"CRISIS DE REPRESENTATIVIDAD, CRISIS INSTITUCIONAL Y EL PAPEL DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
Chile vive momentos cruciales de su historia caracterizados
por el rechazo mayoritario a un modelo
de desarrollo y una estructura de poder que profundizan la desigualdad e
impiden la participación democrática en la construcción de la sociedad y del
Chile que queremos.
Los resultados de las recientes elecciones municipales no
hacen más que comprobar que la mayoría de la ciudadanía definitivamente
dejó de confiar en la clase política y busca sus propios caminos
para hacerse escuchar y hacer posible los cambios estructurales que
demanda.
Surgen nuevas formas de organización y de movilización. La
ciudadanía se organiza en ASAMBLEAS y crea MOVIMIENTOS SOCIALES donde predomina
la participación democrática en la construcción de petitorios y en la decisión
de los caminos de movilización más adecuados de acuerdo a cada circunstancia en
particular.
El poder ciudadano está de vuelta y para ejercerlo el pueblo
no necesita permiso de nadie, menos de “representantes” que dejaron de serlo y
de instituciones cuya autoridad se desmorona.
Cada comunidad hace su propia experiencia, levanta sus
propias demandas y decide la mejor forma de organizarse.
Las exigencias que hace la ciudadanía surgen de la
desesperación a la que el neoliberalismo ha llevado a la inmensa mayoría de los
chilenos que son víctima de constantes abusos y ven negados injustamente los
derechos a la educación, a la salud y, en definitiva, a una vida digna.
Las demandas surgen también de no soportar más cómo el afán
de riqueza de las grandes empresas pasa por sobre los derechos más básicos de
los seres humanos poniendo en riesgo no sólo el medioambiente sino que la vida
misma de comunidades enteras que sufren inaceptables y criminales niveles de
contaminación.
La ciudadanía, mayoritariamente, ha terminado por comprender
que todos los problemas que la afectan, que la mala calidad de vida que la
agobia, que el endeudamiento que la asfixia, que los abusos de quienes se
apoderan y concentran la riqueza que nos pertenece a todos los chilenos, todo
proviene de un modelo de sociedad diseñado por una minoría para proteger sus
propios intereses y apoderarse de las riquezas que son de todos los chilenos.
LA CRISIS DE CHILE ES ESTRUCTURAL
Es el sistema todo el que está en crisis.
La institucionalidad toda está en crisis.
Es un modelo de sociedad inhumano e injusto el que
cruje no sólo porque no es capaz de dar
solución a las necesidades de la población, sino porque es rechazado por la
mayoría de los chilenos que se organizan
y levantan para construir una sociedad más justa y que se sostenga en el
desarrollo sustentable, en el respeto al medioambiente, en el rescate de
nuestro cobre, en la explotación racional de nuestros recursos naturales y que
tenga como bien superior el respeto a la dignidad humana.
Una sociedad que privilegie la investigación científica, que
asegure un sistema que tanga como base estructural una educación pública,
gratuita y de calidad en todos sus niveles. Un sistema de salud pública digno y
de calidad donde cada persona reciba el trato humano y de calidad que merece
cada chileno.
Caracteriza también este momento de cambios profundos lo que
algunos llaman “crisis de representatividad”, pero que en verdad es una crisis
institucional, sistémica. La comunidad, los ciudadanos, ya no creen más en las
actuales instituciones en las que se sostiene el actual modelo económico y
político.
El Congreso nacional tiene un 13 por ciento de credibilidad (87%
de desconfianza) y los partidos políticos un insignificante 7 % de
credibilidad (93% de desconfianza).
Es decir, el 90 % de
los chilenos desconfía de las principales instituciones que sostienen al
sistema político chileno.
El respaldo a todos los conglomerados políticos, tanto de
gobierno como de oposición, incluyendo a la izquierda tradicional, no
sobrepasa el 40%. Este mismo porcentaje es el que concurrió a
votar en las municipales del 28 de octubre, donde los que no votaron o
anularon
superan el 60 % de los electores, llegando al 65 % si se agregan los que
concurriendo a votar anularon su voto como rechazo al sistema político.
