SEGUNDA ÉPOCA

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lunes, 20 de mayo de 2013

Crisis de representatividad, crisis institucional y el papel de los movimientos sociales - Miguel Garay Martínez desde Vallenar

Hemos recogido desde Twitter una publicación de Miguel Garay Martínez, y la publicamos integra, ya que nos interpreta completamente.  Manuel Luis Rodríguez U.


"CRISIS DE REPRESENTATIVIDAD, CRISIS INSTITUCIONAL Y EL PAPEL DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Chile vive momentos cruciales de su historia caracterizados por el rechazo  mayoritario a un modelo de desarrollo y una estructura de poder que profundizan la desigualdad e impiden la participación democrática en la construcción de la sociedad y del Chile que queremos.
Los resultados de las recientes elecciones municipales no hacen más que comprobar que la mayoría de la ciudadanía  definitivamente dejó de confiar en  la clase política y busca sus propios caminos para hacerse escuchar y hacer posible los cambios estructurales que demanda.
Surgen nuevas formas de organización y de movilización. La ciudadanía se organiza en ASAMBLEAS y crea MOVIMIENTOS SOCIALES donde predomina la participación democrática en la construcción de petitorios y en la decisión de los caminos de movilización más adecuados de acuerdo a cada circunstancia en particular.
El poder ciudadano está de vuelta y para ejercerlo el pueblo no necesita permiso de nadie, menos de “representantes” que dejaron de serlo y de instituciones cuya autoridad se desmorona.
Cada comunidad hace su propia experiencia, levanta sus propias demandas y decide la mejor forma de organizarse.
Las exigencias que hace la ciudadanía surgen de la desesperación a la que el neoliberalismo ha llevado a la inmensa mayoría de los chilenos que son víctima de constantes abusos y ven negados injustamente  los  derechos a la educación, a la salud y, en definitiva, a una vida digna.
Las demandas surgen también de no soportar más cómo el afán de riqueza de las grandes empresas pasa por sobre los derechos más básicos de los seres humanos poniendo en riesgo no sólo el medioambiente sino que la vida misma de comunidades enteras que sufren inaceptables y criminales niveles de contaminación.
La ciudadanía, mayoritariamente, ha terminado por comprender que todos los problemas que la afectan, que la mala calidad de vida que la agobia, que el endeudamiento que la asfixia, que los abusos de quienes se apoderan y concentran la riqueza que nos pertenece a todos los chilenos, todo proviene de un modelo de sociedad diseñado por una minoría para proteger sus propios intereses y apoderarse de las riquezas que son de todos los chilenos.
LA CRISIS DE CHILE ES ESTRUCTURAL
Es el sistema todo el que está en crisis.
La institucionalidad toda está en crisis.
Es un modelo de sociedad inhumano e injusto el que cruje  no sólo porque no es capaz de dar solución a las necesidades de la población, sino porque es rechazado por la mayoría de los chilenos que se  organizan y levantan para construir una sociedad más justa y que se sostenga en el desarrollo sustentable, en el respeto al medioambiente, en el rescate de nuestro cobre, en la explotación racional de nuestros recursos naturales y que tenga como bien superior el respeto a la dignidad humana. 
Una sociedad que privilegie la investigación científica, que asegure un sistema que tanga como base estructural una educación pública, gratuita y de calidad en todos sus niveles. Un sistema de salud pública digno y de calidad donde cada persona reciba el trato humano y de calidad que merece cada chileno.
Caracteriza también este momento de cambios profundos lo que algunos llaman “crisis de representatividad”, pero que en verdad es una crisis institucional, sistémica. La comunidad, los ciudadanos, ya no creen más en las actuales instituciones en las que se sostiene el actual modelo económico y político.
El Congreso nacional tiene un 13 por ciento de credibilidad (87%  de desconfianza) y los partidos políticos un insignificante 7 % de credibilidad (93% de desconfianza).
