de partida para todas las visiones interesadas en dar a luz una nueva política educacional y con ella, a una nueva educación escolar para los niños, niñas y adolescentes chilenos.
La nueva escuela chilena debe ser un espacio para crecer, donde el ejercicio efectivo de derechos generará deberes y el crecimiento, promovido y respetado por la institución escolar, determinará los deseos de aprender e intereses de conocimiento de sus alumnos.
Niños, niñas y adolescentes deben participar, opinar, proponer, elegir y decidir en la nueva escuela chilena, es decir, serán considerados como sujetos de derecho y por ello respetados e integrados a la vida social, como un componente esencial de esta y de su propia experiencia formativa.
Este enfoque de política educativa tiende un puente hacia las nuevas generaciones desatendidas por la deshumanización de las relaciones sociales y la cultura del actual modelo económico, y a la vez devuelve sentido y vigencia a las instituciones educativas.
c) Financiamiento e institucionalidad educativa
La creación de un sistema de educación público escolar requiere de reformas estructurales en el plano del financiamiento e institucionalidad, que posibiliten un nuevo significado y función de la educación escolar, al respecto proponemos:
- La educación pública será financiada por el Estado liberando de todo gasto a las familias chilenas, por tanto, no se aceptará el lucro en ninguna de sus dependencias, niveles ni modalidades.
- El financiamiento del sistema nacional se fijará a través de la ley de presupuesto de la nación, contando con un presupuesto propio en base a las necesidades, criterios, misión y objetivos del sistema educativo. De lo anterior, es prioritario dar término al financiamiento compartido y eliminar el mecanismo subvención a la demanda según asistencia media, implementando un cálculo para el financiamiento que considere la oferta garantizada de educación pública.
- La desmunicipalización resulta una necesidad inevitable dada la insuficiente capacidad financiera de la mayor parte de los municipios del país para atender las necesidades del sector educativo a su cargo y la consecuente pérdida de significado y sentido de la educación.
- En el proceso de desmunicipalización se requiere la aplicación de un Fondo de Revitalización de la Educación Pública, el cual debe servir para cancelar todas las deudas contraídas por los municipios a la fecha, orientándose al saneamiento económico del sistema para el cambio de institucionalidad.
- Para el nuevo sistema nacional de educación escolar existirán las formas institucionales y de dependencia escolar necesarias para un funcionamiento adecuado, en modalidad integrada de un sistema nacional y público de educación, requerido en todo el país y por la sociedad en su conjunto. Así, el Estado, en resguardo del bien común, y como reconstructor del sistema escolar y garante de su buena marcha, definirá las formas y condiciones con que el sistema escolar quedará conectado al país, asegurando integración, descentralización y respeto por la diversidad de condiciones y necesidades Regionales, Provinciales y locales.
- La administración directa de los establecimientos públicos será asumida por un órgano público, descentralizado. Estos organismos serán autónomos y descentralizados respecto de la administración central del Estado, pero articulados y coordinados por éste, siendo concebidos como servicios públicos descentralizados.
- La nueva institucionalidad del sistema escolar nacional de educación escolar debe incorporar a las comunidades y fuerzas de la sociedad civil de forma activa en el proceso educativo.
d) Currículum y enseñanza
El quehacer educativo de la escuela chilena no estará sujeto a prescripciones técnicas rígidas ni a métodos de sesgo tecnocrático que subordinen las verdaderas necesidades de desarrollo educativo de niñas, niños y adolescentes.
El contenido pedagógico del currículum en su implementación y evaluación no debe estar supeditado exclusivamente a métricas y resultados, es prioritario fortalecer la noción de proceso pedagógico.
Será para la escuela, sus profesores y todo su personal una prioridad atender las necesidades del desarrollo del ser social e individual de los niños, niñas y adolescentes que asisten a ella, por sobre la transmisión de conocimientos o el logro de resultados valorados según estándares ajenos a la condición material y cultural donde los alumnos se educan y crecen.
Postulamos un proceso de flexibilización curricular que entregue a los profesores y profesoras responsabilidades claras y respaldos adecuados para la elaboración de las mejores estrategias de trabajo con sus alumnos, a quienes aprecian y conocen.
Proponemos que el Ministerio de Educación, como responsabilidad central, junto a entidades asociadas, diseñe y promuevan Programas de desarrollo educativo que permitan materializar diversas formas curriculares según las necesidades de sus destinatarios y brinden asesoría directa a los establecimientos educacionales para su adecuada concreción.
El Ministerio de Educación debe impulsar Programas e iniciativas educacionales de cobertura universal, o que en todo caso superen la focalización y segmentación de estos, que a la postre resultan ser excluyentes para la mayoría y funcionales a las concepciones de subsidiaridad estatal.
Debe desaparecer toda forma de lucro asociada a la asesoría pedagógica que se deba dar a las escuelas del sistema público. Situación de gravedad que en el presente ha llegado a constituir un mercado secundario de alta circulación y apropiación privada de recursos públicos destinados a educación.
e) Trabajo Docente
El profesorado debe ser apoyado en su desempeño. En su función profesional debe contar con:
- Una organización de trabajo que equilibre su tiempo de clases y el tiempo no lectivo, que rebaje el número de alumnos por cursos, así como el número de cursos y el de niveles escolares a atender dentro de la jornada semanal.
- Posibilidades de perfeccionamiento en servicio para el desarrollo profesional.
- Remuneraciones justas que consideren su trabajo, su calificación profesional, complejidades del desempeño y su experiencia profesional.
- Condiciones materiales de trabajo que respeten su persona y dignidad profesional.
- Una carrera profesional clara y objetiva en términos promocionales.
- Contratos de trabajo justos que le den estabilidad, derecho a sindicalización y a negociación colectiva.
f) Educación particular subvencionada
Esta forma de dependencia escolar, creada en dictadura, reúne hoy día a la mayoría de la matrícula escolar financiada con recursos públicos. Ella, la educación particular subvencionada, representa una falsa educación privada pues su mantención depende centralmente de la subvención que entrega el Estado a sus sostenedores.
Este tipo de educación ha sido favorecida durante años, sin justificación pedagógica, en abierta oposición a la educación municipal.
Además, ha contado agregadamente con diversas garantías adicionales hasta llegar a convertirse en demasiados y abultados casos, en un enorme y lucrativo negocio privado (financiamiento compartido, nula fiscalización, aportes públicos gratuitos en infraestructura y equipamiento, acceso a diverso fondos públicos, etc.) y, por ende, son demasiados los casos de establecimientos que imparten una mala educación.
Ni por sus procesos pedagógicos, ni por su aporte al desarrollo social, ni por sus resultados aún bajo sistemas edumétricos como los imperantes (SIMCE), se justifica tal condición de privilegio y preeminencia.
Es indispensable redefinir desde la base la participación, condiciones y propósitos de agentes privados en la educación pública chilena.