Sólo un tercio de los chilenos se identifica hoy con alguna de las diferentes coaliciones
en que se agrupa la oligarquía política chilena
para controlar el poder político y proteger el modelo económico.
Estas cifras revelan con crudeza el profundo distanciamiento
entre la ciudadanía y los representantes de elección popular, aquellos en los
que el soberano, la ciudadanía, ha
delegado el mandato de representarla.
CONCERTACION:
COBARDÍA Y COMPLICIDAD
La pérdida de confianza y de credibilidad en la
institucionalidad política no es pasajera ni se debe a un solo hecho.
Hay un convencimiento definitivo de que el modelo impuesto
por la derecha en dictadura y el sistema político institucional en que se
sostiene, aceptado cobardemente por la concertación, fue diseñado sólo para
favorecer los intereses económicos de las grandes empresas nacionales y
transnacionales.
Desde la dictadura en adelante esta minoría privilegiada se
ha apoderado de la mayoría de la riqueza del país. Son dueños ya del 75 % del
cobre chileno, y lucran desvergonzadamente con la educación y la salud. Son
dueños de las empresas eléctricas y del agua, también de los mares y sus
recursos.
Toda la clase política ha sido la responsable de la
consolidación de este modelo altamente regresivo, la derecha que lo impuso
desatando la más criminal y prolongada represión, y la Concertación que
renunció al mandato de democratizar verdaderamente el sistema institucional e
impulsar un modelo de desarollo que pusiera en el centro y como bien superior y
principio rector, a la persona humana y sus derechos a una vida digna.
Dando la espalda a ese 80% de chilenos que le confiaron la
conducción del país, la concertación fue más allá que la propia derecha
y no sólo administró
eficientemente el modelo instaurado por la derecha en dictadura, sino
que profundizó las privatizaciones incluyendo la casi total desnacionalización de nuestras riquezas minerales. La
dictadura desnacionalizó el 30% del cobre chileno. La concertación llevó esa
cifra al 70%, dejando a nuestro país con sólo un 30% de sus riquezas.
En el ámbito de las sanitarias la concertación privatizó,
entregó a manos privadas transnacionales, el 85 % del agua que consumimos todos
los chilenos.
Este proceso antipatriótico de entregar la mayor parte de
nuestros recursos y nuestras riquezas minerales sigue adelante y cada vez es
menos lo que queda para Chile. En 2011 Codelco dejó a Chile utilidades por 6
mil millones de dólares, mientras que las transnacionales sacaron del país
ganancias superiores a los 30 mil millones de dólares, dejando a cambio solo
mil 800 millones de dólares.
Son estas mismas empresas las que presionan para que se
construyan más y más termoeléctricas para seguir extrayendo nuestra riqueza sin
importar la destrucción del medio ambiente, la contaminación y la extinción del
recurso agua, recurso que también fue privatizado y entregado con la triquiñuela
de la “concesión de derechos” a estas mismas empresas que lo han explotado
hasta su casi total agotamiento, como ya ocurre en Copiapó y empieza a ocurrir
en el Valle del Huasco.
El modelo económico de la derecha y la concertación ha
entregado a manos privadas estratégicos recursos no renovables. Ha permitido la
deforestación de regiones enteras para favorecer los intereses de empresas
forestales que arrasan con todo pensando sólo en incrementar sus ya suculentas
riquezas.
Ahora, aunque fracasaron en el primer intento, se preparan a entregar el litio también a las
transnacionales.
Chile tiene la segunda reserva más grande del mundo después
de Bolivia y se estima que dentro de 20 años cerca del 50% de los automóviles funcionarán con baterías
eléctricas hechas a base de litio. Ni contar la demanda que la electrónica y
las nuevas tecnologías digitales requieren de este estratégico y escaso recurso, para muchos llamado a reemplazar al cobre
como fuente de ingreso.