Es decir, el 90 % de los chilenos desconfía de las principales instituciones que sostienen al sistema político chileno.
El respaldo a todos los conglomerados políticos, tanto de gobierno como de oposición, incluyendo a la izquierda tradicional, no  sobrepasa el 40%.  Este mismo porcentaje es el que concurrió a votar en las municipales del 28 de octubre, donde los que no votaron o anularon superan el 60 % de los electores, llegando al 65 % si se agregan los que concurriendo a votar anularon su voto como rechazo al sistema político.
Sólo un tercio de los chilenos se identifica  hoy con alguna de las diferentes coaliciones en que se agrupa la oligarquía política chilena  para controlar el poder político y proteger el modelo económico.
Estas cifras revelan con crudeza el profundo distanciamiento entre la ciudadanía y los representantes de elección popular, aquellos en los que el soberano, la ciudadanía,  ha delegado el mandato de representarla.
CONCERTACION: COBARDÍA Y COMPLICIDAD
La pérdida de confianza y de credibilidad en la institucionalidad política no es pasajera ni se debe a un solo hecho.
Hay un convencimiento definitivo de que el modelo impuesto por la derecha en dictadura y el sistema político institucional en que se sostiene, aceptado cobardemente por la concertación, fue diseñado sólo para favorecer los intereses económicos de las grandes empresas nacionales y transnacionales.
Desde la dictadura en adelante esta minoría privilegiada se ha apoderado de la mayoría de la riqueza del país. Son dueños ya del 75 % del cobre chileno, y lucran desvergonzadamente con la educación y la salud. Son dueños de las empresas eléctricas y del agua, también de los mares y sus recursos.
Toda la clase política ha sido la responsable de la consolidación de este modelo altamente regresivo, la derecha que lo impuso desatando la más criminal y prolongada represión, y la Concertación que renunció al mandato de democratizar verdaderamente el sistema institucional e impulsar un modelo de desarollo que pusiera en el centro y como bien superior y principio rector, a la persona humana y sus derechos a una vida digna.
Dando la espalda a ese 80% de chilenos que le confiaron la conducción del país, la concertación fue más allá que  la propia derecha y no sólo administró eficientemente el modelo instaurado por la derecha  en dictadura, sino que profundizó  las privatizaciones incluyendo la casi total desnacionalización  de nuestras riquezas minerales. La dictadura desnacionalizó el 30% del cobre chileno. La concertación llevó esa cifra al 70%, dejando a nuestro país con sólo un 30% de sus riquezas.
En el ámbito de las sanitarias la concertación privatizó, entregó a manos privadas transnacionales, el 85 % del agua que consumimos todos los chilenos.
Este proceso antipatriótico de entregar la mayor parte de nuestros recursos y nuestras riquezas minerales sigue adelante y cada vez es menos lo que queda para Chile. En 2011 Codelco dejó a Chile utilidades por 6 mil millones de dólares, mientras que las transnacionales sacaron del país ganancias superiores a los 30 mil millones de dólares, dejando a cambio solo mil 800 millones de dólares.
Son estas mismas empresas las que presionan para que se construyan más y más termoeléctricas para seguir extrayendo nuestra riqueza sin importar la destrucción del medio ambiente, la contaminación y la extinción del recurso agua, recurso que también fue privatizado y entregado con la triquiñuela de la “concesión de derechos” a estas mismas empresas que lo han explotado hasta su casi total agotamiento, como ya ocurre en Copiapó y empieza a ocurrir en el Valle del Huasco.
El modelo económico de la derecha y la concertación ha entregado a manos privadas estratégicos recursos no renovables. Ha permitido la deforestación de regiones enteras para favorecer los intereses de empresas forestales que arrasan con todo pensando sólo en incrementar sus ya suculentas riquezas.
Ahora, aunque fracasaron en el primer intento,  se preparan a entregar el litio también a las transnacionales.
