Señor
Mauricio Peñailillo,
Intendente Regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.
PRESENTE
De nuestra consideración:
Un
amplio número de dirigentes de organizaciones sociales, sindicales,
ciudadanas, gremiales, poblacionales, de derechos humanos, juveniles,
estudiantiles, de profesionales de la salud, educación y de la tercera
edad han sido convocadas recientemente por esta Central Unitaria de
Trabajadores de Magallanes para escuchar, recoger y sintetizar las
principales demandas y propuestas que el pueblo de Magallanes reclama a
propósito del paro nacional del próximo 11 de julio.
Como
Central Unitaria queremos reivindicar y subrayar el derecho de los
trabajadores organizados de Magallanes para sustentar y participar del
debate acerca de las políticas públicas a nivel regional, con nuestra
visión del desarrollo de esta región austral, con nuestra crítica basada
en la experiencia y en la vida laboral concreta de los trabajadores y
habitantes de la región y con nuestras propias propuestas de solución a
los problemas que ponemos en la agenda pública.
LAS DEMANDAS DE LA CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES A NIVEL NACIONAL
Las
organizaciones sociales regionales convocadas por la CUT han coincidido
en refrendar y hacer suyos los tres ejes de demandas nacionales de esta
Central sindical, reclamando:
a) el impulso decidido a una
reforma tributaria que genere los recursos suficientes que el país
necesita para invertir en educación pública, salud y mejorar la calidad
de vida de los trabajadores y trabajadoras chilenos y sus familias;
b)
una profunda reforma estructural al sistema previsional chileno de
manera de terminar con las Administradoras de Fondos de Pensiones y de
construir un sistema de pensiones solidario y de reparto; y
c) una
transformación profunda de la institucionalidad laboral de nuestro país,
en términos de un nuevo Código del Trabajo construido en democracia y
con la participación de los trabajadores, que entre otros conceptos,
reconozca la negociación colectiva real y la negociación interempresas,
sectorial o ramal, que valide el sindicato como único negociador ante la
empresa, que obligue a capacitar y formar a los trabajadores, que
devuelva el derecho a huelga, que fortalezca la carrera funcionaria en
el sector público, poniendo fin al sistema de contrata y honorarios, y
que fortalezca aún más a la Dirección del Trabajo en un herramienta del
Estado para defender a los trabajadores de los abusos, arbitrariedades y
prácticas anti-sindicales de que son víctimas en forma constante y
permanente;
d) reclamamos además un reajuste del salario mínimo que
alcance hasta $ 250.000 y rechazamos el aumento marginal otorgado por el
actual proyecto de ley que se encuentra en el Congreso Nacional.
Por
otro lado, las organizaciones convocadas por la CUT Provincial
Magallanes, han acordado demandar e interpelar al gobierno regional que
usted preside, para que responda a un conjunto de propuestas y demandas
que los trabajadores y ciudadanos de la región de Magallanes han
coincidido en hacer públicas y plantear a las autoridades la adopción de
medidas efectivas de política pública para impulsar su realización.
LAS DEMANDAS REGIONALES DE LA CUT Y DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA REGIÓN DE MAGALLANES
UN SUELDO MINIMO DIFERENCIADO O REGIONALIZADO
Los
trabajadores y los habitantes de la región de Magallanes, territorio
caracterizado por su condición extrema y de aislamiento geográfico
respecto de los grandes centros productivos del país y del mundo,
reconocen que el costo de la vida en esta zona austral es
significativamente mayor que en otras regiones de Chile.
Entre
un 30% a un 40% de los precios y tarifas en Magallanes se encarecen como
consecuencia de los elevados costos de transporte, sin contar lo que
significa adicionalmente vivir en Ultima Esperanza, Tierra del Fuego o
Cabo de Hornos donde precios y tarifas se incrementan sustancialmente.