Ni hablar de las enormes desigualdades surgidas de la
privatización de la salud y de la educación.
Hoy tenemos salud y educación para ricos y lo que sobre, lo que
“chorree” para todos los demás chilenos.
El servicio público de salud, abandonado desde la dictadura
derechista, ya simplemente no es capaz de brindar la atención que la población
requiere. Los hospitales públicos colapsan, no hay profesionales suficientes y
de calidad, no hay especialistas ni recursos suficientes para dar una atención
digna y oportuna. Este cuadro de abandono se agrava mucho más en regiones y
provincias.
Para la derecha y buena parte de la concertación, salud y
educación son bienes de consumo por los que se debe pagar si se quiere acceder
a ellos. “Nada es gratis” ha repetido una y otra vez el presidente Piñera. Por
eso la política de Bachelet fue poner al Estado de Chile como aval para
transferir dinero de todos los chilenos
a la banca privada a trevés de créditos que terminaron de mercantilizar la
educación, privilegiando abiertamente el lucro. La derecha en dictadura
privatizó el sistema educacional y la concertación profundizó y terminó de
mercantilizar el sistema a tal grado que creó un mecanismo, el CAE, que permití
traspasar dineros del Estado directamente al poder financiero, sobreendeudando
a millones de estudiantes y enriqueciendo a quienes se han dedicado a lucrar
con la educación porque la conciben como un “bien de consumo” y no un derecho
A todo esto se suman los vergonzosos e inaceptables
privilegios tributarios a favor de los que concentran la riqueza.
La mayor carga tributaria en Chile la soportan los que menos
ganan, los más pobres y los empobrecidos.
Los ricos, los más ricos pagan proporcionalmente menos impuestos que los
más pobres.
Sobre impuestos, un ejemplo: el impuesto específico a los combustibles
permite una recaudación
anual de 2 mil millones de dólares. Pero este impuesto sólo lo pagan
los que consumen el 20 % de todo el
combustible que se ocupa en Chile, esto es los particulares, los
pequeños transportistas y las pymes. Sin embargo, los que consumen el
80 %: las
mineras, las navieras, las aerolíneas, las grandes forestales, las
salmoneras y otras grandes empresas
privilegiadas, no pagan un solo peso por
impuesto específico. Por la bencina que a público cuesta 750 pesos estas
empresas
sólo pagan 400 pesos. Si sólo estas
grandes empresas, que son las que obtienen mayores utilidades, pagaran
el impuesto específico a los
combustibles como lo hacemos todos los demás chilenos, el
Estado recaudaría 8 mil millones de dólares cada año.
Esto es lo que explica la paradoja mayor crecimiento- mayor descontento. Porque a mayor
crecimiento de la economía mayores son las riquezas que acumulan las grandes
empresas que se han adueñado de las riquezas del país. Sólo en los 2 últimos
años la economía ha crecido un 6% por año. Y toda esa riqueza, creada por todos
los chilenos se sigue acumulando en los bolsillos de unos pocos.
MOVIMIENTOS SOCIALES
El desmoronamiento del actual sistema tiene que ver directamente con estas profundas desigualdades que agobian e
indignan a los chilenos. A mayor crecimiento mayor es la riqueza que acumulan
los más ricos de la sociedad y mayor la desesperación de una inmensa mayoría
que se ve cada día más angustiada y empobrecida.
En este contexto, con un sistema que sólo favorece a una
minoría ínfima del país y sin representantes en quienes confiar, con
una clase política coludida con el poder económico, que no
cederá a los cambios sociales que se requieren, los ciudadanos se toman la política, la intervienen, la toman en sus propias manos, deciden
ser sus propios interlocutores, optan por representarse a si mismos, porque los mandatados para hacerlo terminaron
defendiendo intereses propios y los de una minoría privilegiada para la cual
gobiernan y legislan.