Chile tiene la segunda reserva más grande del mundo después de Bolivia y se estima que dentro de 20 años cerca del 50%  de los automóviles funcionarán con baterías eléctricas hechas a base de litio. Ni contar la demanda que la electrónica y las nuevas tecnologías digitales requieren de este estratégico y escaso recurso, para muchos llamado a reemplazar al cobre como fuente de ingreso.
Ni hablar de las enormes desigualdades surgidas de la privatización de la salud y de la educación.  Hoy tenemos salud y educación para ricos y lo que sobre, lo que “chorree” para todos los demás chilenos.
El servicio público de salud, abandonado desde la dictadura derechista, ya simplemente no es capaz de brindar la atención que la población requiere. Los hospitales públicos colapsan, no hay profesionales suficientes y de calidad, no hay especialistas ni recursos suficientes para dar una atención digna y oportuna. Este cuadro de abandono se agrava mucho más en regiones y provincias.
Para la derecha y buena parte de la concertación, salud y educación son bienes de consumo por los que se debe pagar si se quiere acceder a ellos. “Nada es gratis” ha repetido una y otra vez el presidente Piñera. Por eso la política de Bachelet fue poner al Estado de Chile como aval para transferir  dinero de todos los chilenos a la banca privada a trevés de créditos que terminaron de mercantilizar la educación, privilegiando abiertamente el lucro. La derecha en dictadura privatizó el sistema educacional y la concertación profundizó y terminó de mercantilizar el sistema a tal grado que creó un mecanismo, el CAE, que permití traspasar dineros del Estado directamente al poder financiero, sobreendeudando a millones de estudiantes y enriqueciendo a quienes se han dedicado a lucrar con la educación porque la conciben como un “bien de consumo” y no un derecho
A todo esto se suman los vergonzosos e inaceptables privilegios tributarios a favor de los que concentran la riqueza.
La mayor carga tributaria en Chile la soportan los que menos ganan, los más pobres y los empobrecidos.  Los ricos, los más ricos pagan proporcionalmente menos impuestos que los más pobres.
Sobre impuestos, un ejemplo: el impuesto específico a los combustibles permite una recaudación anual de 2 mil millones de dólares. Pero este impuesto sólo lo pagan  los que consumen el 20 % de todo el combustible que se ocupa en Chile, esto es los particulares,  los pequeños transportistas y las pymes.  Sin embargo, los que consumen el 80 %: las mineras, las navieras, las aerolíneas, las grandes forestales, las salmoneras  y otras grandes empresas privilegiadas,  no pagan un solo peso por impuesto específico. Por la bencina que a público cuesta 750 pesos estas empresas sólo pagan 400 pesos.  Si sólo estas grandes empresas, que son las que obtienen mayores utilidades,  pagaran el impuesto específico a los combustibles como lo hacemos todos los demás chilenos,  el  Estado recaudaría 8 mil millones de dólares  cada año.
Esto es lo que explica la paradoja mayor crecimiento- mayor descontento. Porque a mayor crecimiento de la economía mayores son las riquezas que acumulan las grandes empresas que se han adueñado de las riquezas del país. Sólo en los 2 últimos años la economía ha crecido un 6% por año. Y toda esa riqueza, creada por todos los chilenos se sigue acumulando en los bolsillos de unos pocos.
MOVIMIENTOS SOCIALES
El desmoronamiento del actual sistema  tiene que ver directamente con estas  profundas desigualdades que agobian e indignan a los chilenos. A mayor crecimiento mayor es la riqueza que acumulan los más ricos de la sociedad y mayor la desesperación de una inmensa mayoría que se ve cada día más angustiada y empobrecida.
En este contexto, con un sistema que sólo favorece a una minoría ínfima del país y sin representantes en quienes confiar,  con una clase política   coludida con el poder económico, que no cederá a los cambios sociales que se requieren, los ciudadanos se toman la política, la intervienen,  la toman en sus propias manos, deciden ser sus propios interlocutores, optan por representarse a si mismos,  porque los mandatados para hacerlo terminaron defendiendo intereses propios y los de una minoría privilegiada para la cual gobiernan y legislan.