Postulamos la mantención de formas privadas de colaboración con la función educativa del Estado, con financiamiento público, siempre que ello responda a las necesidades definidas por el propio sistema educativo, o derivado de propuestas social y pedagógicamente plausibles hechas por parte de las entidades interesadas y la comunidad
5.2.2 Hacia Una Refundación del Sistema Nacional de Educación Superior[15].
a) Características generales de una reforma a la educación superior
La pregunta orientadora que debe guiar las reformas a implementar en el sistema de educación superior es ¿cuál es el rol que le compete a la Educación Superior como sistema político- social en la búsqueda de un país inclusivo y plenamente democrático?
Creemos que a la educación superior, y en particular a las universidades, les corresponde el rol de agente democratizador de la transformación del conocimiento como un bien público al servicio de los intereses de los ciudadanos, de los trabajadores y del pueblo chileno en su totalidad.
Para lo anterior, la refundación del sistema de educación superior debe partir por resituar el rol del Estado como actor central del nuevo proceso. El Estado debe pasar de un rol subsidiario a una rol responsable y regulador, esto es, promotor y responsable de la educación pública y regulador eficaz de la educación superior privada. Teniendo presente que para el próximo gobierno lo prioritario es fortalecer al sistema público de educación, particularmente las universidades estatales, transformándolas en la columna vertebral del nuevo sistema.
Así, la articulación de un nuevo sistema de educación superior debe originarse y organizarse en el marco del reconocimiento de la tensión público-privado, es decir, contrarrestar la tendencia que ubica a la educación privada como fuerza orientadora. Para ello, se debe posicionar al subsistema público como polo de desarrollo, dotándolo de atributos que le permitan hegemonizar al conjunto del sistema. Su dimensión hegemónica se ha de materializar si tiene como base las siguientes características:
- Mayoritario: Apostar a contener la mayor parte de la matrícula en educación superior.
- Orientador: Constituirse en el centro gravitacional del sistema, representando el pilar principal en la definición de políticas para educación superior.
- Rol preferencial: Mantener un trato preferente de parte del Estado y concentrar las políticas de desarrollo.
Así, lo público y por tanto el bien social debiese estar garantizado por a lo menos los siguientes aspectos. a) Ausencia de lucro; b) la democracia interna y la autonomía; c) el pluralismo y la libertad de cátedra; d) su dimensión compleja y e) la calidad y trayectoria educativa.
La refundación del sistema de educación superior pública implica la articulación de una nueva relación entre el Estado, la sociedad y las instituciones de educación y constituye una transformación del sistema en todas sus aristas, debiendo contemplar:
- Una nueva normativa marco para la educación superior que reoriente su sentido, consagrando a la educación como bien público y garantizada como derecho social.
- Un plan de desarrollo para las educación superior que reoriente el quehacer de las instituciones, es decir, la docencia, extensión e investigación en función de a) fomentar la formación integral del ser humano para contribuir a la justicia social y la equidad; b) Propiciar la enseñanza pluralista, abierta a las distintitas formas y corriente de pensamiento; c) Producir propuestas y planteamientos con respecto a los problemas fundamentales del país; d) Fomentar la paz, la democracia, los derechos humanos, la igualdad de género, la integración latinoamericana y el cuidado del medio ambiente.
- Las bases de una nueva institucionalidad en la educación a partir del fortalecimiento del rol público y la eliminación del lucro. Para ello, se requiere contar con un espacio institucional, desprovisto de autonomía, que tenga como función regular la educación superior y el sistema en tanto bien público.
- Una nueva política de financiamiento que inyecte recursos directos a las instituciones públicas y principalmente a las instituciones estatales: garantizando el funcionamiento complejo de las universidades estatales y contribuyendo al desarrollo de proyectos institucionales privados que aseguren educación pública. Para ello se deben establecer fondos permanentes que establezcan un trato preferencial por parte del Estado para con sus instituciones y fondos especiales que permitan el crecimiento, expansión y desarrollo del subsistema público para proyectar su carácter central para el desarrollo del país.
- La democratización de las instituciones. Que se consagre el derecho a la libre asociación en las distintas casas de estudios y se permita la participación de estudiantes, funcionarios y académicos en los organismos colegiados y en la elección de autoridades unipersonales.
- Generar un nuevo mecanismo de acceso a la educación superior que promueva la equidad y favorezca el ingreso a la educación pública a estudiantes de sectores socialmente excluidos. Además de lo anterior, debe existir una transformación de la educación escolar.
- Objetivo 1 Marco Legal.
- Fijación de normas para el reconocimiento de la educación superior en base al vínculo de las instituciones con el Estado y a la generación de bienes públicos.
- Fijación de normas para salvaguardar la fe pública, limitando la acción privada desregulada.
- Fijación de normas para la fiscalización del cumplimento de los compromisos públicos.
- Fijación de normas para verificación de rendición de cuentas que permita Impedir de forma efectiva el lucro de las universidades privadas.
- Objetivo 2. Integración.
- Contribución a las bases de un Proyecto de Desarrollo Nacional, con base en el desarrollo nacional y regional.
- Creación de un sistema de información unificado sobre la calidad de los programas académicos.
- Resguardar la existencia de cátedra plural conducente a promoción de pensamiento crítico.
- Incorporación en las mallas curriculares de pre-grado contenidos para un modelo educativo que resguarde identidad y pluralismo cultural nacional.
- Objetivo 3. Democratización.
- Desarrollo y fortalecimiento de gobiernos democráticos y participativos en el espacio universitario que estimulen inclusión y participación social.
- Favoreciendo el acceso de estudiantes de sectores socialmente excluidos, ubicados de forma meritoria en el mejor rendimiento de su generación escolar a las universidades públicas.
- Énfasis en el desarrollo de las universidades regionales, promoviendo la interacción entre las universidades públicas y los gobiernos regionales.
- Objetivo 4. Ejecución, Normatividad y Regulación. Creación de una nueva estructura de la Institucionalidad en Educación Superior, considerando.
La Subsecretaria además vela por el financiamiento de las instituciones de educación superior, a la vez que centraliza, operacionaliza y define criterios de calidad.
- Fortalecimiento y redefinición del actual Consejo de Rectores de Universidades Chilenas. Estableciendo una participación normada y activa en la nueva institucionalidad, revisando y actualizando sus competencias en el plano ejecutivo.
- Creación del Consejo Nacional de Educación Superior. Entidad que agrupa a todos los Rectores, con derecho a voz y voto, de las Universidades Públicas Estatales y Públicas No Estatales y a los estamentos estudiantiles, académicos y de funcionarios no académicos. Constituye el órgano consultivo vinculante de la Subsecretaria de Educación Superior, en materia de políticas de educación superior.
- Creación de una Superintendencia de Educación Superior Pública, constituida por pares académicos electos. Órgano con asiento en la Subsecretaria de Educación Superior, destinado a la fiscalización y regulación del sistema, que fija criterios de calidad, que súper-vigila el cumplimiento de los compromisos públicos y la misión de las instituciones para el desarrollo nacional y la protección de los estudiantes y actores del sistema.
