Desde
que se instala en la región la posibilidad de desarrollar proyectos
hidroeléctricos de manera regular se plantea en un algunos sectores el
disponer de un costo de energía más barato en Aysén. Hoy que tenemos
elecciones en algunos meses más, vemos que los candidatos no escapan a
la tentación de plantear el que se resuelva, casi exclusivamente,
mediante una consulta ciudadana este tipo de iniciativas.
En la
simplicidad de un ejercicio argumental podemos decir primero claramente,
y así lo hemos manifestado con anterioridad, los proyectos
hidroeléctricos en la Patagonia no son viables mientras no se aclare en
su totalidad la presión a los organismos y funcionarios evaluadores por
parte del gobierno y el eventual cambio de informes como constató la
Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, aunque a los
ojos de muchos esta instancia no tiene efecto real sobre la materia que
investiga, a excepción del tema de imagen pública del incumbente. No son
viables mientras la empresa no resuelva en su totalidad las
observaciones hechas en diversas áreas tanto por la ciudadanía como por
los servicios evaluadores y no son viables mientras la región no defina
claramente una estrategia de desarrollo que discuta su incorporación
desde una perspectiva mayor: una estrategia nacional y regional de
energía.
En segundo término, hemos planteado ya en diversas
ocasiones que sería altamente beneficioso para la región, su integridad y
unidad, el que se realice un consulta ciudadana sobre cualquier tipo de
proyecto de alto impacto, porque todas las inversiones deben ser
sometidas bajo el mismo escrutinio público y no sólo las de algún grupo
incumbente de turno. Las inversiones salmonicultoras, los yacimientos
mineros o los proyectos privados de conservación -que cambian el uso de
suelo, la vocación productiva e incluso generan migración y
despoblamiento en sectores fronterizos- en la región son un claro
ejemplo de ello. Se debe evaluar el impacto ambiental, económico, social
y laboral de estas iniciativas, así también será posible definir qué
actividades son posibles de convivir en un determinado territorio. Por
cierto que ojalá sea con apellido esta consulta: Vinculante. Pero no
necesariamente debe ser así, dado que sin importar el resultado, para el
gobierno de turno el tomar una decisión contraria a los ciudadanos
terminaría pagando el costo político de dicha decisión cuando tenemos
una realidad eleccionaria tan breve y con dos elecciones cada 4 años.
Por ello, el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental es de
vital importancia, y será deber y responsabilidad del legislador, sobre
todo quienes representan a nuestra región, mejorar precisamente los
vacíos detectados con proyectos de alto impacto que la opinión pública
ha conocido, como es la consideración explícita de los impactos sociales
tanto en su diagnóstico como en la etapa de compensaciones. Es así que
ya se ha puesto en discusión el royalty y la tributación territorial que
está en un proyecto de ley presentado por Marcelo Tokman a finales del
gobierno de Bachelet, de monto menor y muy acotada territorialmente,
pero es un avance.
Pero volvamos ahora al tema que planteamos
inicialmente y que es el costo de la energía. Para que el lector lo
tenga claro, el valor de la energía -entre ellas la domiciliaria- es
determinado por ley, mediante una serie de estudios que realiza el
ministerio de economía. Aquí en realidad la pregunta que queremos
plantear es otra: por qué desde 1989, fecha en que esta región tiene
congresistas, nunca se ha planteado modificar la base de cálculo de
dichos valores para una región que tiene características de aislamiento
mayores a las otras, que es dependiente de energías como los
hidrocarburos que llegan del "continente". Lo que planteamos es que el
nulo diseño de políticas públicas que integren como variable reconocida a
la geopolítica, para el caso del desarrollo de Aysén, es también
responsabilidad de la omisión de los diversos congresistas que no han
presentado desde 1996, fecha de la Ley Eléctrica, ni siquiera una idea
de legislar al respecto -aunque haya sido para ser rechazada por sus
pares-, que sirva de testimonio a lo menos, de que cuando se habla se
desarrollo se integran visiones pero también se hace uno cargo de sus
actos.
No compartimos el que se pretenda hoy cargar la
responsabilidad a eventuales proyectos la rebaja de la tarifa eléctrica
en la región cuando no son precisamente los privados quienes hacen el
cálculo de ella, sino como ya hemos señalado es el Estado. Esto sería
como pedirle a las salmoneras que el valor de sus productos vendidos en
la región tengan valor distinto al resto del país -en este caso claro
que eventualmente podrían hacerlo dado que su valor no se fija por una
ley-.
Efectivamente, hemos visto cómo ciertos candidatos
plantean la consulta ciudadana sobre los proyectos y la rebaja del costo
de la energía. Lo que planteamos es que no debemos dejarnos encandilar
por dosis de populismo, pero sí cargarnos de energía ciudadana para
exigir a los parlamentarios de la región que, independiente de las
iniciativas privadas que se instalen o pretendan hacerlo
coyunturalmente, lo que la región esperaría de ellos es que se presenten
las modificaciones legales que rescaten el valor geopolítico de Aysén y
hagan la diferencia en este tema, iniciativas que a lo menos tengan el
valor testimonial de hacer valer las cualidades de la región y de
ciertas columnas estratégicas necesarias para su desarrollo.
La
discusión del desarrollo no debe ser coyuntural y hasta ahora presa de
la voluntad política del Estado central o de grupos de interés, sino
llevar la fuerza potente de los argumentos de una región que demanda los
insumos necesarios para dar un salto que entregue desarrollo y calidad
de vida a cada uno de sus habitantes.
CARLOS TORRES V. Sociólogo, Director de CESPA Aysén.
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