Es por eso que  el movimiento social no se debe entender como un fenómeno transitorio, sino como  la expresión  permanente de organización que adopta la ciudadanía luego de revocar en la práctica el mandato que entregara a líderes políticos que hace rato dejaron de representar a sus mandantes, a quienes los eligieron.
En este sentido, los movimientos sociales son y deben ser el instrumento de expresión política de la ciudadanía. Este concepto es importante porque lo que esperan los actuales partidos políticos es apoderarse de los movimientos sociales, con el argumento de que sólo ellos pueden hacer los cambios que permitan satisfacer las demandas de la ciudadanía (“Nueva Mayoría”).
La elite política le niega a los movimientos sociales el derecho a hacer política y todos se ofrecen para ser sus interlocutores.
Ven a los movimientos sociales como organizaciones esencialmente transitorias y que nacen y mueren con las reivindicaciones que las originan y terminan tratando de dividirlas, debilitarlas y extinguirlas.
No quieren aceptar que la ciudadanía busque nuevas formas de organizarse y de protagonizar, conducir y encabezar el proceso de cambios. No aceptan ser desplazados por las nuevas organizaciones que se dan las comunidades.
Renace la vieja teoría de la vanguardia política. Algunos reclaman un derecho centenario a ser vanguardia. Otros más nuevos reclaman que justamente se constituyeron para ser la vanguardia política.
Como en una feria todos los partidos de la concertación,  incluyendo sus nuevos aliados, se ofrecen como la única fuerza política capaz de canalizar las demandas de cambios.  Otros se disfrazan de progresistas y ofrecen súbitos y radicales giros a la izquierda.
No quieren ver ni aceptar que en los movimientos sociales  están los nuevos líderes que cambiarán este país.
Los desgastados dirigentes  actuales, con soberbia no quieren aceptar que es el mismo movimiento social el que tiene la capacidad, la inteligencia y el valor para representarse así mismo, sin tener que delegar en otros la representación de sus intereses.
Sabe el Movimiento Social que su accionar es político porque son  el sistema político y la clase política, quienes antagonizan  con sus legítimas demandas. Ellos no son la solución sino que parte importante del problema a solucionar.  La clase política lejos de ser aliada a la lucha de la ciudadanía es uno de los obstáculos a vencer, principalmente por su constante afán de tragarse a los movimientos sociales y sacar el mayor provecho en función de mantener sus cuotas de poder y privilegios a través de los “grandes acuerdos políticos”, basados en el realismo de lo posible.
La falta de credibilidad en la dirigencia política se debe principalmente a que en lugar de defender los intereses de la comunidad y representar  las demandas  de quienes los eligieron, como era su obligación, una vez electos se transforman en defensores de sus propios intereses y se esmeran por  mantener un sistema que les otorga  grandes privilegios y reproducirse una y otra vez en los puestos o cargos alcanzados.
De que otra forma nos explicamos que Chile esté como  está, carbonizado y rodeado de fuentes altamente contaminantes, todas “dentro de la legalidad vigente”.
Detrás de cada proyecto contaminante está la huella de Alcaldes que miran para el lado, de diputados y senadores que aprueban leyes escuálidas y permisivas  que sólo dan un manto de legalidad a la depredación  de recursos que son de todos los chilenos y que sólo favorecen los intereses económicos de grandes corporaciones.
Recuerdo a un Alcalde de Huasco que defendía eufórico, como quien defiende un negocio propio, a la planta de pellet de CMP,  descalificando a los olivicultores y a todos los que  denunciaban los altos grados de contaminación.