- Articulación de una Red Nacional Universitaria, como propuesta alternativa al actual Sistema Nacional Universitario, que integra y articula los diferentes actores del sistema, en base a una política de Estado que favorece regulación y control público.
En esta Red las Universidades Estatales son consideradas como ejes del sistema de Educación Superior, pero estando integrada por universidades que más allá de su condición de universidades complejas o simples, en términos de su vinculación con el Estado y en base a una definición genérica se identifican como:
Universidades Estatales:
- Misión y definición en base a un estricto apego a la función pública de la educación.
- Carácter estratégico de las universidades estatales para el desarrollo del país y por lo mismo alineadas plenamente con los objetivos de desarrollo nacional.
- Universidades donde se garantiza su condición laica y se practica el pluralismo ideológico y libertad de cátedra.
- Universidades donde su financiamiento estatal se encuentra resguardado, asociado a la producción de bienes públicos y contribución al desarrollo nacional.
- Universidades, donde se fomenta y se practica en las estructuras institucionales una convivencia democrática y participativa.
- Universidades sometidas a una estricta regulación y fiscalización de su función pública.
Universidades Públicas No Estatales:
- Son aquellas de reconocida trayectoria académica, respaldadas por dos décadas de investigación y creación.
- Constituyen entidades estratégicas para el desarrollo nacional, no obstante su propiedad privada.
- Universidades que combinan en su misión objetivos país con objetivos particulares, que no sean contradictorios con las políticas estatales. Lo anterior, como requisito para un financiamiento en base convenios de desempeño.
- Su existencia no se encuentra mediada por la búsqueda de lucro y se someten a la regulación y fiscalización del Estado.
- Universidades, donde se fomenta y se practica en las estructuras institucionales una convivencia democrática y participativa.
- Objetivo 5. Financiamiento Institucional, aranceles y equidad en el ingreso a las universidades estatales.
De lo anterior, en materia de financiamiento se propone:
- Reciben aportes del Estado aquellas universidades que cumplen con fines públicos.
- Relación preferencial de financiamiento entre el Estado y las universidades de su propiedad, expresado en Aporte Basal mínimo de 50% del presupuesto de las universidades del Públicas del Estado.
- Aporte para las Universidades Públicas no Estatales mediante convenios de desempeño.
- Gratuidad de aranceles para todos los estudiantes que accedan a las universidades e instituciones de educación superior del sistema público. Considerando como públicas todas aquellas instituciones que se someten a los criterios del Estado en materia de fines y objetivos de la educación superior.
- Fijación de arancel de carácter nacional, para todas las instituciones que reciben aportes del Estado en materia de financiamiento institucional y de aranceles estudiantiles.
- Creación de una nueva modalidad de acceso a la educación superior destinada a los estudiantes destacados o meritorios de los establecimientos que reciben financiamiento público. Ingreso paralelo orientado a mitigar las distorsiones e inequidades del sistema PSU. Dicha modalidad, debiese llegar al 15% de la matricula de las universidades estatales.
- Objetivo 6. Centros de Formación Técnica Estatal. Un nuevo componente del sistema.
5.3 Derecho a contar con una salud pública universal de calidad [16].
Apostamos a instalar los principios de Solidaridad, Integralidad, Igualdad, Universalidad y Gratuidad como ejes rectores.
5.3.1 Objetivos Estratégicos Del Programa De Salud.
Hemos generado una propuesta integrada, dividida en tres niveles de prioridad tomando en cuenta factores de orden político, técnico, financiero, y el grado de generalización y la urgencia impuesta por la dinámica de los movimientos sociales, fuerza principal con la que contamos para impulsarla.
PRIMER NIVEL: Incluye aquellos objetivos más generales y urgentes que se dirigen a rescatar al sistema público de salud del deterioro al que ha llegado, como resultado de la política de salud neoliberal aplicada en los últimos 30 años.
a) Reconocimiento del Derecho a la Salud
Reconocer el derecho a la salud con rango constitucional y modificación del rol del Estado, de subsidiario a responsable, con las funciones de protección, prevención, promoción, curación, rehabilitación y financiamiento.
Consideraciones: La C80 garantiza acceso y la libertad de elegir “seguros” de salud, lo que impide eliminar las ISAPRE. Salud como derecho, según la OMS implica que Estado está obligado a su respeto, protección y realización.
b) Aseguramiento Universal del Financiamiento de la Salud
Consolidar el total de las contribuciones sociales de salud (cotizaciones) de FONASA e ISAPRE, y los recursos fiscales provenientes de impuestos generales, en un solo gran fondo que asigne los recursos en base a las necesidades sanitarias de la población, que no involucre copagos para los usuarios, terminando con la segmentación por ingresos, por estado de salud, edad y sexo.
Consideraciones: si se eliminan las ISAPRE se inyectan aproximadamente 320 mil millones de pesos a salud que hoy van utilidades exorbitantes, a gastos de sueldos de gerentes y directivos, a publicidad, a inversiones especulativas o relacionadas con los holding. Las ISAPRE tuvieron el año pasado, 81 mil millones de utilidad; pero se estiman en 320 mil millones los excedentes entre ingresos por cotizaciones (7% mínimo y en promedio 12%) y sus costos de operación (bonificaciones por prestaciones de salud y pago de licencias médicas). El aporte estatal constituye un 27% del gasto total y el 73% sale de los bolsillos de los usuarios como cotizaciones, copagos y otros costos adicionales.
c) Rescate y Expansión del Sector Público
Política de inversión creciente en el sector público y detención del traspaso de recursos fiscales al sector privado. Los recursos rescatados serán destinados a dotar al país de una red asistencial capaz de satisfacer los requerimientos de los cambios demográficos y epidemiológicos.
Consideraciones: PIB Chile 163 669 MM USD, Gasto total en salud 8,2% del PIB, Gasto en Salud Sector Público 3,8 % del PIB (Fuente: Superintendencia de Salud 2011). Gasto en Salud OCDE 11,9% del PIB, Gasto en Salud Sector Público 7,4 % (Fuente Banco mundial 2011). Los recursos que se traspasan del fisco a los privados son del orden de los 1.000 M USD al año. La deuda hospitalaria producto de la falta de recursos en 2013 superó los $ 103.948 millones. Por la política de concesiones el Estado deberá pagar aproximadamente U$600 millones por dos hospitales que cuestan menos de U$300, es decir, el doble. El gasto de los hogares según el INE es de un 1,83% en medicamentos.
d) Cobertura de Medicamentos Asegurada
Reducir drásticamente el gasto de bolsillo, incorporando la cobertura de los medicamentos en los esquemas de financiamiento y garantizando su disponibilidad gratuita en el nivel primario de atención y en los hospitales públicos.
