SEGUNDA ÉPOCA

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sábado, 27 de julio de 2013

Ejes programáticos para un Programa de Gobierno en Magallanes



PRESENTACIÓN

Este documento contiene un conjunto de propuestas de la que puede ser una plataforma política programática de los comunistas en la región de Magallanes, para el debate programático regional de la oposición.

Este borrador de discusión, ha sido elaborado a partir del documento “Compromiso para el Chile que queremos” de enero de 2013 y que sintetiza el marco de acuerdos programáticos de la oposición, adaptados a las condiciones de la región de Magallanes e integra las principales demandas de la Asamblea Ciudadana de Magallanes y la CUT Magallanes.  Al mismo tiempo, hemos tenido a la vista e integrado aquí las principales resoluciones de la Convención Regional Programática de la Izquierda de Magallanes, efectuada en Punta Arenas en abril de 2009.

El documento se estructura en un esquema que propone los fines de política pública y formula algunas de las medidas de política susceptibles de materializar dicha política.  No se ha formulado en este borrador un diagnóstico del desarrollo regional.

En cuanto borrador de discusión, está abierto a los aportes y modificaciones que surjan del debate programático.

Manuel Luis Rodríguez U.

Punta Arenas – Magallanes, julio de 2013.


1.- CAMBIOS CONSTITUCIONALES Y POLÍTICOS PARA PROFUNDIZAR LA DEMOCRACIA EN REGIONES.


Avanzar desde los procesos de regionalización y descentralización hasta hoy incompletos, hacia mecanismos de autonomía regional. Proponemos la formulación de un estatuto político-jurídico especial para la Región de Magallanes y Antártica Chilena, con el carácter de región autónoma e incorporado en la Nueva Constitución.

La elección directa y por sufragio universal de las autoridades regionales: Intendentes y Consejeros Regionales debe ir acompañada con el fortalecimiento y ampliación de las atribuciones y facultades de los órganos colegiados de gobierno regional y comunal: Consejos Regionales y concejos comunales, en materia de decisión presupuestaria directa regional y local y de traspaso de recursos tributarios recaudados en la región a los respectivos presupuestos regionales y locales.

Expandir los mecanismos de la participación ciudadana organizada en la toma de decisiones de políticas públicas regionales y comunales, a través de la institucionalización de los plebiscitos regionales y presupuestos participativos a nivel regional y municipal.

Incorporar la participación efectiva de los trabajadores en los directorios de la Empresas Públicas y en la administración de los servicios públicos.
Fortalecer las facultades de información, decisión y control del ciudadano sobre los temas de la comuna, creando instancias participativas vinculantes como el Consejo de Participación Ciudadana a nivel comunal y regional.


2.- DERECHOS SOCIALES Y REFORMA TRIBUTARIA


Creación de una pensión mínima digna, regionalizada y garantizada adaptada a la realidad de la región de Magallanes para todos los adultos mayores habitantes en la región.

En materia de vivienda.
La vivienda es un derecho social que no puede ser eludido por el Estado, el que debe realizar una permanente y adecuada planificación para garantizar la vivienda digna a las familias más necesitadas.

Formulación de una Política Regional de Vivienda que enfrente el déficit habitacional y que en materia de viviendas sociales, asegure estándares de construcción acordes con la realidad geográfica y climática de Magallanes y facilite y estimule la autoconstrucción.
Fin a los cambios indiscriminados al uso de suelo, en función de los intereses de las empresas.
Adecuar la ficha de protección social a la realidad social, económica y territorial de la región de Magallanes.
El Estado debe nacionalizar y recuperar las empresas que prestan los servicios básicos de luz y agua, porque tienen directa relación con la función de la vivienda.
Las viviendas sociales en Magallanes deben tener a lo menos 62 metros cuadrados, asegurando que la creación de nuevos barrios o poblaciones dispongan de vías expeditas, de medios de transporte público y de implementación comunitaria suficiente.
En materia de salud pública.
El Estado debe velar por la igualdad en el acceso a las acciones de salud para todos los chilenos. La salud no debe ser objeto de lucro.

Ampliación y fortalecimiento de la salud pública universal en la región con acceso oportuno y de calidad, participación y contraloría ciudadana en la aplicación de las políticas de salud, con énfasis en los programas a los adultos mayores y con la expansión de los recursos e infraestructura en salud pública en las comunas rurales.
Se debe terminar con la municipalización de la salud.
Instalar almacenes farmacéuticos, como entes reguladores de precios, en los establecimientos de salud.
Eliminar el 7% del descuento de salud de los jubilados.
Asegurar la carrera funcionaria a todas las personas que trabajan en el sector de la salud, asegurando el perfeccionamiento, la capacitación y promoción, de acuerdo a las normas establecidas.
 Impulsar el empoderamiento de la comunidad respecto de las políticas de salud.
En materia de educación pública.
Avanzar en la desmunicipalización de colegios y liceos.

Crear un concejo juvenil comunal, dividido sectorialmente, con poder de resolución y fondos propios.