Es por eso que el movimiento social no se debe entender como
un fenómeno transitorio, sino como la
expresión permanente de organización que
adopta la ciudadanía luego de revocar en la práctica el mandato que
entregara a líderes políticos que hace rato dejaron de representar a sus
mandantes, a quienes los eligieron.
En este sentido, los
movimientos sociales son y deben ser el instrumento de expresión política de la
ciudadanía. Este concepto es importante porque lo que esperan los actuales partidos
políticos es apoderarse de los movimientos sociales, con el argumento de que
sólo ellos pueden hacer los cambios que permitan satisfacer las demandas de la
ciudadanía (“Nueva Mayoría”).
La elite política le niega a los movimientos sociales el
derecho a hacer política y todos se ofrecen para ser sus interlocutores.
Ven a los movimientos sociales como organizaciones
esencialmente transitorias y que nacen y mueren con las reivindicaciones que
las originan y terminan tratando de dividirlas, debilitarlas y extinguirlas.
No quieren aceptar que la ciudadanía busque nuevas formas de
organizarse y de protagonizar, conducir y encabezar el proceso de cambios. No
aceptan ser desplazados por las nuevas organizaciones que se dan las
comunidades.
Renace la vieja teoría de la vanguardia política. Algunos
reclaman un derecho centenario a ser vanguardia. Otros más nuevos reclaman que
justamente se constituyeron para ser la vanguardia política.
Como en una feria todos los partidos de la
concertación, incluyendo sus nuevos
aliados, se ofrecen como la única fuerza política capaz de canalizar las
demandas de cambios. Otros se disfrazan
de progresistas y ofrecen súbitos y radicales giros a la izquierda.
No quieren ver ni aceptar que en los movimientos
sociales están los nuevos líderes que
cambiarán este país.
Los desgastados dirigentes
actuales, con soberbia no quieren aceptar que es el mismo movimiento
social el que tiene la capacidad, la inteligencia y el valor para representarse
así mismo, sin tener que delegar en otros la representación de sus intereses.
Sabe el Movimiento Social que su accionar es político porque
son el sistema político y la clase
política, quienes antagonizan con sus
legítimas demandas. Ellos no son la solución sino que parte importante del
problema a solucionar. La clase política
lejos de ser aliada a la lucha de la ciudadanía es uno de los obstáculos a
vencer, principalmente por su constante afán de tragarse a los movimientos
sociales y sacar el mayor provecho en función de mantener sus cuotas de poder y
privilegios a través de los “grandes acuerdos políticos”, basados en el
realismo de lo posible.
La falta de credibilidad en la dirigencia política se debe
principalmente a que en lugar de defender los intereses de la comunidad y
representar las demandas de quienes los eligieron, como era su
obligación, una vez electos se
transforman en defensores de sus propios intereses y se esmeran por
mantener un sistema que les otorga grandes privilegios y reproducirse
una y otra
vez en los puestos o cargos alcanzados.
De que otra forma nos explicamos que Chile esté como está, carbonizado y rodeado de fuentes
altamente contaminantes, todas “dentro de la legalidad vigente”.
Detrás de cada proyecto contaminante está la huella de
Alcaldes que miran para el lado, de diputados y senadores que aprueban leyes
escuálidas y permisivas que sólo dan un
manto de legalidad a la depredación de
recursos que son de todos los chilenos y que sólo favorecen los intereses
económicos de grandes corporaciones.
Recuerdo a un Alcalde de Huasco que defendía eufórico, como quien
defiende un negocio propio, a la planta de pellet de CMP, descalificando a los olivicultores y a todos
los que denunciaban los altos grados de
contaminación.
La misma actitud mostró el derrotado Alcalde Bruzzone de
Freirina, que defiendió el proyecto de los cerdos, dándole la espalda a la ciudadanía. En lugar
de defender y proteger los intereses de la comunidad que lo eligió defendió y
protegió los intereses de una empresa que sólo ha traído perjuicios a la
comunidad y que ha dejado una parte del territorio alta y peligrosamente
contaminada.