Consideraciones: El copago asociado a medicamentos representa alrededor de 48% del gasto de bolsillo total y ha ido en aumento. El gasto anual en medicamentos sería de $1.700 millones de dólares anuales entre ventas y entregas de CENABAST a hospitales y consultorios,
e) Dignificación del Trabajo en Salud y Estabilidad Laboral
Política que incremente la calidad de la atención a través de estímulos, carrera funcionaria, estabilidad laboral, derechos laborales, dignificación del trabajo y capacitación constante
f) Fortalecimiento de la Atención Primaria y del Modelo Familiar y Comunitario.
Materializar el cambio en el modelo de atención, organización de la red y disposición de recursos, para poner en énfasis en la atención primaria, orientada a la promoción, prevención y rehabilitación, articulación adecuada entre niveles y grados de complejidad y con enfoque familiar y comunitario.
Consideraciones: Actualmente se entregan $3.500 mensuales por persona inscrita en un consultorio, siendo este ítem considerablemente baja en relación a los niveles terciario y secundario. Los recursos que destina FONASA a APS son solo el 12% del gasto total de este fondo.
SEGUNDO NIVEL: Son objetivos sectoriales especiales que forman parte de los anteriores y corresponden a demandas sentidas de los movimientos sociales.
a) Fortalecimiento de la Salud Pública y Protección Ambiental
Reorganización del Ministerio de Salud para la conducción, normativa, regulación pública y privada y la planificación de la Salud Pública, con mayor autonomía de hacienda. Dotar a las SEREMI de Salud, niveles superiores del Ministerio de Salud y Autoridad Sanitaria de instrumentos y atribuciones que permitan garantizar la adecuada toma de decisiones en materia ambiental.
b) Democratización y participación en el Sistema de Salud
Ampliar la participación de usuarios, trabajadores y organizaciones sociales, con carácter resolutivo, fortaleciendo y creando organismos para la elaboración participativa de políticas de salud, planificación, rendición de cuentas y evaluación de la ejecución de las tareas que correspondan a cada nivel.
c) Restaurar el Rol Público de la formación de Salud.
Reorientar la formación de pre y postgrado hacia el desarrollo de la vocación de servicio, trabajo en equipo, enfoque de salud comunitaria y el fortalecimiento del sistema público, mediante una mayor regulación del sistema, planificación del numero de egresados, y correcta acreditación de instituciones, carreras y programas de formación.
TERCER NIVEL: Comprende objetivos que requieren mayor tiempo para su desarrollo, o necesitan de una discusión acabada de las propuestas y consensos político-sociales.
a) Desmunicipalización concordada
La rearticulación del sistema público desde una estructura que supere gradualmente los problemas de desfinanciamiento, gestión y articulación con los niveles secundario y de mayor complejidad, respetando los derechos adquiridos por los trabajadores.
b) Fortalecimiento de la colaboración internacional.
Intensificar la integración para enfrentar los problemas comunes de desigualdad, costos de medicamentos, insumos, en un mundo globalizado, donde el orden internacional está regido por intereses transnacionales
5.3.2 . Medidas para un Cambio Democrático en Salud entre 2014 y 2018
La primera tarea es rescatar al sistema público de la crisis a la que lo ha llevado la continuación de la política de la dictadura. El primer paso hacia el rescate es garantizar atención de salud oportuna e integral a todos los beneficiarios del sector público. La emergencia exige focalizar la atención en los problemas que no pueden esperar en servicios de urgencia, consultorios de especialidades y hospitales. Pero es también indispensable iniciar desde ahora una ampliación de coberturas, prestaciones y recursos humanos del sistema público de salud, resolver la precarización del trabajo en salud y complementar esas medidas con un plan de solución gradual a los problemas postergables.
MEDIDAS DE PRIMERA PRIORIDAD:
a) Avanzar hacia el aseguramiento de la atención salud para toda la población tributaria de FONASA
b) Crear el fondo único solidario con una cotización básica del 1% de los ingresos y una escala progresiva.
c) Asegurar un aumento anual del presupuesto del sector público de 350 Millones de dólares durante 4 años.
d) Terminar con los subsidios y la compra de servicios al sector privado en el curso de 4 años.
e) Dar término a la integración vertical de isapres y clínicas privadas mediante medidas administrativas y legales
f) Ampliar la dotación de APS en al menos 1000 médicos en 4 años mediante becas del MINSAL, vinculadas a carrera funcionaria y especialización.
g) Poner en acción las camas que están cerradas.
h) Abastecimiento asegurado para entrega de medicamentos gratuitos necesarios en hospitales y consultorios a través de CENABAST o bien mediante convenios fijados por el MINSAL.
i) Poner en marcha un plan decenal de cirugía ambulatoria en Hospitales A-B-C.
j) Término al programa de hospitales concesionados, suspensión de las puestas en marcha y otras forma de traspaso de recursos a privados.
k) Elevar el presupuesto anual destinado a mejorar las condiciones salariales y laborales de los funcionarios de salud hasta igualarlas con las del resto del sector público.
MEDIDAS DE SEGUNDA PRIORIDAD
a) Descentralizar las capacidades de especialización en regiones y comunas ampliando y reforzando los programas de destinación y formación de post grado en regiones
b) Crear un plan central de formación de especialistas en las disciplinas en falencia nacional y en regiones.
c) Poner en marcha plan decenal de ampliación de 7000 nuevas camas para elevar la tasa de 2.0 camas por 1000 hbs. a 3.0 por mil.
d) Dar cumplimiento a estatuto administrativo respecto al 80% del personal en la planta titular y solo 20% a contrata, mediante la ampliación progresiva de la planta en 4 años.
e) Poner en marcha un plan decenal de dotación tecnológica, equipamiento de hospitales y consultorios con adecuada distribución regional y la formación de recursos humanos calificados.
f) Asegurar el financiamiento de los programas de salud pública centrales tales como IRA, ERA, TBC, Salud Infantil, Nutrición, Tercera Edad, Mujer, Salud Mental.
g) Actualizar y poner en marcha un Formulario Nacional Ampliable, de aplicación obligatoria en la Salud Pública e informado al paciente en la privada, con criterios de calidad, bioequivalencia y bioefectividad definido por el ISP.
h) Puesta en marcha de un plan decenal de creación de 800 nuevas camas de pacientes en estado crítico, en hospitales y servicios de urgencia.