La misma actitud mostró el derrotado Alcalde Bruzzone de Freirina, que defiendió el proyecto de los cerdos,  dándole la espalda a la ciudadanía. En lugar de defender y proteger los intereses de la comunidad que lo eligió defendió y protegió los intereses de una empresa que sólo ha traído perjuicios a la comunidad y que ha dejado una parte del territorio alta y peligrosamente contaminada.
UNIDAD DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
Los Movimientos sociales se deben entender  como organizaciones permanentes y no transitorias, como organizaciones plenamente democráticas y no como instrumentos para cimentar carreras políticas, o salvar la imagen de partidos o caudillos.
Los Movimientos Sociales son la base de la nueva fuerza política que necesitará la sociedad chilena para hacer realidad los cambios profundos, sociales, políticos y económicos, que permitan dar satisfacción a sus justas demandas.
Todos los movimientos sociales hacen su propio camino, levantan sus propias demandas y petitorios. Pero en la lucha por sus derechos van descubriendo que los problemas no son aislados.
Es torcida y malintencionada la lectura de la clase política al decir que la alta abstención de más de 7 millones de chilenos que decidieron no votar en las municipales refleja  una “apatía e indiferencia por la política”.
Se niega la elite política  a escuchar y a entender que el no votar fue una expresión de la más alta madurez política de una mayoría ciudadana  que usó la abstención como instrumento para decirle claramente a través de las elecciones,  que  hagan las grandes transformaciones que la ciudadanía reclama o ellos se hagan a un lado para que sea la ciudadanía la que busque los mecanismos que den  vida a una nueva constitución política verdaderamente democrática.
LAS DIVERSAS HIPOTESIS DE LA CLASE POLITICA
La única opción que ve la clase política, las distintas coaliciones que controlan el poder,  es construir nuevos “Acuerdos” (Camilo Escalona), y aceptar algunas “reformas” (Carlos Larrain) que permitan ahogar las demandas ciudadanas, mantener lo grueso del sistema,  sin dar soluciones de fondo.
Cada vez que la clase política hecha a andar lo que llaman los “Grandes Acuerdos”, es la ciudadanía la que pierde porque terminan consolidando el modelo neoliberal  y su institucionalidad.
Un nuevo Gran Acuerdo entre la derecha y la concertación  está en marcha, un acuerdo de “gobernabilidad” donde se imponga el “realismo político” y el “espíritu republicano” que garantice la “estabilidad”.   A ese Acuerdo concurrirán todos los que hoy sienten amenazadas sus posiciones de privilegio  y cuotas de poder.
Acuerdo “de las fuerzas republicanas” por un lado y represión a los movimientos sociales por otro. Cada vez que Piñera hace referencia a las movilizaciones se refiere a “violencia”, “desorden”, “caos” y “molotov”…
La “Ley Hinzpeter” no es más que el intento de dar un marco de legalidad a la represión de los movimientos sociales que se prepara desde el Gobierno como respuesta a la movilización ciudadana.
Las organizaciones sociales han dicho con justa razón que es  una nueva “ley maldita”, una forma solapada de aplicar métodos represivos propios de una dictadura en democracia para reprimir a los movimientos sociales.
Pero algo ya está claro: la violencia  en Chile la instalan la clase política con su tozudez y macrosordera, y el gobierno que se  niega ideológicamente a acoger las legítimas demandas sociales. 
Lo menos que se espera de las actuales instituciones políticas es que faciliten los cambios profundos que se requieren y que no sean un obstáculo. Sólo está en ellos seguir tapándose los oídos o contribuir a materializar los cambios que la mayoría de los chilenos demanda.
La clase política se desmorona y carece de toda representatividad y legitimidad. Esto, y su  rechazo a las demandas transformadoras de la comunidad,  la convierten, junto al modelo neoliberal y a la institucionalidad que lo sostiene,  en un obstáculo que habrá que remover en el camino de construcción de un nuevo modelo de sociedad.

Miguel Garay Martínez
Vallenar-Chile."
Tomado del weblog: http://mgaraym.blogspot.com

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