UNIDAD DE LOS
MOVIMIENTOS SOCIALES
Los Movimientos sociales se deben entender como organizaciones permanentes y no
transitorias, como organizaciones plenamente democráticas y no como
instrumentos para cimentar carreras políticas, o salvar la imagen de partidos o
caudillos.
Los Movimientos Sociales son la base de la nueva fuerza
política que necesitará la sociedad chilena para hacer realidad los cambios
profundos, sociales, políticos y económicos, que permitan dar satisfacción a
sus justas demandas.
Todos los movimientos sociales hacen su propio camino,
levantan sus propias demandas y petitorios. Pero en la lucha por sus derechos
van descubriendo que los problemas no son aislados.
Es torcida y malintencionada la lectura de la clase política
al decir que la alta abstención de más de 7 millones de chilenos que decidieron
no votar en las municipales refleja una
“apatía e indiferencia por la política”.
Se niega la elite política
a escuchar y a entender que el no votar fue una expresión de la más alta
madurez política de una mayoría ciudadana que usó la abstención como instrumento para
decirle claramente a través de las elecciones,
que hagan las grandes transformaciones
que la ciudadanía reclama o ellos se hagan a un lado para que sea la ciudadanía
la que busque los mecanismos que den
vida a una nueva constitución política verdaderamente democrática.
LAS DIVERSAS
HIPOTESIS DE LA CLASE POLITICA
La única opción que ve la clase política, las distintas
coaliciones que controlan el poder, es
construir nuevos “Acuerdos” (Camilo Escalona), y aceptar algunas “reformas” (Carlos
Larrain) que permitan ahogar las demandas ciudadanas, mantener lo grueso del
sistema, sin dar soluciones de fondo.
Cada vez que la clase política hecha a andar lo que llaman
los “Grandes Acuerdos”, es la ciudadanía la que pierde porque terminan
consolidando el modelo neoliberal y su
institucionalidad.
Un nuevo Gran Acuerdo entre la derecha y la concertación está en marcha, un acuerdo de “gobernabilidad”
donde se imponga el “realismo político” y el “espíritu republicano” que
garantice la “estabilidad”. A ese
Acuerdo concurrirán todos los que hoy sienten amenazadas sus posiciones de
privilegio y cuotas de poder.
Acuerdo “de las fuerzas republicanas” por un lado y
represión a los movimientos sociales por otro. Cada vez que Piñera hace
referencia a las movilizaciones se refiere a “violencia”, “desorden”, “caos” y
“molotov”…
La “Ley Hinzpeter” no es más que el intento de dar un marco
de legalidad a la represión de los movimientos sociales que se prepara desde el
Gobierno como respuesta a la movilización ciudadana.
Las organizaciones sociales han dicho con justa razón que es
una nueva “ley maldita”, una forma
solapada de aplicar métodos represivos propios de una dictadura en democracia
para reprimir a los movimientos sociales.
Pero algo ya está claro: la violencia en Chile la instalan la clase política con su tozudez
y macrosordera, y el gobierno que se
niega ideológicamente a acoger las legítimas demandas sociales.
Lo menos que se espera de las actuales instituciones
políticas es que faciliten los cambios profundos que se requieren y que no sean
un obstáculo. Sólo está en ellos seguir tapándose los oídos o contribuir a
materializar los cambios que la mayoría de los chilenos demanda.
La clase política se desmorona y carece de toda
representatividad y legitimidad. Esto, y su
rechazo a las demandas transformadoras de la comunidad, la convierten, junto al modelo neoliberal y a
la institucionalidad que lo sostiene, en
un obstáculo que habrá que remover en el camino de construcción de un nuevo
modelo de sociedad.
Miguel Garay Martínez
Vallenar-Chile."
Tomado del weblog: http://mgaraym.blogspot.com
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