MEDIDAS DE TERCERA PRIORIDAD
a) Reintegrar el Hospital José Joaquín Aguirre al Sistema Público mediante la actualización de convenios entre la U. de Chile y el MINSAL.
b) Poner en marcha el plan de Salud Pública con proyección a la Atención Primaria de salud, para toda la población; protección ambiental, accidentes escolares, del trabajo y enfermedades profesionales de las pequeñas y medianas empresas.
c) Abrir los programas comunales de salud escolar orientados a la promoción de salud y la prevención de los riesgos de la adolescencia.
d) Restablecer la formación en educadores para la salud de carácter profesional y su carrera funcionaria, para coordinar las actividades educativas en programas de salud escolar, salud mental, drogas, tercera edad, así como en programas comunitarios.
e) Término de los contratos a honorarios para funcionarios que desempeñan funciones regulares por más de 1 año.
f) Reponer los Consejos Docente Asistenciales en el MINSAL con atribuciones sobre la orientación de la investigación, extensión y docencia.
g) Rescate y financiamiento de los Hospitales Docentes y Campus Clínicos.
h) Crear un Consejo Nacional de la Salud, con carácter resolutivo y representativo de los usuarios organizados, colegios profesionales, gremios, equipos de salud, universidades y sector privado.
i) Reproducir el Consejo en todas las regiones, las comunas y establecimientos, con participación de organizaciones sociales de usuarios.
j) Ampliar la colaboración internacional con los países de América Latina y el Caribe con base en las organizaciones regionales.
5.4 El derecho al disfrute de todas las manifestaciones de la cultura, el arte, la práctica deportiva y la realización de la vida social, según los intereses de cada uno.
5.4.1 Marco general.
La principal riqueza de nuestro país la constituyen sus personas.
Simultáneamente, su mayor precariedad es la segregación expresada en la creciente desigualdad, la exclusión y el aislamiento de amplios sectores de chilenos.
Se incrementa de manera sostenida el rechazo a una sociedad regida sólo por los grandes indicadores económicos y en desmedro de quienes generan esa riqueza, situación que ha derivado en una crisis valórica y el debilitamiento de la credibilidad de los órganos y sistemas de representación política del Estado.
Aspectos sustantivos del desarrollo de una sociedad democrática como la generación de conocimiento a través del sistema educativo y la actividad cultural, no pueden ser restringidos a las condiciones impuestas por el mercado ni cautivas del lucro.
Entender la cultura como un fenómeno humano complejo y diverso, que da cuenta tanto del plano de las ideas como de lo material y las conductas, es fundamental para un proyecto de país, sociedad y futuro gobierno que no limite la cultura sólo a las manifestaciones artísticas.
En tal sentido, un asunto cardinal es el desarrollo de una cultura de la democracia como eje central de las políticas de Estado, expresada en el fomento de una ciudadanía informada, organizada y efectivamente integrada en la toma de decisiones de la Nación, inspirada en el pluralismo y el respeto a la diversidad, dotada de conciencia crítica y capacidad para expresar sus visiones.
La implementación de políticas en esta materia plantea en primer lugar la responsabilidad del conjunto de las instituciones del Estado y de fin público con el desarrollo integral de una sociedad inspirada en la profundización de la democracia. Toda política cultural debiera promover espacios de reflexión y generación de identidad desde la diversidad que representa el país. Pensar una política pública de cultura que reoriente su accionar a la creación de actores y actrices sociales solidarios y aportando al desarrollo del país.
En esta dirección, un asunto fundamental es la recuperación del rol de las universidades e instituciones de Educación Superior en materia de investigación y extensión cultural, hoy severamente distorsionada producto de la aplicación de visiones neoliberales. Asimismo, es imperioso el desarrollo de una política destinada a la democratización de los medios de comunicación social -hoy a expensas exclusivamente de criterios de mercado y controlados por grandes grupos económicos- en aras de garantizar el pluralismo informativo y el desarrollo cultural.
Toda limitación de la cultura a la condición de mercancía, así como la reducción del pueblo a la condición de “masa consumidora” que accede a “los bienes culturales” como un producto que le es ajeno y ante el cual participan sólo como espectadores pasivos de contenidos artísticos, redunda en una concepción que no está centrada en el desarrollo del protagonismo y la identidad popular en las transformaciones que nuestra sociedad requiere, lo que demanda una modificación conceptual de fondo que se debe expresar en la nueva institucionalidad.
El conocimiento, como parte constitutiva de la cultura, se ha ido transformando en una fuerza productiva de primer orden incorporando en la creación y el desarrollo a una cantidad creciente de individuos. La creación de valor es hoy -y lo será más aún en el futuro- una práctica de relaciones de producción.
Si bien se han implementado durante las últimas dos décadas diversas iniciativas como la creación del Consejo Nacional de las Artes y del Fondart, destinadas al desarrollo cultural, éstas han estado centradas en criterios de ponderación cuantitativos en desmedro de lo cualitativo, evidenciando con ello una deficiencia estructural en la consideración del rol de la cultura en el desarrollo.
Los fondos concursables, si bien han contribuido al financiamiento de numerosas iniciativas, dada su naturaleza redundan en una condición de precarización laboral de los creadores al no brindarles una fuente estable de financiamiento, adicionalmente con requerir de los postulantes el desarrollo de destrezas en materia de gestión que mediatizan el valor de su creación.
Los hechos señalan la necesidad de políticas orientadas al desarrollo de fuentes de financiamiento estable de la actividad cultural, centrada en instituciones públicas y organizaciones sociales.
La memoria constituye un patrimonio social indispensable para el desarrollo y la estabilidad de una sociedad democrática.
La acepción de Chile como país multicultural requiere de políticas de Estado basadas en el pleno reconocimiento y respeto a la diversidad de las raíces culturales -en especial de los pueblos originarios- de quienes conformamos nuestra sociedad, conforme a las especificidades de origen y tradición, como componentes de nuestra identidad plural.
5.4.2 Sobre la Institucionalidad Cultural
La Institucionalidad Cultural creada en Chile en 2003 con el nacimiento del CNCA, contribuyó al reconocimiento formal del rol de la cultura en la esfera del Estado. Sin embargo, entre los propósitos y objetivos establecidos en el texto y los hechos se presenta una ostensible distancia.
La institucionalidad cultural debe avanzar en la creación de mecanismos idóneos que le otorguen una legitimidad reconocida por todos los actores del quehacer cultural, especialmente que asegure la participación de la sociedad civil organizada.
La participación no se puede entender sólo como el acceso a los bienes culturales, sino que se requiere establecer los mecanismos adecuados para promover el desarrollo de la cultura y la creación cultural a todo nivel.
Asegurar la representatividad del mundo cultural y social en las instancias colegiadas del Ministerio.
El PDL crea el Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Consejo Nacional de la Cultura y el Patrimonio. La representatividad debe ser uno de los aspectos fundamentales de la institucionalidad cultural. Se plantea que el Consejo esté compuesto por 12 miembros. De los cuales 5 los nombra el Presidente de la República (Ministro de Cultura, Ministro de Educación, Ministro de RREE, Director del Instituto de las Artes e Industrias Culturales y Director del Instituto del Patrimonio Cultural).
De esta forma, la representación del mundo de la cultura sólo se limita a cuatro personalidades del mundo de la cultura, los que son designados por el Presidente de la República a propuesta de las organizaciones o entidades culturales del país.
Esta representación es escasa, se debería aumentar a lo menos a seis representantes o más y que estos emanen efectivamente de las organizaciones representativas organizaciones de la cultura, en las diferentes disciplinas.