Generar centros comunitarios juveniles por sector territorial de cada comuna que abarque todo tipo de expresión.

Democratizar el Instituto Nacional de la Juventud, dándole el carácter de ministerio.

Modificar el decreto que rige a los centros de estudiantes, buscando generar espacios de participación real y de ingerencia en la gestión de los establecimientos educacionales.

Institucionalizar como política pública a nivel regional el gobierno triestamental en todas las instituciones de educación superior públicas y privadas.

Incorporar como una política pública en los planes y programas de estudios la Educación Cívica desde la enseñanza básica a la media.

Formulación e implementación de una Política Regional de Educación, Investigación e Innovación Científica y Tecnológica que apunte a fortalecer la educación pública gratuita y de calidad, y que signifique el fortalecimiento de la universidad pública en Magallanes. 

Creación de un fondo basal regional con aportes fiscales garantizados en el presupuesto fiscal anual para el mejoramiento de la infraestructura, dotación y perfeccionamiento docente, investigación innovación y desarrollo científico y tecnológico de la educación pública superior, media y escolar en la región.

(Continúe leyendo este documento)


3.- REFORMAS LABORALES PARA UN CHILE MÁS JUSTO E IGUALITARIO.


Incorporación de cláusulas laborales obligatorias y exigibles en todos los contratos de los servicios y empresas del Estado con empresas privadas y en todos los procesos de licitación de recursos  públicos y fondos concursables.

Fijación por ley de un salario vital regionalizado, asociado a un IPC regionalizado y  a mecanismos de reajustes regionalizados de remuneraciones del sector público y del sector privado.

Pensiones y jubilaciones regionalizadas, para todos los adultos mayores, similares a las pensiones que reciben los integrantes de las FFAA en la región.

Bajo el principio de la igualdad ante la ley y de la necesidad de recoger las particularidades regionales y el mayor costo proporcional de la vida en Magallanes, proponemos la fijación por ley de una asignación de zona para todos los servidores públicos conforme al criterio de asignación territorial que reciben los integrantes de las FFAA en la región.

Institucionalización de la participación directa y organizada de los trabajadores y funcionarios públicos en la gestión y administración de las empresas del Estado y servicios públicos.

Un nuevo Código del Trabajo se traduce en Magallanes en la implementación de medidas de política pública que tiendan a cerrar la brecha de la desigualdad territorial para los trabajadores de la región, fortaleciendo la capacidad de negociación colectiva y la institucionalidad fiscalizadora del Trabajo, implantando la sindicalización automática, el derecho a huelga para los funcionarios del sector público, así como el derecho de los dirigentes sindicales para postularse en todos los cargos de elección popular sin renunciar a sus funciones sindicales.

Incorporar a la ley de accidentes laborales una política de tratamiento integral para aquellos trabajadores que sufran enfermedades profesionales o queden con secuelas de accidentes laborales.
Derecho a zona para todos los trabajadores y jubilados de la XII Región.


4.- UN NUEVO ESTADO PARA UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL


Proponemos que el concepto central del nuevo modelo de desarrollo para la región, sea la noción de desarrollo sustentable, entendida como políticas públicas centradas en estimular la producción y los servicios en un marco de respeto al medio ambiente, de no contaminación, y de aplicación estricta del principio de que “el que contamina paga”.  

En este sentido, proponemos se formule un marco jurídico y de política que fije los estándares de sustentabilidad ambiental adecuados a la realidad y características del territorio de Magallanes, que deberán cumplir todos los proyectos de inversión pública  y privada en la región, una suerte de “Código de Respeto a la Naturaleza y la Biodiversidad en Magallanes”, con criterios y estándares definidos y con sanciones exigibles.

Fijación y puesta en marcha de una Política Energética para la región, basada en los principios de soberanía energética y precios justos de los hidrocarburos y recursos energéticos, y que impulse la incorporación de las energías renovables a la matriz energética de la región.

Impulso a la creación de una Empresa Nacional de Energías que asuma la tarea de diseñar e implementar una política energética nacional y regional sustentable, con especial énfasis en las energías renovables.

El desarrollo minero de la región de Magallanes (carbón, cobre, oro, etc.) debe realizarse desde una política pública de sustentabilidad ambiental, de respeto al medio ambiente, de no contaminación de otros factores, territorios y ámbitos productivos y del fortalecimiento de las acciones educativas y de capacitación sistemática de la fuerza de trabajo de la región, así como de la ampliación de las capacidades y facultades fiscalizadoras del Estado.

Diseño, mediante procesos de participación ciudadana y de elaboración político técnica, e implementación de una Estrategia de Desarrollo para Magallanes de mediano y largo plazo, que fije las grandes orientaciones, programas y políticas de desarrollo y crecimiento para la región, con especial énfasis en el desarrollo productivo, la sustentabilidad ambiental, impulso y apoyo a la PYMES.