Si
a esto se agrega que rige en Chile un sistema de fijación del salario
mínimo único para todo el país, a partir de un IPC y de un sistema de
reajustes también único a nivel nacional, ocurre que los trabajadores
que laboran en Magallanes resultan siempre perjudicados por reajustes
insuficientes que no obedecen a la realidad regional y local de esta
parte del país.
Reclamamos entonces, avanzar en la adopción de un
sistema de IPC y canasta familiar regionalizados, con una Ficha de
Protección Social adaptada a las condiciones de vida de la región y sus
comunas, con un mecanismo de reajuste regionalizado de remuneraciones y
pensiones.
NORMAS DE EXCEPCIÓN PARA MAGALLANES QUE BENEFICIEN A QUIENES PRODUCEN LA RIQUEZA EN ESTA REGIÓN
Entendemos
que la región de Magallanes dispone de un conjunto de leyes de
excepción, sobre la base de beneficios tributarios e ingentes recursos
fiscales puestos a disposición de los empresarios de la región.
Sin
embargo, constatamos que esas normas no desembocan en un beneficio
directo para quienes producen la riqueza en esta región, es decir, los
trabajadores, puesto que normas como la bonificación a la contratación
de mano de obra, por ejemplo, no ha significado ni una efectiva
contratación de mano de obra (recordemos el desempleo estacional crónico
en Ultima Esperanza y Tierra del Fuego), ni mejores remuneraciones para
los trabajadores.
Nos llama la atención que los trabajadores de
Magallanes tributamos para que con esos recursos públicos se pague a los
empresarios en la región enormes sumas de fondos fiscales por concepto
de las leyes de excepción, pero quienes tributamos no recibimos el
supuesto beneficio de esas leyes.
Reclamamos por tanto, que se
adopten en Magallanes medidas de política pública, de manera que una
parte sustancial de la bonificación a la contratación de mano de obra
sea transferida directamente a la remuneración del trabajador contratado
bajo esta norma de excepción.
FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA Y RESPETO A LA CARRERA FUNCIONARIA DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Y TRABAJADORES DE EMPRESAS Y SERVICIOS DEL ESTADO EN CUANTO SERVIDORES
PÚBLICOS
Un reclamo transversal que recogemos desde todos los
gremios y organizaciones representativas de los funcionarios públicos
en Magallanes es la precarización del empleo público y el deterioro de
la estabilidad funcionaria, producto de una política de despidos
arbitrarios ejecutada desde marzo de 2010 en la región como en el resto
de Chile.
Entendemos que los funcionarios públicos son servidores
públicos desde el Estado y no empleados dependientes de un determinado
gobierno, y por eso reclamamos respeto a la función pública, en términos
de incorporar a la planta de los servicios a aquellos funcionarios que
se encuentran bajo el régimen de contrata y de honorarios.
Reclamamos
con preocupación la reestructuración de servicios públicos generando
nuevos espacios para el abuso, la precarización de la función pública,
para convertir a los usuarios en clientes del mercado, acentuando el
riesgo de tercerización y la jibarización de los órganos del Estado.
Observamos
también que en empresas del Estado que son esenciales para el
desarrollo regional como ENAP, se continúa precarizando y tercerizando
el empleo y las funciones, se descuida la seguridad de las faenas, al
tiempo que se continúa privatizando sectores de la actividad energética
estatal. Creemos que ni los despidos, ni la tercerización de
operaciones ni la precarización de la seguridad de sus trabajadores, son
la solución para ENAP, sino por el contrario, porque creemos que esta
empresa es fundamental para el desarrollo energético presente y futuro
de Magallanes, exigimos un cambio sustancial de política del Gobierno en
esta materia.
LA SALUD COMO UN DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL Y RECONOCIDO
Las
organizaciones gremiales del sector Salud de Magallanes ponen el acento
en la necesidad de avanzar hacia el fortalecimiento del sector público,
y por ello compartimos su reclamo para que este gobierno avance en
forma efectiva hacia la contratación de médicos especialistas que
satisfagan las necesidades de los habitantes de la región.