Si se quiere que efectivamente haya una representación democrática del mundo social organizado de la ciudadanía en la instancia que generara las políticas culturales del país, deben ser incorporados también los trabajadores a través de la CUT, los Estudiantes y una representación de los pueblos originarios, a través de sus propias organizaciones.
Los otros representantes son dos académicos y un Premio Nacional de artes o educación.
Una composición plural, que integre a funcionarios de gobierno, representantes del mundo de la cultura, académicos, trabajadores y estudiantes, asegura de mejor forma las políticas y las decisiones del Consejo tengan una mirada amplia en un concepto de la cultura democrática, inclusiva y participativa.
Los mismos criterios se deben repetir en la composición de los Consejos Regionales, dando especial relieve a la integración y representación de los organismos culturales comunales, así como a la representación de las entidades del mundo cultural, que deberían ser 6 y no 4, y que a lo menos una de éstas sea representante de organizaciones populares ligadas a la cultura.
Fortalecer los Fondos Nacionales de Desarrollo Cultural y Arte; Fondo del Libro; Fondo de la Música Nacional, Fondo Audiovisual. Asimismo, se deben mantener y perfeccionar los mecanismos existentes de participación directa de la sociedad civil organizada, a través de la integración representativa de los distintos cuerpos colegiados (Consejo Nacional y Regionales de la Cultura y las Artes, Consejo Nacional del Libro y la Lectura, Consejo de Fomento de la Música Nacional y Consejo del Arte y la Industria Audiovisual), conservando sus competencias resolutivas en materia de aprobación de las políticas culturales generales y sectoriales, y otorgando esta competencia a los consejos que no la tienen (como es el caso de los consejos sectoriales, que mantienen un carácter de representatividad y no de entidad representante). También será necesario profesionalizar la labor de los consejeros, estableciéndoles una remuneración digna por cumplir dicha labor.
5.4.3 Descentralización Cultural. La Cultura en el Territorio.
La Gestión cultural debe ser descentralizada, territorializada, dando mayor autonomía a los consejos regionales para elaborar sus propias políticas, según sus realidades culturales propias.
Los consejos regionales deben tener una relación mucho más estrecha con los gobiernos locales, municipios, entidades culturales desplegadas en los territorios y barrios.
No se puede replicar en regiones una política cultural diseñada en la Región Metropolitana.
La entidad Regional de Cultura y Patrimonio a través de las secretarías regionales y los consejos regionales de Cultura y Patrimonio, debe promover y apoyar la creación de concejos culturales de la sociedad civil, a nivel comunal o provincial, que permitan articular la participación y la creación de la cultura popular a nivel de la base, de los centros culturales barriales, de las organizaciones ciudadanas, con apoyo financiero regional.
5.4.4 Presupuesto y Financiamiento
En relación al total del presupuesto de la Nación, los recursos para cultura no superan el 0,4%. (OPC) Esta cifra debe aumentar significativamente si se quiere tener un desarrollo cultural acorde a las expectativas sociales y que reconozca a la cultura como un factor del desarrollo.
Es fundamental evaluar el modo de financiamiento del Estado, incrementando sustantivamente los fondos concursables y generando mecanismos de financiamiento directo desde el Presupuesto Nacional, destinado a aquellas iniciativas que fomenten un mayor desarrollo cultural del país.
La Cultura debe tener financiamientos múltiples:
Financiamiento directo del Ministerio de Cultura a los diversos programas.
Incremento de los Fondos Concursables
Incremento del FDR que aplica a cultura.
Financiamientos compartidos, Estado, Mundo Privado, creadores.
Ley de Donaciones Culturales.
5.5 Derecho a vivir en el ejercicio de las libertades individuales y en igualdad de género [17]
5.5.1 En el marco de una nueva Constitución, los y las comunistas aspiramos también a consagrar el derecho a la libertad y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Para un desarrollo del proyecto personal de vida, se requiere que nuestra sociedad y el Estado genere las condiciones objetivas, como el derecho a la educación, salud, vivienda, cultura, trabajo, etc., pero también se debe garantizar la autonomía de las personas para tomar sus decisiones, por ende la construcción como sujeto(a) en sus opciones de vida.
La igualdad y la libertad deben contextualizarse en el marco del respeto de los Derechos Humanos de primera y segunda generación. Hoy nuestro país no garantiza el respeto a todos los derechos humanos, en tanto la Constitución no consagra los derechos sociales, ni tampoco respeta el desarrollo de un Estado Laico que permita que cada individuo(a) elija y tome sus opciones sin imposiciones religiosas, políticas, económicas, culturales, étnicas. Ese no respeto al proyecto de vida individual, al desarrollo de la personalidad o la construcción de sujeto(a), sumado a un modelo de desarrollo neoliberal, impide y retarda visiones de respeto a la diversidad cultural, étnica, sexual, de género, de credos, ideologías o políticas, genera individuos menos solidarios y que no ven en la acción colectiva una mejora de sus condiciones y calidad de vida. De ahí que propugnamos una sociedad y un Estado que reconozca, respete y promocione la diversidad y la solidaridad.
Por lo anterior, creemos imprescindible avanzar en una institucionalidad que aborde la especificidad de las mujeres y la diversidad sexual sin abstraerse de las relaciones sociales en las cuales se desenvuelve las y los sujetos.
El género se define como una construcción cultural, social e histórica que sobre la base biológica del sexo, determina normativamente lo masculino y lo femenino en la sociedad, así como las identidades subjetivas y colectivas. El rol de género no se fija al nacer, sino que se desarrolla acumulativamente mediante las experiencias del aprendizaje -formal y no formal- que vivimos todos los seres humanos a lo largo de nuestras vidas. El género también se articula con otras formas de desigualdad como son la de clase, étnica, etárea.
Por eso proponemos la creación de un Ministerio de la Mujer, en la perspectiva de avanzar hacia una institucionalidad de Igualdad de Género.
5.5.2 La exclusión, subordinación y opresión de las mujeres, sigue siendo condición y síntoma de la inequitativa distribución del poder.