Ampliación de los recursos tributarios que se destinan al FONDEMA a todas las actividades productivas de la región de Magallanes (incluyendo la industria de la extracción del carbón, pesca industrial, explotación de hidrocarburos, e industria salmonífera).

Avanzar en la integración patagónica mediante el fortalecimiento de las relaciones económicas, sociales, culturales y políticas con las regiones de Santa Cruz y Tierra del Fuego argentina y con la región de Aysén.

Modificación de las normas de excepción vigentes en la región en términos que aseguren y favorezcan la inversión productiva en la región, el mejoramiento de la calidad del empleo y de las remuneraciones, y la sustentabilidad ambiental de los proyectos de inversión.   Proponemos integrar el conjunto de las normas de excepción vigentes para la región de Magallanes en un marco jurídico único como Estatuto para el Desarrollo de la región de Magallanes, de vigencia decenal.

Regionalización del indice de precios al consumidor, del cálculo del costo de la vida y del sueldo mínimo, del reajuste anual a las remuneraciones y de la ficha de protección social.

La recuperación del Rol de la CORFO; potenciando mayor transferencia de recursos tangibles e intangibles.
Planificación Territorial Integrada, involucrando a todos los sectores de la ciudadanía.
Fijación de un royalty justo y suficiente a la explotación de todos los recursos naturales y energéticos en la región de Magallanes,  y cuyos recursos recaudados deben incorporarse integralmente en el presupuesto de la región de Magallanes.

Perfeccionamiento de las leyes de excepción.
La recuperación de las riquezas básicas del país y la región para el Estado, es sin lugar a dudas la tarea más importante.
Regionalización de los procesos de decisión de los fondos concursables sectoriales y del sistema de ChileCompra, de manera de garantizar el acceso igualitario de los habitantes de la región y en especial de los emprendedores PYMES de la región a las compras públicas.


5.- POLITICAS PARA EL DESARROLLO REGIONAL, EQUIDAD TERRITORIAL, SUSTENTABILIDAD Y PROTECCION MEDIOAMBIENTAL.

Como principio general de política pública, proponemos avanzar en la regionalización y descentralización territorial hacia la implementación de la autonomía regional, que enfrente estructuralmente la desigualdad territorial y otorgue a los órganos regionales y locales mayores atribuciones, recursos y competencias.

Fortalecimiento de los gobiernos regionales y locales, mediante el traspaso de competencias y de recursos fiscales a las regiones, así como la ampliación de las atribuciones de los Consejos Regionales y concejos comunales.

Consideramos que una medida estratégica del Estado de Chile para fortalecer los procesos de regionalización y autonomía regional sería la creación de servicios públicos regionales.

Creación de una Corporación para el Desarrollo de Magallanes, que asuma como tarea estratégica el diseño y la aplicación de una Estrategia Regional de Desarrollo en el mediano y largo plazo, y que como ente público autónomo, descentralizado y con presupuesto propio, se haga cargo de la implementación de las políticas públicas de apoyo al desarrollo, el emprendimiento, la innovación, el fortalecimiento de la educación pública, de la salud pública y de la infraestructura regional.

En materia de pesca, proponemos que se fije en Magallanes una Política Regional de Pesca que tienda a fortalecer e impulsar la pesca artesanal, otorgándole recursos, créditos, cuotas de pesca, asistencia técnica y capacitación que contribuyan a dignificar el sector y sus familias, a valorar la identidad cultural y el aporte que dicho sector hace al desarrollo sustentable de la región.

Una Política Regional de Turismo, basada en el principio de la sustentabilidad ambiental y el respeto a la identidad magallánica y patagónica, debiera contribuir a fijar el marco de política pública que favorezca la iniciativa emprendedora sustentable, el apoyo a los pequeños emprendimientos turísticos, la creación de encadenamientos de servicios turísticos en toda la Patagonia, la ampliación de la oferta turística regional  y de su promoción internacional, la instalación del sello magallánico y patagónico en los mercados internacionales y la ampliación del turismo popular poniendo los atractivos turísticos de Magallanes a disposición de sus habitantes.

Bajo el concepto de soberanía energética, proponemos la creación de una Empresa Nacional de Energías, que asuma en Magallanes una estrategia regional de desarrollo energético apuntando a la configuración de una matriz energética con creciente incorporación de energías renovables y de recuperación de las reservas y de los procesos de exploración, producción, comercialización y distribución de gas natural para el Estado de Chile.

Mientras no se cree una Empresa Nacional de Energías, proponemos que ENAP asuma de un modo prioritario y en cumplimiento de su propia normativa legal, la exploración, producción, comercialización y distribución de gas natural en toda la región de Magallanes.

Fijación de una Política Antártica regional, que apunte hacia la expansión de las capacidades de investigación científica y tecnológica y de desarrollo sustentable en el continente blanco, mediante la regionalización del Instituto Antártico Chileno, la creación de una Universidad Antártica en Magallanes, la definición de estándares de sustentabilidad para el turismo antártico y la ampliación de la inversión pública en infraestructura y logística antártica nacional y regional.
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