SEGUNDA ÉPOCA

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jueves, 11 de julio de 2013

Carta de la CUT Magallanes al Intendente Regional con motivo de la Jornada de Paro del 11 de julio

Señor
Mauricio Peñailillo,
Intendente Regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.
PRESENTE

De nuestra consideración:

Un amplio número de dirigentes de organizaciones sociales, sindicales, ciudadanas, gremiales, poblacionales, de derechos humanos, juveniles, estudiantiles, de profesionales de la salud, educación y de la tercera edad han sido convocadas recientemente por esta Central Unitaria de Trabajadores de Magallanes para escuchar, recoger y sintetizar las principales demandas y propuestas que el pueblo de Magallanes reclama a propósito del paro nacional del próximo 11 de julio.

Como Central Unitaria queremos reivindicar y subrayar el derecho de los trabajadores organizados de Magallanes para sustentar y participar del debate acerca de las políticas públicas a nivel regional, con nuestra visión del desarrollo de esta región austral, con nuestra crítica basada en la experiencia y en la vida laboral concreta de los trabajadores y habitantes de la región y con nuestras propias propuestas de solución a los problemas que ponemos en la agenda pública.

LAS DEMANDAS DE LA CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES A NIVEL NACIONAL

Las organizaciones sociales regionales convocadas por la CUT han coincidido en refrendar y hacer suyos los tres ejes de demandas nacionales de esta Central sindical, reclamando:

a) el impulso decidido a una reforma tributaria que genere los recursos suficientes que el país necesita para invertir en educación pública, salud y mejorar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras chilenos y sus familias;
b) una profunda reforma estructural al sistema previsional chileno de manera de terminar con las Administradoras de Fondos de Pensiones y de construir un sistema de pensiones solidario y de reparto; y
c) una transformación profunda de la institucionalidad laboral de nuestro país, en términos de un nuevo Código del Trabajo construido en democracia y con la participación de los trabajadores, que entre otros conceptos, reconozca la negociación colectiva real y la negociación interempresas, sectorial o ramal, que valide el sindicato como único negociador ante la empresa, que obligue a capacitar y formar a los trabajadores, que devuelva el derecho a huelga, que fortalezca la carrera funcionaria en el sector público, poniendo fin al sistema de contrata y honorarios, y que fortalezca aún más a la Dirección del Trabajo en un herramienta del Estado para defender a los trabajadores de los abusos, arbitrariedades y prácticas anti-sindicales de que son víctimas en forma constante y permanente;
d) reclamamos además un reajuste del salario mínimo que alcance hasta $ 250.000 y rechazamos el aumento marginal otorgado por el actual proyecto de ley que se encuentra en el Congreso Nacional.

Por otro lado, las organizaciones convocadas por la CUT Provincial Magallanes, han acordado demandar e interpelar al gobierno regional que usted preside, para que responda a un conjunto de propuestas y demandas que los trabajadores y ciudadanos de la región de Magallanes han coincidido en hacer públicas y plantear a las autoridades la adopción de medidas efectivas de política pública para impulsar su realización.


LAS DEMANDAS REGIONALES DE LA CUT Y DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA REGIÓN DE MAGALLANES


UN SUELDO MINIMO DIFERENCIADO O REGIONALIZADO


Los trabajadores y los habitantes de la región de Magallanes, territorio caracterizado por su condición extrema y de aislamiento geográfico respecto de los grandes centros productivos del país y del mundo, reconocen que el costo de la vida en esta zona austral es significativamente mayor que en otras regiones de Chile.

Entre un 30% a un 40% de los precios y tarifas en Magallanes se encarecen como consecuencia de los elevados costos de transporte, sin contar lo que significa adicionalmente vivir en Ultima Esperanza, Tierra del Fuego o Cabo de Hornos donde precios y tarifas se incrementan sustancialmente.

Si a esto se agrega que rige en Chile un sistema de fijación del salario mínimo único para todo el país, a partir de un IPC y de un sistema de reajustes también único a nivel nacional, ocurre que los trabajadores que laboran en Magallanes resultan siempre perjudicados por reajustes insuficientes que no obedecen a la realidad regional y local de esta parte del país.

Reclamamos entonces, avanzar en la adopción de un sistema de IPC y canasta familiar regionalizados, con una Ficha de Protección Social adaptada a las condiciones de vida de la región y sus comunas, con un mecanismo de reajuste regionalizado de remuneraciones y pensiones.


NORMAS DE EXCEPCIÓN PARA MAGALLANES QUE BENEFICIEN A QUIENES PRODUCEN LA RIQUEZA EN ESTA REGIÓN


Entendemos que la región de Magallanes dispone de un conjunto de leyes de excepción, sobre la base de beneficios tributarios e ingentes recursos fiscales puestos a disposición de los empresarios de la región.

Sin embargo, constatamos que esas normas no desembocan en un beneficio directo para quienes producen la riqueza en esta región, es decir, los trabajadores, puesto que normas como la bonificación a la contratación de mano de obra, por ejemplo, no ha significado ni una efectiva contratación de mano de obra (recordemos el desempleo estacional crónico en Ultima Esperanza y Tierra del Fuego), ni mejores remuneraciones para los trabajadores.