Los avances en las condiciones de las mujeres, su valoración y sus expectativas, no han transformado en lo sustancial las relaciones de discriminación. Las mujeres viven diariamente violaciones a sus Derechos Humanos, con discriminaciones en la política, la educación, el trabajo, la salud, el matrimonio y las relaciones de pareja, la familia y en sus derechos sexuales y reproductivos. La persistencia de prejuicios culturales y un de orden jurídico incapaz de garantizar la igualdad –incluso con normas que discriminan- han limitado gravemente los derechos de las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado, por eso proponemos:
a) Ratificación del Protocolo de la Convención sobre Eliminación de toda forma de discriminación contra la Mujer, CEDAW, vigente desde 1989,
b) Campañas y políticas educacionales que transformen el sustento cultural que permite y reproduce la violencia contra las mujeres.
c) Asegurar el cumplimiento de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, de Belén Do Para.
d) Cumplir con los acuerdos sobre derechos sexuales y reproductivos de la IV Conferencia sobre Políticas de Población (El Cairo, 1994).
e) Democracia participativa y con mayor igualdad de género. Más y mejor representación de las mujeres en cargos de elección popular. Políticas de representación equilibrada entre hombres y mujeres.
f) Reforzamiento de Ley Antidiscriminación, para que existan sanciones reales, y por sobre todo la promoción del respeto a la diversidad en todos sus ámbitos.
g) Proponemos una ley para que el estado reconozca la identidad de género de las personas transexuales, que les permita cambiar su nombre y sexo legal en el acta de nacimiento y tener una cédula de identidad acorde a su identidad de género. En esta perspectiva la Identidad de Género se consagraría como la forma en que vivencia una persona su genero, y que puede o no corresponder con el sexo de nacimiento, y reconocería el derecho de toda persona a ser tratada de acuerdo a su Identidad de Género.
5.5.3 Las transformaciones demográficas, las crisis económicas, los cambios en los valores que conducen a nuevas pautas de relación entre los sexos y generaciones, la creciente incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, y el necesario reconocimiento de la diversidad sexual que lleva a la conformación de parejas de personas del mismo sexo y/o de diferentes géneros, entre otras, son causas de la variedad en las composiciones familiares actuales en nuestro país, por eso proponemos:
a) Reconocimiento de las distintas formas de familia y aseguramiento de acceso igualitarios a beneficios de políticas sociales (vivienda, salud, previsión).
b) Proponemos el reconocimiento de las uniones de hecho de las parejas en general y la unión civil entre parejas del mismo sexo (matrimonio igualitario).
c) Eliminación de las normas discriminatorias hacia las mujeres en los regimenes matrimoniales y en la administración de bienes familiares.
5.5.4 El trabajo de las mujeres se refiere a las condiciones del empleo asalariado, a las actividades productivas formales e informales y al trabajo doméstico no remunerado. Este último es un elemento central, ya que es asignado culturalmente como de su responsabilidad, situación que no tiene visibilidad ni reconocimiento, y que para las trabajadoras remuneradas implica una “doble jornada obligatoria”. La carga de trabajo doméstico y el rol de las mujeres en trabajo de soporte comunitario, se han acentuado en las últimas décadas, debido a la disminución del peso del Estado como garante de los derechos económicos, sociales y culturales; las consiguientes privatizaciones, han trasladado la satisfacción de necesidades comunitarias y familiares a las mujeres (cuidado de enfermos, promoción y prevención comunitaria, alimentación, enseñanza), promoveremos:
a) Ratificación de todos los convenios internacionales OIT en materias de protección en el trabajo, en especial el Convenio 100 sobre igualdad de remuneración (1951), el Convenio 111 sobre la discriminación en el empleo y la ocupación (1958), el Convenio 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares (1981) y el Convenio 183 sobre la protección de la maternidad (2000).
b) Creación de mecanismos que sancionen la violación del fuero maternal.
c) Derecho de hombres y mujeres trabajadores al cuidado parental de los hijos y las hijas hasta los 6 años.
d) Establecer la jubilación, con todos los beneficios asociados (pilar solidario) para todas las mujeres a los 60 años de edad.
e) Postnatal de 6 meses real, y postnatal a los hombres obligatorio, no intercambiable con la mujer madre.
5.5.5 El respeto de la vida de las mujeres y de la decisión autónoma sobre su cuerpo, sexualidad y reproducción sigue pendiente. Estas dimensiones, están en la base de la construcción de su ciudadanía plena y de su constitución como sujetas de derecho. Los derechos sexuales y reproductivos no han sido reconocidos en la legislación nacional, y subsisten disposiciones legales que impiden la decisión libre y sin coacciones ni violencias de las mujeres en aspectos relativos a su sexualidad y reproducción, proponemos:
a) Avanzar en la adopción de una legislación integral sobre violencia contra las mujeres que considere sus múltiples manifestaciones, tanto en el espacio privado como público, y que contenga mecanismos efectivos para su prevención, atención y sanción.
b) Tipificación del femicidio como crimen de género
c) Construir un sistema nacional de información sobre violencia contra las mujeres y el femicidio.
d) Asignación especifica de recursos del Estado para la implementación de políticas y programas públicos de atención a la violencia contra las mujeres
e) Capacitación sostenida de funcionarios y funcionarias públicos/as en la atención de la violencia contra las mujeres
f) Incorporación efectiva de la violencia contra las mujeres como prioridad en la política de seguridad ciudadana y en los delitos de mayor connotación social.
g) Nueva Ley Marco de Derechos Sexuales y Reproductivos.
h) Derogar la penalización a las mujeres que se practican un aborto.
i) Despenalización del aborto en el primer trimestre de gestación, y garantía como una prestación de salud sexual y reproductiva.
j) Acceso a métodos anticonceptivos modernos y adecuados para toda la población, incluyendo adolescentes, con pleno respeto a las condiciones de confidencialidad y privacidad. Acceso universal y sin receta médica previa, a la anticoncepción de emergencia.
k) Implementación de políticas y normativas de salud sexual y reproductiva que permitan prevenir el embarazo no deseado y el aborto y creen condiciones para la toma de decisiones libre e informada de las mujeres en estas materias, y fomenten la responsabilidad de los hombres en la reproducción.
l) Reglamentación de la Ley de VIH/SIDA para su debida aplicación.
La Educación también reproduce las desigualdades en la distribución del poder, como los prejuicios culturales sobre los géneros, por eso propugnamos:
a) Avanzar en la eliminación del currículo oculto en el sistema escolar que reproduce prácticas sexistas y determina que las niñas se orienten a áreas que son extensión de sus roles domésticos y tradicionales y que limitan su futuro.
b) Elaboración e implementación de una normativa que investigue la discriminación de estudiantes de ambos sexos por opción sexual y que sancione su ocurrencia, y restituya los derechos vulnerados de las y los afectados.
6. Regionalización en Chile. Una mirada crítica a sus contenidos y proyecciones[18].
6.1. Hace más de treinta y cinco años la dictadura militar (1973 – 1990) comunica a todo el país el inicio de la modernización del Estado. El gran instrumento de modernización es la regionalización del país. La creación de 12 regiones y una región metropolitana. Es un hito de importancia para el Estado chileno en términos políticos como administrativo, rompe con tradición de administración territorial de nivel provincial. Se mantiene la administración comunal del territorio en los municipios. Se instala el concepto de regiones, que tiene como función principal la administración delegada del territorio desde el poder ejecutivo central.