No
basta con una infraestructura de alta calidad como el Hospital Clínico
de Punta Arenas construido desde el gobierno anterior, sino que se
requiere de una dotación de especialistas médicos suficiente y estable.
Al
mismo tiempo reclamamos una efectiva preocupación de este gobierno en
materia de salud ocupacional y por lo tanto exigimos una mayor
fiscalización a los excedentes y a los procedimientos de las mutuales de
seguridad, donde los trabajadores son tratados (y perjudicados) como
clientes y deben someterse a la lógica perversa de las llamadas
“preexistencias”, de donde resulta que dichas mutuales funcionan como
mecanismos funcionales a los intereses de las empresas y donde actúan
como juez y parte.
Compartimos la demanda de los diversos gremios
de la Salud y reclamamos del gobierno se adopten medidas concretas y
eficaces para acordar con los trabajadores del sector en la definición
de una política moderna, eficaz y eficiente en materia de adquisición y
compra de medicamentos y dispositivos de uso médico, almacenamiento y
distribución a toda la red pública en la región, garantizando para ello
la inversión pública regional en infraestructura para estos efectos.
Por
otro lado y respecto a las organizaciones de personas afectadas por
enfermedades poco frecuentes, nos han expresado y respaldamos sus
demandas que se sintetizan en los siguientes puntos:
Exigimos una
ley para las enfermedades denominadas poco frecuentes, según el listado
de la O.M.S, donde sean incluidas todas las patologías existentes en
Chile, con total cobertura en sus tratamientos y medicamentos,
seguimiento y rehabilitación, es decir absolutamente amplia en todos los
sentidos, sin excluir a ninguna persona en Chile que se encuentre con
un diagnostico de este tipo.
Por tanto proponemos incluir:
a)
Crear un Registro Nacional de Pacientes debidamente identificados,
generando una red de información en todos los centros asistenciales del
país, y especialmente en los servicios de urgencias;
b) crear un
grupo de profesionales que se dedique a la atención y asesoría de éstos
pacientes tales cómo: Enfermeras, Asistente Sociales, Sicólogos,
Médicos...etc.;
c) Implementar una Ruta de Derivación, una vez que el paciente se encuentre diagnosticado;
d)
Que La Comisión Médica, Preventiva e Invalidez (COMPIN), considere los
diagnósticos de manera especial. (En caso de los trabajadores) para que
la tramitación de sus pagos por licencias médicas no se transformen en
un problema más para el paciente.
Además consideramos es
necesario, terminar con las listas de espera en los hospitales, término
de la colusión en las farmacias, más profesionales especialistas en cada
área, dignidad en la salud tanto para los trabajadores cómo para los
usuarios del sistema público.
HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN MAGALLANES
Reconocemos
que en Magallanes y en Punta Arenas se ha establecido un doble sistema
de transporte público, en el que a los taxis y taxis colectivos se
agregan ahora buses urbanos. Los trabajadores del sector transporte y
los propios habitantes usuarios, perciben sin embargo que la
incorporación de estos nuevos medios de transporte no se ha traducido en
un mejor servicio, pensado y enfocado hacia las personas y sus
necesidades.
Hacemos nuestra una demanda ciudadana
generalizada en cuanto a que se mantenga una tarifa diferenciada para
los estudiantes a lo largo de todo el año, y que se establezca una
tarifa diferenciada menor para las personas de la tercera edad. Al
mismo tiempo reclamamos que el gobierno gestione y se haga responsable
de obtener que se definan los itinerarios del sistema de buses urbanos
en consulta y con la participación de las organizaciones vecinales,
uniones comunales y juntas de vecinos, comités de adultos mayores,
centros de alumnos y federaciones universitarias.