Nos llama la atención que los trabajadores de Magallanes tributamos para que con esos recursos públicos se pague a los empresarios en la región enormes sumas de fondos fiscales por concepto de las leyes de excepción, pero quienes tributamos no recibimos el supuesto beneficio de esas leyes.

Reclamamos por tanto, que se adopten en Magallanes medidas de política pública, de manera que una parte sustancial de la bonificación a la contratación de mano de obra sea transferida directamente a la remuneración del trabajador contratado bajo esta norma de excepción.


FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y RESPETO A LA CARRERA FUNCIONARIA DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES DE EMPRESAS Y SERVICIOS DEL ESTADO EN CUANTO SERVIDORES PÚBLICOS


Un reclamo transversal que recogemos desde todos los gremios y organizaciones representativas de los funcionarios públicos en Magallanes es la precarización del empleo público y el deterioro de la estabilidad funcionaria, producto de una política de despidos arbitrarios ejecutada desde marzo de 2010 en la región como en el resto de Chile.

Entendemos que los funcionarios públicos son servidores públicos desde el Estado y no empleados dependientes de un determinado gobierno, y por eso reclamamos respeto a la función pública, en términos de incorporar a la planta de los servicios a aquellos funcionarios que se encuentran bajo el régimen de contrata y de honorarios.

Reclamamos con preocupación la reestructuración de servicios públicos generando nuevos espacios para el abuso, la precarización de la función pública, para convertir a los usuarios en clientes del mercado, acentuando el riesgo de tercerización y la jibarización de los órganos del Estado.

Observamos también que en empresas del Estado que son esenciales para el desarrollo regional como ENAP, se continúa precarizando y tercerizando el empleo y las funciones, se descuida la seguridad de las faenas, al tiempo que se continúa privatizando sectores de la actividad energética estatal. Creemos que ni los despidos, ni la tercerización de operaciones ni la precarización de la seguridad de sus trabajadores, son la solución para ENAP, sino por el contrario, porque creemos que esta empresa es fundamental para el desarrollo energético presente y futuro de Magallanes, exigimos un cambio sustancial de política del Gobierno en esta materia.


LA SALUD COMO UN DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL Y RECONOCIDO

Las organizaciones gremiales del sector Salud de Magallanes ponen el acento en la necesidad de avanzar hacia el fortalecimiento del sector público, y por ello compartimos su reclamo para que este gobierno avance en forma efectiva hacia la contratación de médicos especialistas que satisfagan las necesidades de los habitantes de la región.

No basta con una infraestructura de alta calidad como el Hospital Clínico de Punta Arenas construido desde el gobierno anterior, sino que se requiere de una dotación de especialistas médicos suficiente y estable.

Al mismo tiempo reclamamos una efectiva preocupación de este gobierno en materia de salud ocupacional y por lo tanto exigimos una mayor fiscalización a los excedentes y a los procedimientos de las mutuales de seguridad, donde los trabajadores son tratados (y perjudicados) como clientes y deben someterse a la lógica perversa de las llamadas “preexistencias”, de donde resulta que dichas mutuales funcionan como mecanismos funcionales a los intereses de las empresas y donde actúan como juez y parte.

Compartimos la demanda de los diversos gremios de la Salud y reclamamos del gobierno se adopten medidas concretas y eficaces para acordar con los trabajadores del sector en la definición de una política moderna, eficaz y eficiente en materia de adquisición y compra de medicamentos y dispositivos de uso médico, almacenamiento y distribución a toda la red pública en la región, garantizando para ello la inversión pública regional en infraestructura para estos efectos.

Por otro lado y respecto a las organizaciones de personas afectadas por enfermedades poco frecuentes, nos han expresado y respaldamos sus demandas que se sintetizan en los siguientes puntos:

Exigimos una ley para las enfermedades denominadas poco frecuentes, según el listado de la O.M.S, donde sean incluidas todas las patologías existentes en Chile, con total cobertura en sus tratamientos y medicamentos, seguimiento y rehabilitación, es decir absolutamente amplia en todos los sentidos, sin excluir a ninguna persona en Chile que se encuentre con un diagnostico de este tipo.

Por tanto proponemos incluir:

a) Crear un Registro Nacional de Pacientes debidamente identificados, generando una red de información en todos los centros asistenciales del país, y especialmente en los servicios de urgencias;
b) crear un grupo de profesionales que se dedique a la atención y asesoría de éstos pacientes tales cómo: Enfermeras, Asistente Sociales, Sicólogos, Médicos...etc.;
c) Implementar una Ruta de Derivación, una vez que el paciente se encuentre diagnosticado;
d) Que La Comisión Médica, Preventiva e Invalidez (COMPIN), considere los diagnósticos de manera especial. (En caso de los trabajadores) para que la tramitación de sus pagos por licencias médicas no se transformen en un problema más para el paciente.

Además consideramos es necesario, terminar con las listas de espera en los hospitales, término de la colusión en las farmacias, más profesionales especialistas en cada área, dignidad en la salud tanto para los trabajadores cómo para los usuarios del sistema público.


HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN MAGALLANES

Reconocemos que en Magallanes y en Punta Arenas se ha establecido un doble sistema de transporte público, en el que a los taxis y taxis colectivos se agregan ahora buses urbanos. Los trabajadores del sector transporte y los propios habitantes usuarios, perciben sin embargo que la incorporación de estos nuevos medios de transporte no se ha traducido en un mejor servicio, pensado y enfocado hacia las personas y sus necesidades.

Hacemos nuestra una demanda ciudadana generalizada en cuanto a que se mantenga una tarifa diferenciada para los estudiantes a lo largo de todo el año, y que se establezca una tarifa diferenciada menor para las personas de la tercera edad. Al mismo tiempo reclamamos que el gobierno gestione y se haga responsable de obtener que se definan los itinerarios del sistema de buses urbanos en consulta y con la participación de las organizaciones vecinales, uniones comunales y juntas de vecinos, comités de adultos mayores, centros de alumnos y federaciones universitarias.

Reclamamos además que el gobierno se haga responsable de exigir y fiscalizar que la empresa que gestiona los buses urbanos en Punta Arenas respete los derechos de los trabajadores del transporte consagrados en el Código del Trabajo. El Estado es solidariamente responsable de las condiciones laborales de los trabajadores del transporte público en Punta Arenas, porque la empresa recibe un cuantioso subsidio del Estado y esos mismos trabajadores tributan con su trabajo para producir los recursos fiscales que son entregados a la empresa en cuestión.

Creemos legítima además y respaldamos la demanda de los trabajadores del transporte público para que sean consultados y tomados en consideración a la hora de adoptar -por parte de las autoridades de gobierno- resoluciones y modificaciones al sistema de transporte en Punta Arenas.

UN NUEVO TRATO PARA LA TERCERA EDAD EN MAGALLANES

Magallanes como el resto de Chile, vive desde hace varios decenios un paulatino proceso de transición demográfica y de envejecimiento de su población, agravado por la constante emigración de jóvenes fuera de Magallanes en busca de nuevas y mejores oportunidades educacionales, profesionales y laborales.

Las personas adultas mayores en Magallanes, organizadas y representadas en la Central Unitaria de Pensionados y Montepiadas, reclaman -entre otras reivindicaciones- que el gobierno regional adopte medidas eficaces conducentes a:

a) el pago de la deuda histórica que el Estado mantiene con los trabajadores magallánicos;
b) el mejoramiento y reajuste de las pensiones y montepíos, a un monto igual al sueldo mínimo diferenciado y con derecho a zona, en un 30% al menos;
c) la atención prioritaria por parte del Estado y de los servicios públicos de los enfermos terminales y postrados (que solo en la comuna de Punta Arenas abarca un universo de 500 personas, de las cuales 390 se encuentran en sus domicilios particulares);
d) la implementación de una modificación sustancial a la ficha de protección social, a fin de extender los beneficios hacia los sectores medios y adultos mayores y reformular el cálculo de puntaje en beneficio de los sectores más pobres y desfavorecidos;
e) la agilización de los convenios bilaterales con la República Argentina sobre trámites previsionales para acceder a la jubilación a través de los consulados, para los trabajadores chilenos que laboraron en el país vecino;
f) la eliminación del concepto de cargos fijos en los consumos básicos para todos los grupos familiares y rebajas en los costos a los adultos mayores en un porcentaje acorde con sus ingresos; y
g) la instalación en el antiguo Hospital Lautaro Navarro de Punta Arenas, de un centro geriátrico bajo la tuición del Estado.

ENFRENTAR Y RESOLVER LAS NECESIDADES DE LOS INMIGRANTES EN MAGALLANES

Desde los años noventa Chile emerge como alternativa migratoria para una población importante de países sudamericanos. El aumento en la oferta laboral asociada al crecimiento y desarrollo económico, es entre otros, un factor que explica en parte este fenómeno, que protagonizan principalmente personas en edad laboral.

Hoy, Magallanes es reflejo de esta realidad nacional de manera creciente, según el último CENSO, son alrededor de 2.700 los residentes en nuestra región nacidos en el extranjero, cerca del 1,7% de la población total de la región. Cabe señalar que el actual fenómeno migratorio, obedece en gran parte a razones de tipo económicas. Tal escenario nos llama necesariamente, a revisar la situación actual de los/as trabajadores/as migrantes.

También, en este ámbito resulta fundamental avanzar en la promoción y protección de los derechos laborales de los trabajadores migrantes, en el trato igualitario en relación con los nacionales, en la vigilancia y diseño de estrategias contra la contratación irregular y en garantizar condiciones laborales dignas.

Estas son las principales demandas y propuestas de los trabajadores y de los habitantes de la región de Magallanes.

De cara a la opinión pública y a la ciudadanía de la región de Magallanes, exigimos de este gobierno y sus autoridades regionales respuestas y soluciones a estas inquietudes y reivindicaciones.

Muy atentamente,


DIRECTORIO CUT PROVINCIAL MAGALLANES.

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