Este cambio fue mediado por dos visiones. La primera, una mirada de seguridad nacional, en donde la regionalización, es un instrumento de control político – militar de los territorios a través de la figura de la Intendencia. El Intendente como representante del poder ejecutivo en la región y como jefe de guarnición militar su principal función es la de seguridad interior de la región. La segunda visión es la idea desarrollista del territorio. Plantea como hipótesis de trabajo, que las regiones debiesen preparar su territorio, al cambio de sistema productivo del país, orientado hacia las exportaciones de recursos naturales de bajo valor agregado. Basándose básicamente en la teoría de las ventajas ricardianas, que plantean que la fortaleza de un territorio está determinada por sus ventajas comparativas (endógenas) para producción de un bien con respecto a otro territorio. La idea central que domina esta visión es que las nuevas regiones pueden potenciar estas ventajas por medio de la inversión pública regionalizada. De esa manera potenciar la inserción de las “economías regionales” a la globalización económico productiva. Esto significa poner en práctica desde el territorio las políticas de orientación a las exportaciones. Cabe destacar que la inserción de Chile a la globalización del mercado fue por medio de políticas aperturistas que las dirigía el Estado central.
6.2. Es necesario que una nueva estrategia de desarrollo para el país sea depositaria de las expectativas ciudadanas de desarrollo colectivo e individual para todas las regiones y comunas del país, velando por un crecimiento y productividad sustentable, respeto por el medio ambiente y el fortalecimiento de la identidad local, a la vez que considerando una modernización del Estado que apunte a una estrategia de desarrollo económico y social para las regiones del país, junto a un pacto de cohesión territorial entre el nivel central del Estado, las regiones y comunas, orientado a cautelar que todos los territorios de Chile puedan desarrollarse en el máximo de su potencialidad y que ninguno se vea marginalizado.
6.3. Propuestas de acción.
a) Modernización territorial del Estado de Chile en los ámbitos de Gobierno y administración de Territorios Regionales Comunales.
- Elección directa de Intendente Regional.
- Participación comunitaria normada en la formulación de presupuesto regional y comunal.
- Revocabilidad de mandato de las autoridades comunales y regionales electas democráticamente.
- Terminar con la condición de los municipios como órganos de administración territorial y entregar las competencias de gobierno comunal con autonomía política y financiera reales, a través de una Reforma Municipal.
- Creación de tribunal de cuentas en cada región con competencias con competencias sobres los organismos de gobiernos regionales y sobre los gobiernos comunales.
b) Modernización de la Gestión Pública Regional y Comunal.
- Trasferencias de competencias en elaboración, financiamiento, control y evaluación de políticas y políticas públicas a los gobiernos regionales y locales en los siguientes ámbitos de política: educación (prebásica, básica y media), salud, infraestructura y vialidad, ordenamiento territorial, desarrollo económico (emprendimiento y producción), energía, medio ambiente, transporte y comunicaciones, vivienda y territorios especiales.
- Mejoramiento de diseños de las plantas municipales y de los gobiernos regionales ajustados a los requerimientos de desarrollo y vocación de las regiones y comunas respectivamente, con participación de gremios y asociaciones de funcionarios municipales.
- Creación de un sistema de planificación y coordinación de carácter integrado en cada región del país.
c) Inversión y gasto regional y comunal.
- Transferencia de recursos de la inversión sectorial nacional a un sistema de inversión sectorial regionalizada según el traspaso de competencia.
- Creación de un fondo de compensación territorial para la inversión en desarrollo e inversión social. El principio que debe operar en el fondo debe ser inversamente proporcional a la generación del PIB regionalizado y a indicadores de desarrollo humano.
- Creación de un fondo regionalizado para el desarrollo de una política de ciencia y tecnología regional.
- Modernización del Fondo Común Municipal. Tanto de la perspectiva de los ingresos como de la perspectiva de su redistribución. Incremento sustantivo del aporte del Estado y de las comunas que concentran la mayor cantidad de ingresos devengados de bienes raíces y patentes.
- Tributación obligatoria de las empresas en donde se origina la producción y no donde se tiene la casa matriz de la empresa ( que habitualmente es Santiago)
d) Regionalización y administración territorial.
- Creación de nuevas regiones, provincias y comunas.
- Creación de Alcalde Mayor en la las ciudades de carácter metropolitano y en transición.
- Definición de territorios especiales tanto intra regionales como nacionales.
7. La revisión de nuestra política exterior, con una vocación latinoamericana
El futuro de América Latina puede construirse con lo mejor cada pueblo partiendo de premisas esenciales, tales como:a) La integración energética sostenible en el tiempo y armónica con el medio ambiente.
b) Acuerdos de integración poniendo también acentos en la micro, pequeña y mediana empresa de la región y en políticas de desarrollo e innovación científica y tecnológica.
c) El respeto y reconocimiento a las culturas y derechos de autonomía de las comunidades originarias, incluyendo la protección y estímulo a su producción artesanal.
d) La resolución pacífica de los conflictos históricos entre los países.
e) El fortalecimiento de los procesos democratizadores en concordancia con los procesos histórico culturales de cada país.
f) El avance hacia una política migratoria que reconozca una identidad latinoamericana
Rev. D
16 Junio 2013
[2] Tenemos en cuenta la formulación desarrollada en su momento por el General Carlos Prats G., entonces Comandante en Jefe del Ejército de Chile: “Una nueva Carta Fundamental debiera precisar su misión permanente de garantizar la soberanía nacional en el ámbito geo económico y su misión eventual de participar en el resguardo del orden interior, todo ello sujeto a las directivas del Poder Ejecutivo”. Entrevista a la revista Chile Hoy, el 26 de noviembre de 1972
[3] Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
[4] Véase, entre otras, la posición del abogado Fernando Atria (integrante del Comando de M. Bachelet), El Mercurio, 31/5/2013, C4
[5] Preparado por Marcos Barraza y Pedro Aravena
[6] Preparado por José Cademártori, con la colaboración de Diego Polanco y Felipe Correa
[7] El Art. 21 de la Constitución señala “El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza”.
[8] Véase “Compromisos para el Chile que queremos”, Comisión Programa Convergencia Opositora, enero 2013
[9] Entre 2003 y 2012 los embarques de cobre en el total de exportaciones representaron en promedio el 55.5%, El Mercurio, 7 de junio 2013, B2
[10] Esta propuesta se plantea elevar la carga tributaria entre 3 y 4 puntos del PIB, reduciendo además el carácter regresivo de la estructura tributaria actual. El monto efectivo de estas medidas podría superar los 9.000 millones de dólares.
[11] Preparado por Felipe Zabala y colaboradores
[12] Preparado por Lorena Pizarro, Pdta. de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
[13] De una mesa de trabajo conformada por representantes de la Concertación, abogados de derechos humanos y agrupaciones de Familiares se elaboró un Proyecto de nulidad, que ingresó al Senado el 21 de abril de 2006, Boletín 4162-07
[14] Preparado por Marcos Barraza y Nelson Ruminot..
[15] Preparado por Nicolás Cataldo, Fernando Flores y Marcos Barraza
[16] Preparado por el Taller de Salud Tegualda Monreal.
[17] Preparado por Claudia Pascual
[18] Preparado por Pablo Monje-Reyes, Cientista Político
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