Reclamamos
además que el gobierno se haga responsable de exigir y fiscalizar que la
empresa que gestiona los buses urbanos en Punta Arenas respete los
derechos de los trabajadores del transporte consagrados en el Código del
Trabajo. El Estado es solidariamente responsable de las condiciones
laborales de los trabajadores del transporte público en Punta Arenas,
porque la empresa recibe un cuantioso subsidio del Estado y esos mismos
trabajadores tributan con su trabajo para producir los recursos fiscales
que son entregados a la empresa en cuestión.
Creemos legítima
además y respaldamos la demanda de los trabajadores del transporte
público para que sean consultados y tomados en consideración a la hora
de adoptar -por parte de las autoridades de gobierno- resoluciones y
modificaciones al sistema de transporte en Punta Arenas.
UN NUEVO TRATO PARA LA TERCERA EDAD EN MAGALLANES
Magallanes
como el resto de Chile, vive desde hace varios decenios un paulatino
proceso de transición demográfica y de envejecimiento de su población,
agravado por la constante emigración de jóvenes fuera de Magallanes en
busca de nuevas y mejores oportunidades educacionales, profesionales y
laborales.
Las personas adultas mayores en Magallanes,
organizadas y representadas en la Central Unitaria de Pensionados y
Montepiadas, reclaman -entre otras reivindicaciones- que el gobierno
regional adopte medidas eficaces conducentes a:
a) el pago de la deuda histórica que el Estado mantiene con los trabajadores magallánicos;
b)
el mejoramiento y reajuste de las pensiones y montepíos, a un monto
igual al sueldo mínimo diferenciado y con derecho a zona, en un 30% al
menos;
c) la atención prioritaria por parte del Estado y de los
servicios públicos de los enfermos terminales y postrados (que solo en
la comuna de Punta Arenas abarca un universo de 500 personas, de las
cuales 390 se encuentran en sus domicilios particulares);
d) la
implementación de una modificación sustancial a la ficha de protección
social, a fin de extender los beneficios hacia los sectores medios y
adultos mayores y reformular el cálculo de puntaje en beneficio de los
sectores más pobres y desfavorecidos;
e) la agilización de los
convenios bilaterales con la República Argentina sobre trámites
previsionales para acceder a la jubilación a través de los consulados,
para los trabajadores chilenos que laboraron en el país vecino;
f) la
eliminación del concepto de cargos fijos en los consumos básicos para
todos los grupos familiares y rebajas en los costos a los adultos
mayores en un porcentaje acorde con sus ingresos; y
g) la instalación en el antiguo Hospital Lautaro Navarro de Punta Arenas, de un centro geriátrico bajo la tuición del Estado.
ENFRENTAR Y RESOLVER LAS NECESIDADES DE LOS INMIGRANTES EN MAGALLANES
Desde
los años noventa Chile emerge como alternativa migratoria para una
población importante de países sudamericanos. El aumento en la oferta
laboral asociada al crecimiento y desarrollo económico, es entre otros,
un factor que explica en parte este fenómeno, que protagonizan
principalmente personas en edad laboral.
Hoy, Magallanes es reflejo
de esta realidad nacional de manera creciente, según el último CENSO,
son alrededor de 2.700 los residentes en nuestra región nacidos en el
extranjero, cerca del 1,7% de la población total de la región. Cabe
señalar que el actual fenómeno migratorio, obedece en gran parte a
razones de tipo económicas. Tal escenario nos llama necesariamente, a
revisar la situación actual de los/as trabajadores/as migrantes.
También,
en este ámbito resulta fundamental avanzar en la promoción y protección
de los derechos laborales de los trabajadores migrantes, en el trato
igualitario en relación con los nacionales, en la vigilancia y diseño de
estrategias contra la contratación irregular y en garantizar
condiciones laborales dignas.
Estas son las principales demandas y propuestas de los trabajadores y de los habitantes de la región de Magallanes.
De
cara a la opinión pública y a la ciudadanía de la región de Magallanes,
exigimos de este gobierno y sus autoridades regionales respuestas y
soluciones a estas inquietudes y reivindicaciones.
Muy atentamente,
DIRECTORIO CUT PROVINCIAL MAGALLANES.
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